Roman Ahakatl Guemes Baez

Expediente 525/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
525/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Roman Ahakatl Guemes Baez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de junio de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución de treinta de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada en el conflicto competencial penal 25/2023, suscitado entre la titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz y este órgano Jurisdiccional, en el que resolvió lo siguiente: "R E S U E L V E PRIMERO. Se declara que no hay conflicto competencial y se devuelven los autos a la titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, a quien corresponde regularizar el trámite del procedimiento relativo al escrito de ampliación de demanda condigna, presentado por el quejoso, en los términos anotados en el considerando último de esta ejecutoria. SEGUNDO. Remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para su conocimiento." Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 19, fracción I, Inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de SEIS MESES. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Electrónica

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículo 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos la determinación de veinticuatro de mayo del año en curso, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del que se advierte que radicó y admitió el conflicto competencial planteado por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama y este Juzgado, el cual quedó registrado como conflicto competencial 25/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el contenido del auto emitido el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, remitido por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz; por medio del cual, remite copias certificadas del expediente 45/2023, relativa al escrito de ampliación de demanda promovida por **********, decreta la separación de juicios y, asimismo, considera carecer de competencia por razón de territorio para conocer de la referida ampliación. Formúlese acuse de recibo. Consideraciones previas. Ahora bien, del contenido del sumario 45/2023, del que se desprende que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, estimó que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37, de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados en vía de ampliación que deriven de la carpeta de investigación **********, en virtud del lugar en donde reside la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo, Valle de México, OCRA, Ecatepec de Morelos, Estado de México. En primer lugar, cabe destacar que los actos reclamados en la ampliación en estudio y el escrito aclaratorio respectivo, consisten en los siguientes: Ampliación de demanda Escrito Aclaratorio El acuerdo de fecha 15 de marzo de 2023 y por la cual **********, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, OCRA Ecatepec, Acuerda la radicación de nueva cuenta de la carpeta de investigación NUC ********** , así como su reapertura con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para la devolución de los vehículos relacionados con los hechos que se investigan. Acuerdo del cual no se aprecia respuesta en sentido positivo o negativo respecto de la petición que se realizara por mi persona en fecha 3 de noviembre de 2022. La omisión de dar respuesta a su escrito de tres de noviembre de dos mil veintidós presentado en la carpeta de investigación ********** . En efecto, tal y como lo sostuvo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 17/2019, el derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor público esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Así el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso. De ahí que, si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. Apoya lo anterior, en lo que interesa, la tesis VI.1o.A. J/49, que se comparte sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2689, Tomo XXXI, Febrero de 2010, registro número 165204, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO". Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examine la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de lo que se advierte que si bien, en el caso, el acto reclamado es un acto positivo, éste no tiene ejecución material, ni por el momento, puesto que, la respuesta dada por la autoridad ministerial, no entraña principio de ejecución por sí mismo. En ese contexto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio adoptado por la autoridad declinante en atención a que el acto reclamado carece de ejecución material, por tanto es competencia del juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Lo anterior es así, porque el quejoso reclamó la omisión de dar respuesta a su escrito de tres de noviembre de dos mil veintidós, y que como resultado de la omisión se haya dictado el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, de ahí que, tomando en cuenta que lo reclamado al momento de la presentación de la ampliación de la demanda no requiere ejecución material, por lo cual es aplicable literalmente la regla contenida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. [.] Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En efecto, en el acto reclamado la omisión de dar respuesta a su escrito de tres de noviembre de dos mil veintidós, y que como resultado de la omisión se emitió el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, acto que por su naturaleza no contiene una ejecución material, sino un pronunciamiento meramente omisivo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, por si mismos, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material. En ese orden, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo ya enunciado -que refiere a los actos que carecen de ejecución material-, se finca competencia al juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, que en este caso es el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, ya que el quejoso promovió demanda de amparo, que fue presentada precisamente ante la Oficialía de Partes de su jurisdicción. Lo expresado tiene sustento en las consideraciones emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de siete de febrero de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, en la que -luego de analizar el texto del artículo 36 de la anterior Ley de Amparo (que era el que preveía las reglas de competencia para los jueces de Distrito) vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; así como el proceso legislativo que dio lugar a la emisión de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en específico lo relacionado con el artículo 37 de dicho ordenamiento (que sirve de fundamento a ésta resolución)-, determinó que: "(.) la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en el precepto normativo estudiado; de ahí que con independencia de las primeras propuestas contenidas en las iniciativas de que se trata, el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático teleológico o lógico o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador. Lo anterior tiene justificación también en que al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los jueces;(.)"1. De la transcripción anterior se desprende claramente que la aplicación del artículo 37 de la Ley de Amparo debe ser conforme a la letra, o sea, textualmente. Por tanto, si en este caso concreto está evidenciado que el acto reclamado no tiene ejecución material, sólo queda determinar que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Para mayor ilustración se reproduce el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) 2, que surgió precisamente de la contradicción de tesis 389/2013, antes aludida y dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, el suscrito estima que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********; en consecuencia, no se acepta la incompetencia por razón de territorio planteada. Cuaderno de antecedentes. En consecuencia, previa integración del cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, mediante oficio, remítase el presente juicio de amparo, al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz con sede en Villa Aldama, para los efectos legales conducentes, solicitando de aquella autoridad el acuse de recibo correspondiente. Sin que obste que realizó la separación de juicios en el expediente 45/2023, al determinar que no existía relación con el escrito inicial de demanda y la ampliación -materia de la littis del presente asunto-; sin embargo el homólogo se pronunció respecto a la competencia por razón de territorio es por ello que como se ha indicado se estima que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, es competente para conocer de la ampliación de demanda de amparo; independientemente del trámite administrativo conducente para tal efecto. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "**********" Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR."3. Sin que pase desapercibido para el suscrito que el quejoso señaló los estrados del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia de Villa Aldama, en turno, sin embargo de las copias certificadas que remite la autoridad remitente se advierte un usuario el cual fue señalado en su escrito inicial de demanda como domicilio para recibir notificaciones y atención a ello se acordó lo anterior. Exhortación a las partes para la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.4 Notifíquese vía electrónica al quejoso.

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