Román Hernández Hernández

Expediente 1665/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1665/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
18/02/2016

Partes del expediente

  • Román Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis (fojas 39 a 43), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Hágase la anotación que el presente expediente es destruible. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis (fojas 39 a 43), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Hágase la anotación que el presente expediente es destruible. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses.

  3. Principal

    Tlaxcala, Tlaxcala, once de enero de dos mil dieciséis. No se admite la ampliación de demanda. Agréguese el escrito signado por el quejoso Román Hernández Hernández, mediante el cual a título de ampliación de demanda, manifiesta un nuevo acto reclamado -orden de búsqueda aprehensión y detención en el proceso penal 170/2015- atribuible a una diversa autoridad responsable -Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer-. En atención a su contenido, no es procedente admitir a trámite la ampliación de demanda que pretende, en virtud de que conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo, lo que en su caso se autoriza al órgano jurisdiccional, es a corregir únicamente errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estiman violados, pero no cuestiones diversas como el cambio de autoridad responsable ordenadora o de acto reclamado, como en la especie acontece. Al respecto, es importante aclarar que si bien la figura de ampliación de demanda -como derecho del quejoso en un juicio ya iniciado-, únicamente permite que sea para designar diversas autoridades responsables, actos reclamados o, hacer valer conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, está sujeto a ciertos requisitos de procedencia, tales como, que sea hasta antes de que se fije la litis con motivo de los informes justificados y siempre que tal ampliación se produzca dentro del término que la ley establece para pedir amparo; asimismo, que si bien dicha regla sufre la excepción consistente en poder ampliar la demanda de garantías después de fijado el debate, ello sólo es posible en los casos en que de los informes que rindan las autoridades responsables aparezca un nuevo acto reclamado, o diversa autoridad, o bien que hasta ese momento llegue al conocimiento del agraviado cuáles fueron los fundamentos del acto que impugna, en cuya virtud también sería posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. Sin soslayar que el ejercicio de este derecho además de estar sujeto a los requisitos de procedencia indicados, exige que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P. J. 15/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 12, tomo XVIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 2003, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así como la diversa jurisprudencia de la Novena Época sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, identificada con el número VI.2o.C. J/240, consultable en la página 1339, Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Hipótesis que en el caso no se actualizan, pues en principio, las autoridades responsables ya han rendido sus informes justificados, sin que de su contenido se advierta la existencia de diversos actos reclamados y nuevas autoridades responsables; además de que tampoco se colma el requisito exigido consistente en que el nuevo acto reclamado tenga vinculación con el acto primigenio. Se afirma lo anterior, puesto que el conocimiento del nuevo acto que reclama no se produjo a virtud de los informes rendidos por las autoridades responsables, sino de otras fuentes externas, el que incluso fue posterior a la presentación de la demanda de amparo. A este respecto, se destaca que el quejoso en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, de su escrito que se proveé, literalmente manifestó lo siguiente: "1.- Que el día de hoy tuve conocimiento que el Juez primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer decretó orden de búsqueda, aprehensión y detención decretada en mi contra, como probable responsable del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria dentro de la causa penal 170/2014, de ese juzgado. (.)" Transcripción de la que se advierte manifestación expresa del quejoso en el sentido de que el día en que suscribió el ocurso de cuenta -siete de enero de dos mil dieciséis-, tuvo conocimiento que el juez penal que refiere, emitió la orden de búsqueda, aprehensión y detención que reclama. Lo que pone de manifiesto que la orden que reclama constituye un acto nuevo, del cual tuvo conocimiento con posterioridad a la presentación de la demanda -veintitrés de diciembre de dos mil quince- y no deriva de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, además de que difiere del reclamado en forma primigenia, con el cual no guarda vinculación alguna; ello, pues resulta ser autónomo e independiente del reclamado en un origen -orden de búsqueda, aprehensión y detención-, atribuida a diversas autoridades Jueces Primero y Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, así como Director de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; por lo que no se surte el requisito sine qua non consistente en que entre el nuevo acto reclamado y el primigenio deba existir relación. En consecuencia, ese nuevo acto de autoridad debe ser objeto de una demanda por separado, pues de otra suerte podría atentarse contra el principio de economía procesal en todos aquellos casos en que fuera reclamada alguna actuación proveniente de un procedimiento seguido en forma de juicio y a la cual sucedieran diversas determinaciones autónomas y destacadas, es decir, revestidas de opinión del afectado, de vicios propios de ilegalidad. De ahí que al pretender el quejoso que esta autoridad subsane los errores u omisiones en que incurrió en su demanda de amparo, torne en improcedente la ampliación que plantea, y por tanto, se deseche la misma, pues como ya se expuso no se reúnen los requisitos de procedencia de dicha figura procesal. No obstante lo anterior, comuníquese a la parte quejosa que se encuentra en aptitud de presentar diversa demanda de amparo, con las modificaciones, variantes y agregados que estime pertinentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Patricia Flores Lobatón, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso Román Hernández Hernández, mediante el cual a título de ampliación de demanda, manifiesta un nuevo acto reclamado -orden de búsqueda aprehensión y detención en el proceso penal 170/2015- atribuible a una diversa autoridad responsable -Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer-. En atención a su contenido, no es procedente admitir a trámite la ampliación de demanda que pretende, en virtud de que conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo, lo que en su caso se autoriza al órgano jurisdiccional, es a corregir únicamente errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estiman violados, pero no cuestiones diversas como el cambio de autoridad responsable ordenadora o de acto reclamado, como en la especie acontece.Al respecto, es importante aclarar que si bien la figura de ampliación de demanda -como derecho del quejoso en un juicio ya iniciado-, únicamente permite que sea para designar diversas autoridades responsables, actos reclamados o, hacer valer conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, está sujeto a ciertos requisitos de procedencia, tales como, que sea hasta antes de que se fije la litis con motivo de los informes justificados y siempre que tal ampliación se produzca dentro del término que la ley establece para pedir amparo; asimismo, que si bien dicha regla sufre la excepción consistente en poder ampliar la demanda de garantías después de fijado el debate, ello sólo es posible en los casos en que de los informes que rindan las autoridades responsables aparezca un nuevo acto reclamado, o diversa autoridad, o bien que hasta ese momento llegue al conocimiento del agraviado cuáles fueron los fundamentos del acto que impugna, en cuya virtud también sería posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. Sin soslayar que el ejercicio de este derecho además de estar sujeto a los requisitos de procedencia indicados, exige que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados. Hipótesis que en el caso no se actualizan, pues en principio, las autoridades responsables ya han rendido sus informes justificados, sin que de su contenido se advierta la existencia de diversos actos reclamados y nuevas autoridades responsables; además de que tampoco se colma el requisito exigido consistente en que el nuevo acto reclamado tenga vinculación con el acto primigenio. Se afirma lo anterior, puesto que el conocimiento del nuevo acto que reclama no se produjo a virtud de los informes rendidos por las autoridades responsables, sino de otras fuentes externas, el que incluso fue posterior a la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, ese nuevo acto de autoridad debe ser objeto de una demanda por separado, pues de otra suerte podría atentarse contra el principio de economía procesal en todos aquellos casos en que fuera reclamada alguna actuación proveniente de un procedimiento seguido en forma de juicio y a la cual sucedieran diversas determinaciones autónomas y destacadas, es decir, revestidas de opinión del afectado, de vicios propios de ilegalidad. De ahí que al pretender el quejoso que esta autoridad subsane los errores u omisiones en que incurrió en su demanda de amparo, torne en improcedente la ampliación que plantea, y por tanto, se deseche la misma, pues como ya se expuso no se reúnen los requisitos de procedencia de dicha figura procesal. No obstante lo anterior, comuníquese a la parte quejosa que se encuentra en aptitud de presentar diversa demanda de amparo, con las modificaciones, variantes y agregados que estime pertinentes.

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