Romeo Arturo Molina Espinosa

Expediente 967/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
967/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Romeo Arturo Molina Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializada en Juicio Oral Mercantil, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Al efecto, se acuerda: En apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, y anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: Del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en Juicio Oral Mercantil, con sede en esta ciudad. El proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Oral Mercantil número 76/2020, del índice de la autoridad responsable, en el cual le impone multa por la cantidad de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional), con el apercibimiento de arresto administrativo por veinticuatro horas, con auxilio de la fuerza pública. La orden de girar oficio dirigido al Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, para que proceda hacer efectiva la multa por la cantidad de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional). Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializada en Juicio Oral Mercantil, con sede en esta ciudad, a la cual se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, mediante acuerdo dictado el veinticinco de octubre del año en curso, dentro de los autos del expediente 76/2020, de sus índice, tuvo al apoderado legal de Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Integrante de Grupo Financiero Banorte, exhibiendo el cheque de caja número 0040585, por la cantidad de $1,704,000.00 (un millón setecientos cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de Mario Alberto Uvence Rojas (parte actora), por concepto de cumplimiento al resolutivo tercero de la sentencia definitiva de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, quedando a su disposición para que compareciera ante ese juzgado a efecto de recogerlo; y dado que se dio cumplimiento a dicha resolución, ordenó dejar sin efecto la multa impuesta en auto de dieciocho de octubre del año en curso aplicada a Romeo Arturo Molina Espinosa (parte quejosa en el presente juicio), así como cualquier otro requerimiento o apercibimiento ordenado en dicho asunto. En ese tenor, es innegable que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo (el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Oral Mercantil número 76/2020, del índice de la autoridad responsable, en el cual le impone multa por la cantidad de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional), con el apercibimiento de arresto administrativo por veinticuatro horas, con auxilio de la fuerza pública y la orden de girar oficio dirigido al Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, para que proceda hacer efectiva la multa por la cantidad de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional), dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 967/2021 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializada en Juicio Oral Mercantil, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Al efecto, se acuerda: En apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, y anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: Del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en Juicio Oral Mercantil, con sede en esta ciudad. El proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Oral Mercantil número 76/2020, del índice de la autoridad responsable, en el cual le impone multa por la cantidad de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional), con el apercibimiento de arresto administrativo por veinticuatro horas, con auxilio de la fuerza pública. La orden de girar oficio dirigido al Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, para que proceda hacer efectiva la multa por la cantidad de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional). Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializada en Juicio Oral Mercantil, con sede en esta ciudad, a la cual se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, mediante acuerdo dictado el veinticinco de octubre del año en curso, dentro de los autos del expediente 76/2020, de sus índice, tuvo al apoderado legal de Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Integrante de Grupo Financiero Banorte, exhibiendo el cheque de caja número 0040585, por la cantidad de $1,704,000.00 (un millón setecientos cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de Mario Alberto Uvence Rojas (parte actora), por concepto de cumplimiento al resolutivo tercero de la sentencia definitiva de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, quedando a su disposición para que compareciera ante ese juzgado a efecto de recogerlo; y dado que se dio cumplimiento a dicha resolución, ordenó dejar sin efecto la multa impuesta en auto de dieciocho de octubre del año en curso aplicada a Romeo Arturo Molina Espinosa (parte quejosa en el presente juicio), así como cualquier otro requerimiento o apercibimiento ordenado en dicho asunto. En ese tenor, es innegable que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo (el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Oral Mercantil número 76/2020, del índice de la autoridad responsable, en el cual le impone multa por la cantidad de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional), con el apercibimiento de arresto administrativo por veinticuatro horas, con auxilio de la fuerza pública y la orden de girar oficio dirigido al Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, para que proceda hacer efectiva la multa por la cantidad de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional), dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Romeo Arturo Molina Espinosa, la suspensión definitiva contra el acto de la autoridad mencionada en el resultando TERCERO, en los términos y efectos precisados en el considerando CUARTO de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa las gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto, por lo que, remite la constancia de notificación efectuada a la parte actora respecto del acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se le dio vista con la información proporcionada por las dependencias administrativas en torno al domicilio del demandado, en autos del juicio de origen; escrito de cinco de octubre del año en curso, por medio del cual dio contestación a la vista y proporcionó RFC de la parte demandada DLATAM Comercializadora PURP, S.A.P.I.; y auto de veinte de octubre de este año, en el que ordenó girar oficio al Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para que proporcionara el domicilio actual del referido demandado. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.°, agréguese a los autos el oficio y anexos de mérito, asimismo, se le tiene en vías de cumplimiento. En ese tenor, REQUIÉRASE NUEVAMENTE, a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del acuse de recibo del oficio que ordenó girar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); asimismo, para el caso de que dicho instituto haya dado respuesta al requerimiento efectuado, envíe copia certificada del proveído que haya recaído a esa respuesta. Apercibidos, que de no cumplir con lo aquí ordenado o de no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, en relación con el 258, de la ley de la materia; SE LES IMPONDRÁ una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en caso de no cumplir con los lineamientos de la ejecutoria, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

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