Romelio Pérez Bartolón y Otros.
Expediente 274/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Romelio Pérez Bartolón y Otros.
- Romelio Pérez Bartolón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintitrés. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Dado que en el presente asunto se concedido la suspensión de plano, es conservable, una vez se haya cumplido el plazo de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda por lo que hace a dos quejosos y se desechó por lo que respecta a diversa quejosa, de conformidad con lo establecido en las Fracciones II y IV, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable y al agente de Misterio Público Adscrito y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por *******, mediante el cual manifiesta que *******, no es quejosa en el presente asunto, por las razones que expone. Se desecha demanda Como cuestión previa, es menester precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5º, fracción I, primer párrafo y 6º de la propia Ley y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra norma de la propia Ley, o bien, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, los artículos 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional, prevén el principio de parte agraviada, esto es, que el juicio solo podrá promoverlo la persona física o moral a la cual le afecte el acto o norma reclamada, en términos del citado artículo 5, fracción I, de la propia Ley, esto es, por quien se ostente titular de un derecho subjetivo vulnerado por el acto de autoridad o norma general; mientras que, la demanda puede ser promovida, por el propio agraviado, por su representante legal o por su apoderado, por su defensor en el proceso penal, incluso por cualquier persona en su nombre, en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso, no se entiende que ******* tenga la voluntad de promover demanda de amparo, esto es, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, pues la demanda de amparo no se presentó en su nombre De tal manera que no hay forma de vincular su voluntad, a la demanda; por lo tanto, la demanda amparo promovida resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo por lo que respecta a la persona de nombre *******. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de trece de marzo del año en curso, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda, por lo que hace a los quejosos de nombres *********************, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que no obra el acuse de recibo del oficio *******, dirigido al Juez Tercero de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México. Requerimiento al Servicio Postal Mexicano En consecuencia, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, para que, dentro del plazo de tres días, contado legalmente, informe a este juzgado el tratamiento que se dio al oficio *******, dirigido a la autoridad referida en el párrafo que antecede, registrado bajo el folio *******, o en su caso, remita copia certificada de la pieza postal del acuse de recibo correspondiente. Apercibido, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional ($5,187.00). Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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