Román García García

Expediente 875/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
875/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Román García García

Actuaciones

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del doce de julio del año que transcurre, donde se desechó la demanda de amparo; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023, del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ********, por derecho propio, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); háganse las anotaciones respectivas bajo el número 875/2023-III. En este asunto el quejoso señala como acto reclamado la omisión del pago de su pensión por jubilación, previamente decretada a su favor. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. El ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procederá contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de actos de imposible reparación. Asimismo, dicho dispositivo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la retención del pago de su pensión y demás prestaciones, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción III, inciso b), del numeral 107 de la legislación de la materia. El Reglamento de Prestaciones del Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establece el procedimiento para solicitar cualquier clase de pensión, en los siguientes artículos: "SECCIÓN SEGUNDA DE LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales: I. Solicitud de pensión debidamente requisitada; II. Copia certificada del acta de nacimiento del servidor público; III. Comprobantes de sueldo de los últimos ocho meses laborados, en el caso de que el servidor público haya mantenido durante sus últimos tres años el mismo nivel y rango; o los comprobantes del sueldo de los últimos tres años, cuando durante dicho plazo haya cambiado su nivel y rango o cuando sus percepciones correspondan a horas clase. En caso de no contar con los comprobantes de sueldo a que hace referencia el párrafo anterior, la Institución Pública podrá emitir una certificación con la información que tenga registrada en sus archivos, la cual deberá contener el sueldo sujeto a cotización desglosado tanto de percepciones y deducciones percibido durante el periodo en que se ubique el servidor público. Se considerará como último sueldo cotizado aquél que se encuentre en los registros presentados ante el Instituto. Sólo en caso de no haber sido enterados dichos registros, se considerarán los comprobantes de pago expedidos por la Institución Pública; y IV. Certificación expedida por la Institución Pública en la que se establezca el tiempo de servicio aportado con base al sueldo sujeto a cotización, el desglose del nivel y rango de los últimos tres años y los permisos sin goce de sueldo otorgados; con excepción de aquellas Instituciones Públicas que en las nóminas que presentan ante el Instituto contemplen estos registros. Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución". Como se observa, el trámite para el otorgamiento de una pensión inicia a petición de parte con una solicitud a la que deberán acompañarse distintas documentales. Si no existe alguna irregularidad para subsanarse, el instituto señalará una fecha de respuesta que no excederá de treinta días. El Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios establece que el Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones previstas en la ley (artículo 3) a través de un dictamen o resolución que estarán a disposición del solicitante en la unidad receptora donde inició el trámite. En el caso, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el dos de junio de dos mil veintitrés, acudió ante la autoridad responsable a aceptar el dictamen pensionario, y a la fecha, no le han pagado la pensión de jubilación correspondiente. De acuerdo con lo anterior, si la demanda de amparo que ahora se atiende, se presentó en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el siete de julio de este año, es evidente que sólo transcurrieron veinticinco días hábiles de los treinta que prevé el articulo antes descrito. De lo anterior se obtiene la improcedencia de la demanda, porque el acto reclamado no constituye una dilación prolongada; es decir, el juicio de amparo indirecto será procedente únicamente cuando hayan transcurrido más de treinta días hábiles desde la fecha en la que se presentó a aceptar el dictamen pensionario. En el caso, de acuerdo a los antecedentes narrados por el solicitante del amparo, no se advierte que la retención del pago de su pensión y demás prestaciones que refiere, constituya una abierta dilación, pues no han transcurrido más de treinta días hábiles. En ese contexto, se considera que aun cuando la omisión reclamada emana de un procedimiento administrativo, con dicho acto no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso, por lo que se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación y, por ende, no constituye un acto de imposible reparación; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Es aplicable al caso por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, Decima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así, la retención reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa, en virtud de que el mismo se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito. En ese sentido, de conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal realice las diligencias que en su caso lo ameriten. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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