Roman Posadas Lopez
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Roman Posadas Lopez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio del Actuario del Juzgado Décimo en Materia Civil en la Ciudad de México por medio del cual informa que el pasado dieciocho de agosto de la presente anualidad, se ordenó la devolución de la comunicación oficial remitida por este juzgado de distrito; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento toda vez que por auto de dos de septiembre del año en curso, se tuvo por recibida la comunicación de mérito y causo estado el desechamiento pronunciado en el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 192/2021 del índice de su adscripción, formado con motivo del diverso 318/2021, sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que el sistema lo genera de manera automática; de lo que este juzgador toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes; por lo que, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos en que se actúa, para su correcta integración. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 621/2021 Ahora bien, vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Román Posadas López, haya recurrido el auto de cinco de julio del dos mil veintiuno por medio el cual se desechó la demanda de amparo, por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 621/2021 de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se desprende que el cinco de julio de dos mil veintiuno, se giró exhorto a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que notificara dicho auto a la parte quejosa, y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que la comunicación oficial le fue turnada al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; en consecuencia, solicítese al homologo federal, que de no existir inconveniente alguno informe a este juzgado federal el estado procesal que guarda el emplazamiento referido, lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 621/2021 Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Román Posadas López, por propio derecho, contra actos que reclama del Juzgado Séptimo de lo Familiar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 621/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Ahora, en el caso a estudio el acto reclamado es el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 650/2021 de violencia familiar promovido por Alejandra Lara Bernal en contra del quejoso, en el que se dictaron medidas de protección en el sentido de ordenar al gobernado presunto generador de violencia que al momento de ser emplazado saliera del domicilio ubicado en calle Pirul Cinco Guión "B" 5-B, Exhacienda de San Miguel, Cuautitlán Izcalli, Estado de México; acercarse a menos de doscientos metros de cualquier lugar en el que estuviera la actora; y respetara la integridad de dicha persona y de su menor hijas; por lo que se advierte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuyo texto a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Además, la interposición del recurso ordinario contemplado en la ley que regula el acto reclamado no es una potestad del gobernado, contrario a eso, para incoar su pretensión en el juicio biinstancial está obligado a tramitarlo. Orienta, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 170455, tesis 1a./J 148/2007, visible en la página 355, Tomo XXVII, Enero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Primer tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 918107, tesis 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa legal contra dicho acto y que por virtud de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 650/2021 de violencia familiar promovido por Alejandra Lara Bernal en contra del quejoso, en el que se dictaron medidas de protección en el sentido de ordenar al gobernado presunto generador de violencia que al momento de ser emplazado saliera del domicilio ubicado en calle Pirul Cinco Guión "B" 5-B, Exhacienda de San Miguel, Cuautitlán Izcalli, Estado de México; acercarse a menos de doscientos metros de cualquier lugar en el que estuviera la actora; y respetara la integridad de dicha persona y de su menor hijas; como ya se dijo, la parte quejosa estaba obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede el recurso de apelación contemplado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Ahora, para demostrar la actualización de la improcedencia en estudio, se analizarán los supuestos que la integran. a) Que el acto reclamado emane de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En el caso, se actualiza, porque el acto reclamado se atribuye al Juzgado Séptimo Familiar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; autoridad que evidentemente forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. b) Que la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa legal contra dicho acto. En el caso se actualiza, porque el acto reclamado, es susceptible de ser impugnado mediante el recurso de apelación, pues con dicho medio ordinario estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate. Esto, en términos de los artículos 2.360, relativo al 2.355, 2355. Bis y 2.355 Quinquies, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Para corroborar lo anterior, se reproduce el contenido de los referidos preceptos legales. Artículo 2.360.- Son apelables, sin efecto suspensivo, las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código. Artículo 2.355. Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a su juicio, el juez dictará las medidas de protección que podrán ser: I. De emergencia. II. De protección preventiva. III. De naturaleza civil. Artículo 2.355 Bis. Son medidas de protección de emergencia las siguientes: I. Desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. II. Prohibición al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y de los ascendientes y descendientes, o cualquier otro que frecuente la víctima. III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. IV. Autorizar al receptor de violencia o víctima un domicilio diferente de aquél en el que se genera la violencia, si así lo solicita. V. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Artículo 2.355 Quinquies. Son medidas de protección de naturaleza civil, las siguientes: I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, resolviendo inmediatamente lo relativo a la custodia provisional tratándose de niñas, niños y adolescentes. II. Prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el Instituto de la Función Registral del Estado de México en cada caso. III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, por el tiempo que dure el procedimiento. IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en los lugares en los que se conozca que tienen bienes, a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias. V. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. VI. Orden de pago de la obligación alimenticia, en forma provisional e inmediata, a cargo del agresor a favor de la víctima y las y los hijos, en caso de existir. VII. Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de seguridad pública de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. VIII. Las demás que considere necesarias. De lo transcrito, se colige que en contra del acto reclamado -medidas de protección- procede en recurso de apelación que podría tener efectos de modificar o revocarlo. Aunado a lo anterior, en el caso en estudio, no se actualizada ninguna excepción a la causal contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que el quejoso no se vea obligado a agotar el referido juicio de nulidad. Como casos de excepción, se indican los siguientes: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Así, tocante a las excepciones relativas a los puntos 1) y 2), en el caso, no se actualizan, toda vez que el acto reclamado, es respecto a las medidas de protección dictadas en un asunto de controversia de violencia familiar. Asimismo, referente al punto 3), en el caso, no se establece dicho supuesto; en la inteligencia de que el solicitante del amparo es parte en el juicio del cual deriva el acto reclamado; tan es así, que de conformidad con lo manifestado por el propio quejoso, el nueve de junio de este año fue notificado del acto reclamado. Finalmente, en lo que versa el punto 4), en el presente asunto, no se actualiza, porque los actos reclamados, se encuentra fundamentado en el Código de Procedimientos Civiles, del Estado de México y su interpretación no genera confusión o incertidumbre jurídica. En complemento a lo anterior, se estima que aun cuando el acto reclamado constituyera uno de imposible reparación para la parte quejosa, esa irreparabilidad y el principio de definitividad son dos presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio biinstancial. Lo irreparable deviene de la especial trascendencia en la esfera jurídica del gobernado por la afectación que implica a un derecho sustantivo. La regla de definitividad constriñe al quejoso de agotar, previamente la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2017117, tesis P./J. 11/2018 (10a.), visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estima: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, es oportuno precisar que no se soslaya el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se actualiza una excepción al principio de definitividad cuando en el juicio de origen se encuentre involucrado un menor de edad y el recurso que corresponda no admita la suspensión del acto reclamado, el que además deberá contemplar por lo menos, los términos señalados en la Ley de Amparo para su efectividad. En el mismo estudio, se señala que la naturaleza jurídica de tal determinación tiene sustento en el otorgamiento de una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Dicho estudio se ve reflejado en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004677, tesis 1a./J. 77/2013 (10a.), visible en la página 990, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Sin embargo, en el caso ese criterio es inaplicable, ya que, si bien es cierto se encuentra involucrada una menor de edad, también resulta evidente que el otorgamiento de una medida de protección a su favor - que es la medida de protección que reclama el quejoso - beneficia y protege los derechos humanos de la niña; contrario a eso, en caso de insistir en la actualización de una excepción al principio de definitividad y admitir la demanda a trámite y proveer respecto a la suspensión solicitada por el quejoso, entonces de forma directa se estaría colocando a esa menor en estado de vulnerabilidad. En consecuencia, en el supuesto que nos ocupa no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, aun cuando en el juicio de origen se encuentre involucrada una menor de edad. Sustentando lo dicho, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, registro 2005039, tesis 1a./J.113/2013 (10a.), visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I de la misma publicación, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso. No ha lugar a tener como domicilio el que señala en el escrito de demanda ubicado en calle Lago Fontana, número 28, colonia Argentina Poniente, código postal 11230, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, debido a que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por lo que se le requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione uno dentro de la residencia de este órgano, apercibido que de no hacerlo se le harán las subsecuentes por medio de lista, incluso las de carácter persona. En ese sentido, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio del quejoso Román Posadas López, y proceda a notificarle de manera personal la presente determinación, en el domicilio ubicado en calle Lago Fontana, número 28, colonia Argentina Poniente, código postal 11230, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene su devolución. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados Por cuanto hace a los profesionistas y demás personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, los primeros hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Integración de las constancias de notificación al expediente electrónico. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes, para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.mesa 1
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