Román Omar Sáenz Regalado

Expediente 825/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
825/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Román Omar Sáenz Regalado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite el expediente original del juicio de amparo 825/2019-VI y copia certificada de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, dentro del recurso de revisión penal 94/2021, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ******* contra el acto reclamado de la autoridad señalada como responsable, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, este órgano jurisdiccional califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito del quejoso *******; téngasele interponiendo recurso de revisión contra el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el término de cinco días estipulado en el artículo 98 de la Ley de Amparo a fin de que las partes interpusieran recurso de queja en contra de la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el quejoso, feneció sin que lo hayan recurrido, por lo que, se decreta que dicha resolución ha causado estado, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Ahora, en la referida resolución incidental se resolvió lo siguiente: PRIMERO. Es fundado el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por *******, en términos del último considerando de la presente resolución. SEGUNDO. Se deja insubsistente la notificación de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, realizada al quejoso por conducto de su asesora jurídica *******, así como las actuaciones emitidas con posterioridad a la misma, incluyendo el auto en el que causa ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. TERCERO. Una vez que cause estado la presente determinación, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin de que notifique en forma personal tanto a *******, en el centro de reclusión respectivo, como a su asesora jurídica, la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo. En el entendido de que la mencionada diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realice la notificación y del directamente agraviado. Por tanto, notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su asesora jurídica la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo; lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. En el entendido de que la mencionada diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realice la notificación y del directamente agraviado. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al quejoso y a su asesora jurídica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; once de marzo de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del incidente de nulidad de notificaciones relativo al juicio de amparo 825/2019-VI, y; Resultando PRIMERO. Mediante escrito recibido en oficialía de partes de este juzgado, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, *******, promovió incidente de nulidad de notificaciones, contra la notificación de la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de nulidad de notificaciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Transcurrido el plazo anterior, se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo de acuerdo con el acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente incidente, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Antecedentes. Previo a analizar los argumentos propuestos en el presente incidente de nulidad de notificaciones conviene relacionar los antecedentes que lo originaron, que se desprenden de las constancias que integran el presente juicio de amparo, de las que se advierte lo siguiente: El once de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnada en esa misma data a este juzgado, la demanda promovida por *******. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 825/2019-VI y se requirió a la parte quejosa para que manifestara si ratificaba el contenido y firma del escrito inicial de demanda; una vez hecho lo anterior, en auto de catorce de noviembre siguiente, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El quince de octubre de dos mil veinte, en atención a que el quejoso *******, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad; se requirió al titular del Instituto de Defensoría Pública del Estado, para que designara un defensor público que asesorara al directamente agraviado. El veintidós de octubre de dos mil veinte. se agregó a los autos el oficio *******, signado por el Coordinador Regional del Instituto de la Defensoría Pública del Distrito Judicial Bravos y Galeana, mediante el cual informó que se designó a la licenciada *******, Defensora Pública del Estado, a fin de que representara al aquí quejoso *******, en el juicio en que se actúa; por tanto, se hizo del conocimiento de la citada profesionista, el nombramiento recaído en su persona, a fin de que de inmediato entrara en función del cargo conferido. En la audiencia constitucional celebrada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se resolvió sobreseer en el juicio de amparo 825/2019- VI, promovido por *******. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, la suscrita Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, hizo constar que a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en sentencia dictada en el juicio de amparo 825/2019-VI, y con motivo de las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de evitar el contagio de la enfermedad coronavirus (COVID-19), notificó vía correo electrónico a las partes, de la siguiente manera: Partes en el juicio de amparo Correo electrónico LIC. *******, ASESORA DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO DEL ESTADO. *******; (confirmado por la misma vía 07/12/2020) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO *******; (confirmado vía telefónica el 08/12/2020) ******* CUARTA SALA PENAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (AUTORIDAD RESPONSABLE) *******; *******; (confirmado por la misma vía 07/12/2020) TERCERO. Estudio del incidente de nulidad de notificación. Narrados los antecedentes pertinentes al caso, se procede a analizar los argumentos propuestos en el presente incidente de nulidad de notificación. El incidentista manifiesta, en esencia, que no se le notificó personalmente la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, y que por tal motivo no estuvo en posibilidad de impugnarla. Lo alegado por el incidentista resulta esencialmente fundado. Para evidenciar el anterior aserto, resulta conveniente tener en consideración lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, que en lo conducente, establece: Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; . Del precepto normativo trascrito con antelación se desprende que las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones. Al respecto, conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial. De ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable. En el caso, la notificación de la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se realizó vía correo electrónico por conducto de la Actuaria Judicial de adscripción, únicamente a la licenciada *******, Defensora Pública del Estado, como representante del aquí quejoso *******, en el juicio en que se actúa; mismo que fue confirmado de recibido el siete de diciembre de dos mil veinte. En ese contexto, como indica el promovente, la notificación de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, no fue practicada conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; lo anterior, sin que se advierta que la actuación de la actuaria haya existido mala fe al practicar la notificación, sino a la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa. En tales condiciones, lo procedente es declarar fundado el presente incidente de nulidad de notificaciones y, como consecuencia, se deberá dejar insubsistente la notificación de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, realizada al quejoso por conducto de su asesora jurídica, así como las actuaciones emitidas con posterioridad a la misma, incluyendo el auto en el que causa ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. Ilustra lo antes expuesto la tesis (II Región)1o.4 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2657, que dice: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable. Ahora, toda vez que del estado que guardan los presentes autos se advierte que el quejoso, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción social Estatal número 3, en esta ciudad, una vez que cause estado la presente determinación, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin de que notifique en forma personal tanto a *******, en el centro de reclusión respectivo, como a su asesora jurídica, la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo. En el entendido de que la mencionada diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realice la notificación y del directamente agraviado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Es fundado el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por *******, en términos del último considerando de la presente resolución. SEGUNDO. Se deja insubsistente la notificación de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, realizada al quejoso por conducto de su asesora jurídica *******, así como las actuaciones emitidas con posterioridad a la misma, incluyendo el auto en el que causa ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. TERCERO. Una vez que cause estado la presente determinación, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin de que notifique en forma personal tanto a *******, en el centro de reclusión respectivo, como a su asesora jurídica, la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo. En el entendido de que la mencionada diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realice la notificación y del directamente agraviado. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente al quejoso. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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