Romeo Adín Jonapa Avendaño

Expediente 455/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
455/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Romeo Adín Jonapa Avendaño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que trascurrió el término establecido en el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, inciso a), del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Toda vez que no se advierten documentos o tomos exhibidos por alguna de las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 455/2022-VIII, promovido por Deysi Barrientos Moreno, apoderada legal de Romeo Adin Jonapa Avendaño, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Juan Carlos de León Betanzos, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. Apertura de la audiencia y relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, el Secretario en Funciones de Juez de Distrito declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes ni persona que legalmente las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que destacan: No. CONSTANCIAS 1 Escrito de demanda. 2 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. 3 Constancias de notificación a la autoridad responsable. 4 Constancias de notificación a los terceros interesados. 5 Informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME AUTO 1 Presidente de la Junta Especial número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. No es cierto 9/05/2022 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124, de la ley de la materia, se tienen por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Periodo probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO. PARTE PRUEBAS AUTO 1 La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. Copia certificada relativas al juicio laboral 649/2019, de su índice. 09/05/2022 Atento a lo anterior, el Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, por lo que se cierra esta etapa. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, haciendo constar que la parte quejosa no los expuso; y la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, no formuló pedimento; razón por la que se cierra esta fase. Por último, se certifica que no existen diligencias, promociones o pruebas pendientes de proveer o desahogar, y que el Secretario en Funciones de Juez de Distrito, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose al dictado de la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del presente juicio de amparo número 455/2022-VIII, promovido por Deysi Barrientos Moreno, apoderada legal de Romeo Adin Jonapa Avendaño, contra el acto consistente en la dilación de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen 649/2019, reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: I.- De la demanda. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y turnado el cinco de abril siguiente, Deysi Barrientos Moreno, apoderada legal de Romeo Adin Jonapa Avendaño, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto reclamado que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. II. Admisión y trámite. Por auto de siete de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; con relación al 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que la emisión del acto reclamado y su ejecución, se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de éste juzgado. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertido del análisis integral de la demanda: Del Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. La dilación de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen 649/2019. Tercero. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En consecuencia, según constancia de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, aún cuando su Presidente lo haya negado al momento de rendir su respectivo informe justificado; sin embargo de sus manifestaciones se advierte su existencia. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con la documental exhibida por la autoridad responsable en comento, consistente copia certificada de diversas documentales correspondientes al juicio laboral de origen, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, porque se trata de actuaciones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, con número de registro 394182, que es del tenor literal siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5 consultable a foja 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso concreto, de oficio, se advierte que se actualiza la causa prevista en el diverso 61, fracción XXI, del mismo cuerpo reglamentario que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y, el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. El tratadista Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1997, página 467, expresa en relación con la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo -vigente hasta el dos de abril de dos mil trece- lo siguiente: "El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción, de que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al juicio de amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Por tanto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional prevista en el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violentado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la ley de la materia, la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto base de la acción han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo al quejoso, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o al haberla irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y cuatro, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso que nos ocupa, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, debido a que el quejoso acude al juicio de amparo solicitando la protección a su derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues afirma es violentado por la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por la dilación de pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen 649/2019. En esa tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de que se trata, a las que se les concedió pleno valor probatorio en el considerando que antecede; se obtiene que el tres de mayo del año en curso, emitió un acuerdo en el que proveyó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio origen, señalando fecha y hora para el desahogo de cada una. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en el presente juicio cesó en sus efectos, en razón a que la responsable, el tres de mayo del año en curso, emitió un acuerdo en el que proveyó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio origen, actualizándose la causa de improcedencia referida, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el presente juicio. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni lo hará tampoco en forma posterior, por las razones antes precisadas. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; con apoyo en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V de esa misma legislación, procede sobreseer en el presente juicio, respecto del citado acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J.9/98, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". QUINTO.- Transparencia y acceso a la información pública y notificación por el fenómeno de salud COVID-19. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI; 63, fracción V; 73 al 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo y demás relativos, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Deysi Barrientos Moreno, apoderada legal de Romeo Adin Jonapa Avendaño, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerado segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando del presente instrumento. NOTIFÍQUESE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto; el oficio firmado criptográficamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 39/2022, con número de orden 141/2022, que se le envió para notificar y emplazar al tercero interesado Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el auto admisorio de siete de abril de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto del acuse de la comunicación de que se trata, pues el Sistema lo genera automáticamente Dése de baja en el libro de gobierno el exhorto en comento. Ahora, del análisis integral de las constancias remitidas por la autoridad de que se trata, se advierte que el tercero interesado Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; atento a lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio, en tal virtud, se ordena notificar por lista, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27 fracción II en relación con el precepto 29 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    ****** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil veintidós. I. El oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; además exhibe pruebas para acreditar su dicho. II. El estado de autos, se aprecia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo, en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, con su contenido, DÉSE vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Relaciónese en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que exhibe la autoridad responsable oficiante, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas al momento de emitirse el fallo correspondiente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace del conocimiento de las partes que para la consulta del expediente físico será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo imponerse de los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no pretenden ejercer ese derecho; sin perjuicio de que puedan realizarlos de manera verbal. En atención al punto II, para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarla por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.1 NOTIFÍQUESE POR LISTA. *****

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