Román Manuel Martín del Campo y Rosas
Expediente 545/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Román Manuel Martín del Campo y Rosas
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del dieciocho de mayo del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por **********, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Ténganse al quejoso, desahogando los requerimientos formulados en proveído del nueve de mayo del año en curso. Acorde con lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por *********** y *****, por derecho propio, contra actos del Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otra autoridad, así como el escrito aclaratorio y el oficio con registro 5938, suscrito por el juez responsable en cita, debe precisarse lo siguiente. La parte quejosa señala como actos reclamados en esta instancia constitucional los siguientes: a) El auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, con efectos de mandamiento en forma para ser requerido de pago, emitido en el expediente C. M. 271/2022, del índice del Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. b) La diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, efectuada en el expediente C. M. 271/2022, del índice del Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. A consideración de este juzgador en la especie, respecto del acto indicado en el inciso a) de esta determinación se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente y oficioso al ser una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. El referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo...". De acuerdo con el precepto citado, uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de acudir a la instancia constitucional, el quejoso debe interponer los recursos que establezca la ley ordinaria por virtud del cual el acto que se reclame pueda ser modificado, revocado o nulificado. Por otra parte, el artículo 1334 del Código de Comercio establece: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que substituya en el conocimiento del negocio". De dicho precepto se advierte, que el recurso de revocación procede contra aquellos autos que no fueren apelables, es decir, los proveídos que no fueren impugnables a través del recurso de apelación pueden ser revocados por el Juez que los dictó por virtud del recurso de revocación. El diverso artículo 1340 del ordenamiento citado dispone que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a $816,439.97 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previsto en el artículo 1339. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto; que en el ámbito del proceso jurisdiccional, implica la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación. También sostuvo el Máximo Tribunal, que el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expedites de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea, a la procesal común; que la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulneraría lo que algunos tratadistas denominan como "principio de impugnación", que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Bajo la óptica jurídica anterior es de concluirse que de acuerdo con lo que disponen los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al no ser recurribles mediante el recurso de apelación. En la especie, la ahora recurrente promovió amparo en la vía indirecta como tercero extraño en el juicio ejecutivo mercantil de origen, y señaló como actos reclamados el auto de exequendo y su ejecución. Ahora, de las constancias remitidas en el oficio con registro 5938, suscrito por el Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a las que se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o, se desprende que al aquí quejoso le reviste el carácter de demandado en el expediente C. M. 271/2022, por lo que el amparo de que se trata resulta improcedente porque no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Se concluye en ese sentido porque si bien en términos del artículo 1340 del Código de Comercio, no era apelable el auto de exequendo señalado como acto reclamado, dada la cuantía de la suerte principal, también lo es que de acuerdo con lo que dispone el diverso 1334 de la citada legislación, en su contra procedía el recurso de revocación, y por consecuencia, si la parte quejosa no estaba conforme con lo ordenado en el auto de exequendo, entonces, antes de acudir al juicio de amparo estuvo obligada a interponer recurso de revocación en contra del auto de exequendo, sin embargo ello en la especie no aconteció, y por consecuencia el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior pues como ya se precisó, el artículo 1334 del Código de Comercio es claro en cuanto establece la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos dictados en asuntos de cuantía menor. De acuerdo con todo lo expuesto, se concluye que si el ahora quejoso ya fue emplazado al juicio y tuvo a su alcance un medio ordinario de impugnación como el de revocación para combatir el auto de exequendo dictado en su contra y no agotó dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo, es válido concluir que no procede el presente amparo porque el inconforme no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, de carácter obligatorio para los Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIORAL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables "específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía "oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". También es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 979, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de carácter obligatorio para los Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el "auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente". En las relatadas circunstancias, se concluye, que el presente amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, respecto del auto de exequendo reclamado. Ahora, respecto del acto reclamado indicado en el inciso b) consistente en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, efectuada en el expediente C. M. 271/2022, del índice del Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, porque la ahora parte quejosa promovió en contra del acto reclamado, un medio ordinario de defensa. Ahora bien, el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]". Del precepto transcrito se advierte que establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, que tenga como efecto revocar o nulificar el acto reclamado. De acuerdo con lo antes precisado, debe señalarse que el medio de defensa legal a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo que se está examinando, tiene por objeto que la promovente pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causa de improcedencia en examen, sino sólo aquéllos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, de lo que se puede concluir que si la parte quejosa interpone una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hace valer un medio de defensa o recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, las autoridades de amparo no están en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. El examen de ese requisito debe hacerse por el juzgador federal, en virtud de que al ser dicho juzgador perito en derecho, está en posibilidad de advertir sobre la procedencia o idoneidad del medio ordinario de defensa antes referido. En relación con el otro requisito que se hace consistir en que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente, debe señalarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, cobra relevancia el principio del contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos (el cual tiene su fundamento en el Derecho Procesal). Ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causa de improcedencia que se examina deja al promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues bien puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto éste en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias y si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. Por lo tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causa de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En ese orden de ideas, conviene establecer que si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causa prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de amparo; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación, para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el juez de amparo. Debe señalarse que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, en virtud de que se satisfacen los supuestos descritos en líneas que anteceden, el marcado con el inciso b), toda vez que la parte quejosa promovió incidente de nulidad, dentro del expediente C. M. 271/2022, del índice del Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, contra la diligencia del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, acto que constituye el acto reclamado en estudio en este juicio de amparo. El segundo marcado con el inciso b), se actualiza ya que el incidente de nulidad, ante el Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el que se impugnó la diligencia del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se encuentra pendiente de resolver, tal y como se evidencia de las constancias remitidas por el juez responsable mediante el oficio 5938, de las que se puede observar que en proveído del tres de mayo del año en curso, se admitió a trámite el incidente de nulidad interpuesto por la hoy parte quejosa. Finalmente, en relación con el último requisito relativo a que el medio de defensa que se promueva, sea el idóneo para obtener la revocación, modificación o nulificación del acto recurrido, se acredita en términos del dispuesto por el artículo 1.390 Bis 6, del propio ordenamiento local que prevé el incidente de nulidad y que fue promovido por la hoy quejosa y se encuentra pendiente de resolver. Dicho precepto prescribe: "Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita, con vista a la contraria por el término de tres días y se citará para audiencia especial, en la que se desahogarán las pruebas que en su caso se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente. Si se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que versen. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en audiencia. La nulidad del emplazamiento que se promueva durante las audiencias preliminar o de juicio se realizará de manera oral y la parte contraria la contestará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por precluído su derecho. Si se ofrecen pruebas y de ser procedente su admisión, el Juez ordenará su desahogo de ser posible en la misma audiencia o en su defecto, citará a las partes para audiencia especial. Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas, o las que propongan no se admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites, dictará la resolución interlocutoria si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla también en audiencia, dentro del término de tres días". Resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 144/2000, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, de la Novena Época, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Juez Octavo Civil de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, México, desahogando el requerimiento realizado el nueve de mayo de este año y remitiendo copia certificada de las constancias que apoyan su dicho. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad en mención las copias certificadas de las constancias adjunta en apoyo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Una vez que la parte quejosa desahogue las prevenciones realizadas en el acuerdo de mérito, o bien, transcurra el plazo concedido para tal efecto, se proveerá lo conducente. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otra autoridad; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 545/2023-II. En ese sentido, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, desahogue las siguientes prevenciones: Primero. Dado que de la lectura integra de la demanda se advierte que señala como autoridades responsables al Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y a los Ejecutores adscritos al Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Asimismo, del capítulo respectivo al acto reclamado la parte quejosa señala lo siguiente: ".Argumento que respecto de las autoridades responsables señaladas como Jueces en Materia Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el acto reclamado lo constituye el ilegal auto con efectos de mandamiento en forma para ser requerido de pago." Acorde con lo anterior, a efecto de fijar la litis constitucional y en alcance a los antecedentes del acto reclamado, manifestará de manera precisa, destacada y concreta la denominación de las autoridades a quienes les atribuye los actos que por esta vía combate. Segundo. Exhibirá tres copias más de su demanda de amparo ya que solo adjunto dos y son necesarias cinco, a saber: (dos) para las autoridades que señaló como responsables; (una) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; (una) para emplazar a la parte tercero interesada y (una) para integrar el cuaderno de suspensión que solicita. En el entendido de que deberá exhibir una copia más por cada autoridad que en su caso designe como responsable. Tercero. Señalará bajo protesta de decir verdad de manera precisa y concreta, sí ha promovido algún recurso o medio de defensa, o bien, un diverso juicio de amparo, contra el acto que por esta vía reclamada, y de ser así, mencionando ante qué autoridad se tramita, el número de expediente con el cuál fue registrado y el estado procesal en el que se encuentre. Cuarto. Toda vez que los datos que se le requieren se estiman como una irregularidad de la demanda de amparo, tendrán que exhibir cinco copias del escrito con el que desahogue estas prevenciones, a saber: (dos) para las autoridades que señaló como responsables; (una) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; (una) para emplazar a la parte tercero interesada y (una) para integrar el cuaderno de suspensión que solicita. En el entendido de que deberá exhibir una copia más por cada autoridad que en su caso designe como responsable. Lo anterior, en razón de que el escrito aclaratorio integra la demanda de amparo. Quinto. Precisará los efectos para los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, dado que de la lectura integra de la demanda que se acuerda, no se advierte específicamente dicha circunstancia. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con los requerimientos referidos con antelación dentro del lapso que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, en términos de lo dispuesto en el numeral 114 de la referida ley. En otro contexto, como lo solicita expresamente la parte quejosa realícense las notificaciones mediante lista electrónica que se genera por este juzgado. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique las notificaciones personales que en su caso así lo ameriten. Téngase por autorizados a los profesionistas que designan para los efectos que precisa, en el entendido que de ser en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Finalmente, requiérase al Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para que en el término de veinticuatro horas informe si en el juzgado de su adscripción existe un juicio en el cual se haya emitido auto de embargo en contra del aquí quejoso **********, y de ser el caso el estado procesal del mismo, acreditando su dicho con las constancias conducentes. Con el apercibimiento que de no hacerlo o de no señalar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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