Roman Muñoz Calva

Expediente 518/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
518/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Roman Muñoz Calva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de mayo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los tomos formados con las constancias del expediente 358/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y el toca civil de queja 317/2020, que fueron remitidos como apoyo al informe justificado. Finalmente, devuélvase al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, la copia del expediente 358/2019, relativo al Juicio de Filiación y Reconocimiento de la Paternidad, así como la copia certificada del cuaderno de pruebas de la parte demandada, deducido del referido expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 518/2021-II, promovido por Román Muñoz Calva, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno y turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Román Muñoz Calva, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- AUTORIDAD ORDENADORA.- La Sala Civil-Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. b).- AUTORIDAD EJECUTORA.- El Juez del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala. IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la resolución dictada por la Sala Civil-Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, y notificada en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, dentro del toca de queja 317/2020-Q, mediante el cual modifica el acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 358/2019, relativo al juicio ordinario de filiación y reconocimiento de paternidad, promovido por María margarita Flores Lezama en representación de la adolescente de identidad reservada e identificada con las iniciales J.F:L. en contra del suscrito Román Muñoz Calva". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violó en perjuicio de su representado los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, de dicha demanda tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la radicó bajo el número 518/2021-II y la admitió a trámite, se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete, se ordenó emplazar a la tercera interesada y señaló fecha para la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto emitido por un Tribunal Judicial dentro de juicio, que refiere le causa un agravio de imposible reparación. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y de la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, lo siguiente: La resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, dentro del toca de queja 317/2020-Q, mediante el cual modifica el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 358/2019, del índice del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, no rindió su informe justificado, pues solamente manifestó la imposibilidad para rendirlo por no contar con los autos del juicio de origen; sin embargo, de constancias remitidas por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se advierte que no intervino en el dictado del acto reclamado y el mismo carece de ejecución material, motivo por el cual, se debe tener por inexistente el acto a ésta reclamado. En tal contexto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado (foja 20), aceptó la existencia del acto reclamado; de ahí que se deba considerar cierto el acto que se les reclama. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". QUINTO. Oportunidad. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender en primer lugar a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto, debe indicarse que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el cuatro de junio de dos mil veintiuno (foja 55 del toca de queja); actuación que surtió efectos el mismo día, de conformidad con el numeral 111 del Código de Procedimientos Civil del Estado de Tlaxcala. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del siete al veinticinco de junio de dos mil veintiuno, sin contar los días doce, trece, diecinueve y veinte de junio del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que, si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días; tal y como se demuestra en las siguientes tablas: JUNIO DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 4 Notificación y surte efectos 5 6 7 Comienza plazo 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Presentación de la demanda 18 19 20 21 22 23 24 25 Fenece término 26 SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la parte tercera interesada sostuvo que se actualizaba la causa de improcedencia que surge de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en razón de que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación para el quejoso. Dicha causa de improcedencia deviene infundada. Sobre los actos cuyos efectos son de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo material afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el caso, contrario a lo afirmado por la tercera interesada, el acto reclamado sí es de aquellos que pueden producir una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues los efectos que produce la resolución reclamada es dar oportunidad a la tercera interesada de proponer un nuevo perito para desahogar nuevamente la prueba pericial en materia de genética, esto es, permitirá un nuevo desahogo de la prueba pericial (ahora con el perito de la tercera interesada), para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, lo que implicaría una nueva toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico). De ahí, que contrario a lo afirmado por la parte quejosa, el acto reclamado sí cause perjuicios de imposible reparación; por lo que deviene infundada la causa de improcedencia invocada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 17/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 88, Registro digital 184431, del siguiente rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano." Por tanto, al resultar infundada la causa de improcedencia invocada y no advertir de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas, se procederá al estudio de fondo a la luz de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer. Consideraciones previas. De acuerdo con la máxima establecida en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el estudio de la legalidad del acto reclamado se realizará con base en las constancias que, como apoyo a su informe, remitió la responsable, consistentes en copias certificadas del toca de queja 317/2020 y del expediente 358/2019, de la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. En atención al principio de estricto derecho, el estudio del acto reclamado y los conceptos de violación se realizará con sujeción a los planteamientos de la parte quejosa, salvo que se actualice algún supuesto que autorice suplir la queja deficiente en términos del artículo 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo. El criterio adoptado en esta resolución atenderá también a los postulados de protección de los derechos humanos previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que en la interpretación de las normas se favorecerá en todo tiempo la protección más amplia de las personas; lo que tratará de compatibilizarse con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Cabe indicar que el acto reclamado deriva de un procedimiento del orden familiar, en el que se encuentran involucrados menores. Ante ello, también debe tenerse presente la protección que el orden constitucional y los tratados internacionales dan a los derechos de los menores e incapaces. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/2006, estableció que en materia familiar, una misma intervención pública puede afectar, al mismo tiempo, los derechos del niño, de los padres, así como a las instituciones de la familia y la patria potestad, dependiendo las circunstancias del caso; por ello, el criterio interpretativo de los derechos fundamentales llamado pro libertate o pro homine, aplicado en abstracto, puede llegar a resultar poco útil para resolver conflictos en el ámbito familiar, habida cuenta que su resolución en un determinado sentido puede beneficiar a un individuo (padre o madre y/o niño), pero perjudicar automáticamente el nivel de protección de los derechos de otro individuo (padre o madre y/o niño). Así también, el criterio interpretativo de los derechos fundamentales dirigido a favorecer el interés superior del niño, aplicado en abstracto, puede resultar un criterio muy indeterminado. De tal manera que la definición de los niveles de protección de los derechos en materia familiar se hace depender, en gran medida, de las circunstancias del caso concreto, sin que ello implique desconocer la existencia de un núcleo inafectable e irreductible, que no puede ser traspasado por medidas normativas (generales) arbitrarias e injustificadas tendentes a afectar su contenido. Por tanto, el conflicto debe resolverse a partir de criterios de ponderación de carácter concreto. Para mejor comprensión del sentido que se da a este fallo, a manera general de antecedentes del acto reclamado, se señala lo siguiente: Mediante escrito de quince de abril de dos mil diecinueve, María Margarita Flores Lezama promovió juicio de filiación y reconocimiento de la paternidad en contra de Román Muñoz Calva (fojas 26 a 29 del juicio de amparo). Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc admitió a trámite la demanda con el número 358/2019 y ordenó emplazar al demandado (fojas 31 y 32 ibídem). Seguido el procedimiento correspondiente, mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veinte, el actor Román Muñoz Calva ofreció la prueba pericial científica de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (fojas 1 a 2 del tomo de pruebas I). Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se admitió la prueba mencionada, ordenado dar vista a la parte actora (foja 5 ibídem). El diez de febrero de dos mil veinte, el perito propuesto por la parte demandada aceptó y protestó el cargo conferido (foja 7 ídem). Por escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte, María Margarita Flores Lezama ofreció como perito de su parte a Cinthia Pérez Lara y por proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte se le requirió para que compareciera a protestar el cargo (fojas 9 y 10 íd). El veinticinco de febrero de dos mil veinte, la perito Cinthia Pérez Lara aceptó y protestó el cargo conferido (foja 12 ibíd). Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se señaló fecha para la toma de muestras y el dieciocho de marzo del mismo año se certificó la incomparecencia de la perito propuesta por la parte actora (fojas 16 a 18 ib). Por proveído de dieciocho de marzo de dos mil veinte, se tuvo por justificada la inasistencia de la perito y se señaló nueva fecha para la recolección de fluidos (foja 26 ibídem). El once de septiembre de dos mil veinte, la actora presentó un escrito en el que solicitaba se nombrara como nuevo perito de su parte al profesionista Oliver Kevin Reyes Hernández, en sustitución de la nombrada primeramente, sin que se advierta en autos y en los antecedentes expuestos por la responsable en la resolución reclamada ningún proveído donde se acordara (foja 34 ídem). El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte se certificó la incomparecencia de la parte actora, su perito y la menor; de igual manera, en la misma fecha la actora presentó un nuevo escrito solicitando se acordara el escrito referido en el párrafo que antecede (fojas 29 y 33 íd). Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc proveyó que se debía estar a lo acordado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte (no se advierte en autos ni en los antecedentes expuestos por la responsable el mencionado proveído) [foja 56 ibíd]. Por escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte, el demandado Román Muñoz Calva solicitó, en lo que aquí interesa, se tuviera por perdido el derecho de la parte actora y desierta la prueba pericial de su parte (fojas 58 y 59 ib). Por proveído de tres de noviembre de dos mil veinte se acordó el escrito señalado en el párrafo que precede, acordando tener por precluido el derecho de la parte actora para presentar a la perito Cinthia Pérez Lara (fojas 60 y 61 ibídem). Inconforme con dicha determinación, la actora María Margarita Flores Lezama interpuso recurso de queja (fojas 4 a 9 del toca civil 317/2020). Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte se admitió el recurso (fojas 40 y 41 ídem). El dos de junio de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de queja, modificando el acuerdo recurrido (fojas 46 a 54 íd). Acto reclamado. Por otro lado, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno se realizó la diligencia de toma de muestras, únicamente con el perito de la parte demandada (foja 68 y 69 ibíd). Asimismo, por acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el dictamen pericial por parte del experto propuesto por la parte demandada (fojas 75 y 76 ib). -Hasta aquí los antecedentes- Para una mayor claridad del sentido de la presente resolución, se debe precisar que las consideraciones que sustentaron el acto reclamado son, en síntesis, las siguientes: En primer término, la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala indicó que de los agravios se advertía que la recurrente argumentó que le causaba agravio que la A quo tenga por precluido su derecho a presentar a la perito química farmacobióloga Cinthia Pérez Lara y tenerla por conforme con el dictamen que emita en su momento el perito designado por el demandado, pues la A quo no fundó ni motivó su determinación para tenerle por precluido su derecho, aunado a que el auto hace referencia a María Margarita Flores Lezama, quien actúa en representación de su menor hija y no por derecho propio; asimismo, que a través de la promoción de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, solicitó que ante la incomparecencia de la perito, porque no se había desahogado la prueba pericial, resultaba procedente nombrar nuevo especialista, señalando su nombre pero la A quo declaró por precluido su derecho a pesar de que los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y debe atender al interés superior de los menores. Luego, la Sala responsable precisó que para analizar dichos motivos de inconformidad era necesario reproducir los antecedentes del asunto (los que precisó en seguida). En seguida precisó que la actora promovió en representación de la menor de iniciales J. F. L., la acción de filiación y reconocimiento de paternidad en contra de Román Muñoz Calva, ofreciendo como pruebas para acreditar su acción, entre otras, la pericial científica de genética molecular del ácido desoxirribonucleico, la cual fue admitida por la A quo, sin embargo, a pesar de haber comparecido aceptar y protestar el cargo la perito, según diligencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte, no se desahogó en virtud de la falta de comparecencia de la perito de la actora en dos ocasiones en que se había señalado fecha y hora para el desahogo de esta prueba. Luego indicó que, a su consideración, los agravios formulados por la recurrente eran fundados, por las razones siguientes: En primer orden, destacó que el procedimiento versa sobre cuestiones de orden familiar, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 1387 y 1395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, es decir, que esos procedimientos son de orden público y la A quo tomará en consideración preferente y primordial el interés de los menores, el interés de la actora y por último el interés del demandado (citó los artículos mencionados). Luego, precisó que el análisis del asunto se efectúa en el marco de las disposiciones referidas, por lo que, por tratarse de un asunto de orden familiar, tales procedimientos son de orden público, por tanto, es obligación de la A quo verificar que los actos del procedimiento se ajusten a las disposiciones legales que los rigen. Bajo ese contexto, indicó que la parte interesada puede hacer valer cualquier violación sustancial al procedimiento en cualquier etapa porque son de orden público, ya que las disposiciones jurídicas no han establecido algún límite temporal para que sean invocadas; aunado a que, la A quo debe tomar en consideración preferente y primordialmente el interés de los hijos menores integrantes de la familia de los interesados. Precisó que si no hubiere menores en esta familia, se atendería al interés de ella, sobre el de los individuos que la forman y, por último, al interés particular de éstos; situación que en la especie consideró actualizada, ya que se encuentran inmersos los derechos o interés de una menor de edad. En seguida, consideró que en materia familiar no opera la preclusión con el mismo rigor que en la materia civil, atendiendo a que tiene por objeto encontrar la verdad real, en aras de una impartición de justicia completa, máxime que en el presente caso concreto se encuentran inmersos derechos de una menor de edad. Estimó que por las razones expresadas eran fundados los agravios de la recurrente pues se advertía que la actora ofreció como parte de su acervo probatorio en tiempo y forma la prueba pericial científica de genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), la cual fue admitida inclusive la perito aceptó y protestó el cargo, sin embargo, no se llevó a cabo su desahogo por la falta de comparecencia de la perito en dos ocasiones en la fecha y hora señalada para tal efecto, es decir, por una causa ajena a la oferente. En el mismo sentido, señaló que el once de septiembre de dos mil veinte, la actora presentó promoción solicitando se le permitiera nombrar un nuevo perito en los mismos términos en que se tuvo por admitida la prueba pericial en genética molecular, designando al Licenciado Oliver Kevin Reyes Hernández, con número de cédula profesional 6714377, y de Licenciado Químico Farmacobiólogo, con una Maestría en Ciencias (Microbiología) con número de cédula profesional 7721368; asimismo, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, previo desahogo de la prueba pericial, la actora presentó promoción solicitando se le permitiera nombrar un nuevo perito en genética molecular y adjunta el acuse de su promoción de once de septiembre de dos mil veinte, con petición en el mismo sentido. Refirió también que la A quo dictó auto el tres de noviembre de dos mil veinte, en el que acordó una promoción del demandado, que con relación a la prueba pericial tiene por precluido el derecho de la actora a presentar a la perito Química Farmacobióloga Cinthia Pérez Lara, y en todo caso, a tener por conforme con el dictamen que emita en su momento el perito designado por el demandado. Luego, indicó que si la actora presentó una promoción designando un nuevo perito y el asunto se trata de un procedimiento en materia familiar, cuyo bien jurídico que se busca tutelar son los derechos de una menor de edad, que debe privilegiar el interés superior de ésta; en tales circunstancias y atendiendo al orden público de los procedimientos en materia familiar, la A quo estaba en condiciones de proveer de conformidad la solicitud de la actora. Invocó como apoyo la jurisprudencia con número de registro 2020401, del siguiente rubro y contenido: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." En ese orden de ideas, destacó que la designación de un nuevo perito se efectuó cuando la perito designada en un primer momento, no había rendido su dictamen; razón por la cual, el procedimiento no se veía afectado en cuanto a una desigualdad procesal de las partes, ya que en este caso concreto, ambas partes estaban en condiciones de desahogar la prueba pericial para acreditar lo que a su interés convenga en relación a los hechos materia de la litis. Aplicó por analogía la tesis aislada con número de registro 179221, cuyo rubro y texto dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. ES VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DE PERITO, MIENTRAS EL PROPUESTO NO RINDA SU DICTAMEN. El deber de los peritos de aceptar y protestar el fiel desempeño de su cargo con arreglo a la ley, contenido en el artículo 347, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal constituye una formalidad esencial para el desahogo de la prueba pericial, que trae consigo el perfeccionamiento de su designación y el aseguramiento de la certeza jurídica del desempeño de su labor; por tanto, si el perito que se nombró al ofrecer la prueba, se constituyó ante el juzgador para aceptar y protestar el cargo conferido y con posterioridad el oferente solicita que sea sustituido por así convenir a sus intereses, cuando aquél aún no rinde su dictamen, es válida la sustitución del perito, porque la ley procesal para el Distrito Federal no lo prohíbe, y también debido a que la prueba pericial queda totalmente desahogada hasta que se rinde el dictamen respectivo, además de que al aceptarse tal sustitución se salvaguarda el equilibrio procesal que debe existir entre las partes al no afectarse a la contraparte en sus intereses jurídicos." Sostuvo que del criterio referido se advierte la posibilidad de la sustitución de perito mientras no haya rendido su dictamen, supuesto que actualizaba el presente caso concreto, por lo tanto, consideró fundado el agravio de la recurrente, en el sentido de que es contrario a derecho que la A quo haya declarado precluido su derecho a designar perito. Por último, destacó que atendiendo a la naturaleza de la acción materia de la litis, la prueba pericial es fundamental para determinar la filiación y reconocimiento de paternidad, así como los derechos y obligaciones inherentes a ésta. Por lo que consideraba que constituye una violación procesal sustancial el tener por precluido el derecho de la actora para presentar a la perito designada, toda vez que, por causas no imputables a ésta, no fue posible que se presentara la perito al desahogo de esta prueba, no obstante que solicitó el nombramiento de un nuevo perito, sin que la A quo haya proveído de conformidad su petición, lo que coloca a la oferente en un estado de indefensión al vulnerarse la formalidad esencial del procedimiento consistente en el derecho a desahogar pruebas, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, consideró que se debía modificar el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado por la Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en los autos del expediente 358/2019 para quedar como sigue: "CIUDAD JUDICIAL, APIZACO, TLAXCALA, A TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. Dada cuenta a la Ciudadana Juez con el escrito de ROMÁN MUÑOZ CALVA, y visto su contenido SE ACORDÓ: Como lo solicita el promovente ROMÁN MUÑOZ CALVA, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 345, 350, 352 y 356 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; de nueva cuenta se procede a señalar las NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial en genética molecular, a la que deberá comparecer MARÍA MARGARITA FLORES LEZAMA, debiendo traer a la adolescente de identidad reservada e identificada con las iniciales J. F. L. , debiendo para tal efecto estar presente el ocursante ROMÁN MUÑOZ CALVA, precisando que tanto al adolescente como ROMÁN MUÑOZ CALVA, deben asistir en ayunas, probanza que versará conforme al cuestionario de puntos concretos que corre agregado en autos, a su vez, deberá comparecer el perito designado por el promovente, químico farmacobiólogo JOSÉ JUSTINIANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, debiendo indicar el procedimiento para tomar la muestra genética, así como los implementos o el material destinado para el desahogo de dicha diligencia; debiendo a su vez, precisar el nombre y dirección del laboratorio, mismo que deberá contar con acreditación de la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de certificar a los laboratorios autorizados para realizar las pruebas de paternidad técnicas A. D. N.; precisando además que clase de muestra biológica va a emplear, con la finalidad de que la adolescente de identidad reservada, así como el oferente de la prueba comparezcan en el día y hora señalados, bajo las especificaciones que el perito les haga; se instruye a la Diligenciaria adscrita a este Juzgado, a efecto de que proceda a notificar el presente proveído a las partes que intervienen en este juicio en su domicilio procesal señalado en autos, bajo el apercibimiento de su incomparecencia, por cuanto hace a la señora MARÍA MARGARITA FLORES LEZAMA, en compañía de la adolescente cuya identidad se reserva, se tendrán por ciertos los hechos precisaros en la contestación de demanda, en relación a ROMÁN MUÑOZ CALVA, en el supuesto de su incomparecencia, o compareciendo se niegue a realizar la prueba, se presumirá cierta su paternidad en relación con la adolescente ya mencionada; debiendo igualmente comparecer a tal desahogo la Agente del Ministerio Público de la adscripción; referente a su tercera petición, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que se encuentran a salvo los derechos procesales de la actora, considerando que aún no se desahoga esta prueba; asimismo, requiérase a la parte actora para que designe a su perito, para estar en condiciones de desahogar la prueba pericial ofrecida y admitida, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días, se tendrá por perdido su derecho y se le tendrá por conforme con el dictamen que rinda el perito de la contraria, con fundamento en el artículo 356 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por cuanto hace a su última petición, una vez cumplimentado lo anterior, a petición de parte se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. -Hasta aquí la síntesis de las consideraciones que sustentan el acto reclamado- Contra dichas consideraciones, el quejoso expuso como conceptos de violación, los siguientes: En su primer concepto de violación, refiere hacer valer la violación procesal consistente en que se ordene que la prueba pericial se desahogue de forma contraria a la Ley, determinación contenida en el fallo reclamado. Luego, en su segundo motivo de disenso, refiere que se violaron las leyes del procedimiento, pues la autoridad responsable dictó un fallo sin observar lo establecido en el artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala (lo transcribe). En seguida, señaló que en el auto de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, la Jueza de conocimiento dictó la preclusión del derecho de la actora a desahogar su prueba pericial, más no la negativa al derecho procesal a desahogada, pues la misma fue ofrecida y admitida pero no desahogada por la actora en el momento procesal oportuno, por lo que dicha actuación no debe ser sujeta de modificación, luego entonces, se debe estar a lo ordenado con esa fecha. Invocó como apoyo la jurisprudencia 1a.J. 21/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.", así como la tesis 2a. CXLVIII/2008, de rubro: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA.". Sostiene que la resolución reclamada atenta contra el principio de preclusión, pues de manera arbitraria la autoridad responsable resuelve modificar el auto materia de la queja y con ello pretende aperturar una etapa procesal concluida para la parte actora nombre nuevo perito dándole la posibilidad de nuevamente intentar desahogar su prueba pericial. En su tercer concepto de violación, sostiene que la responsable realiza un erróneo análisis de las actuaciones, pues de autos se desprende que la actora no acreditó los supuestos establecidos en la norma procesal para desahogar su prueba pericial, y aun con esto, la responsable pretende violentar el principio de congruencia de las resoluciones establecidas en la Ley de la Materia. Finalmente, en su cuarto concepto de violación, refiere que la resolución reclamada carece de una debida fundamentación y motivación, pues los dispositivos que la responsable invoca no son aplicables al caso concreto y la motivación resulta incongruente con el fallo definitivo y completamente excesivo. Los sintetizados conceptos de violación son inoperantes, lo que a continuación se justifica. En efecto, el primer y cuarto concepto de violación devienen inoperantes por ambiguos, pues, en el primero, solamente refiere que se hace valer la violación procesal consistente en que se ordene que la prueba pericial se desahogue de forma contraria a la Ley, sin que se exponga motivos para sustentar tal afirmación y, en el segundo, no expone las razones por las que considera es indebida la fundamentación y motivación empleada por la autoridad responsable, ni señala cuál sería la correcta. En el caso, se estima que dichas afirmaciones se tratan de afirmaciones ambiguas y superficiales, en tanto que no señala, ni indica por qué, a su consideración, la orden de la pericial es contraria a la ley, asimismo, tampoco expone porque considera indebida la fundamentación y motivación expuestas por la responsable; esto es, no concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, lo que de suyo hace que, esa afirmación sea insuficiente, de modo que, al no operar la suplencia de la queja a favor del aquí quejoso, dicho argumento en concreto resulta inoperante. Si bien es cierto el Máximo Tribunal del País ha establecido que en la redacción de los conceptos de violación o agravios basta con expresar la causa de pedir, también lo es que el Alto Tribunal precisó que dicho criterio sólo tiende a facilitar el acceso a la justicia y evitar que los motivos de inconformidad se redacten bajo cierto formulismo; empero, ello no significa que los quejosos o recurrentes se limiten a verter meras manifestaciones sin sustento ni fundamento, de ahí que, se reitera, es inoperante el citado motivo de disenso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/48, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que se comparte, visible en la página dos mil ciento veintiuno, Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." En el mismo sentido, los restantes conceptos de violación son inoperantes por no controvertir las consideraciones torales de la resolución reclamada. En efecto, de una simple confronta entre los señalados conceptos de violación y las consideraciones del acto reclamado, se advierte que a través de aquellos no se atacan los razonamientos efectuados por la sala responsable en los que precisó que al tratarse de un asunto de orden familiar, tales procedimientos son de orden público, por lo que, es obligación de la A quo verificar que los actos del procedimiento se ajusten a las disposiciones legales que los rigen y que la A quo debió tomar en consideración preferente y primordialmente el interés de los hijos menores integrantes de la familia de los interesados; asimismo, que en materia familiar no opera la preclusión con el mismo rigor que en la materia civil, atendiendo a que tiene por objeto encontrar la verdad real, en aras de una impartición de justicia completa, máxime que en el presente caso concreto se encuentran inmersos derechos de una menor de edad. Tampoco controvirtió que la actora ofreció como parte de su acervo probatorio en tiempo y forma la prueba pericial científica de genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), la cual fue admitida inclusive la perito aceptó y protestó el cargo, sin embargo, no se llevó a cabo su desahogo por la falta de comparecencia de la perito en dos ocasiones en la fecha y hora señalada para tal efecto, es decir, por una causa ajena a la oferente; asimismo, que el once de septiembre de dos mil veinte, la actora presentó promoción solicitando se le permitiera nombrar un nuevo perito en los mismos términos en que se tuvo por admitida la prueba pericial en genética, por lo que si la actora presentó una promoción designando un nuevo perito y se trata de un procedimiento en materia familiar, cuyo bien jurídico que se busca tutelar son los derechos de una menor de edad, se debía privilegiar el interés superior de ésta, por lo que la A quo estaba en condiciones de proveer de conformidad la solicitud de la actora De ahí que al no controvertirse dichas consideraciones, resulten inoperantes los referidos conceptos de violación. Resulta aplicable, por las consideraciones que sustenta, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 139-144, página 26, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya." De igual forma cobra aplicación al caso la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, volúmenes 145-150 Cuarta Parte, página 122, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES". Si la estimación hecha en la sentencia reclamada, que sirve de fundamento toral para desechar los agravios de la apelación, no se combate en el concepto de violación, procede declarar inoperante el mismo, ya que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está en condiciones de estudiar ese aspecto, pues hacerlo equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no está comprendido dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el artículo 76 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2009, sostuvo que la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir todas las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Dichas consideraciones sustentan la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Marzo de 2009, página 5, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO." Bajo esta tesitura, al no controvertir dichas consideraciones, deben seguir rigiendo el sentido del fallo. En corolario de lo anterior, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 77 y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 518/2021-II, promovido por Román Muñoz Calva, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Román Muñoz Calva, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el día veintiocho de febrero de dos mil veintidós, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 518/2021-II, promovido por Román Muñoz Calva, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Román Muñoz Calva, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercero interesada María Margarita Flores Lezama, el contenido del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 518/2021-II, promovido por Román Muñoz Calva, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Román Muñoz Calva, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el último considerando de esta sentencia.

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