Roman Bañuelos Corpus

Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
264/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Roman Bañuelos Corpus

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. INFORMA COMPETENCIA [9569]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio enviado por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 9921/2021, derivado del auto de once de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 264/2021, de donde deriva el presente cuaderno; asimismo, se informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, once de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Téngase por recibido el escrito presentado por ********************, mediante el cual propone controversia. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************/2021-II; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. INCOMPETENCIA. Ahora, una vez analizado el escrito de cuenta, se advierte que el interno ********************, promueve controversia porque se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN"; argumentando que desde que ingreso al referido centro penitenciario se ha reportado por medio de peticiones administrativas en el área médica, solicitando atención médica en la especialidad de psiquiatría, bajo ese contexto, resulta inconcuso, que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para tramitar y resolverla, por tanto, de conformidad con el artículo 24, primer párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde el conocimiento del asunto al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. Se sostiene lo anterior, porque la Primera Sala del más Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, estableció que una condición de internamiento es cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte, según se lee del siguiente apartado de la ejecutoria que se invoca: ". En primer lugar, se explicará qué debe entenderse de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal por condición de internamiento, en aras de generar certeza de cuáles son las "omisiones en sus condiciones de internamiento" que los quejosos privados de su libertad deben reclamar a las autoridades correspondientes a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal ". Así, la petición de la persona privada de la libertad en relación a cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, emana de un procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque la controversia judicial contenida en la petición de referencia, por su naturaleza, es un mecanismo de control o de vigilancia judicial sobre las determinaciones administrativas de la autoridad penitenciaria que recae a peticiones que les son planteadas. Ahora bien, como se adelantó en el presente asunto, la controversia judicial planteada por el interno ********************, en términos del artículo 116, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deriva de las condiciones de internamiento, pues reclama la falta de atención médica en la especialidad de psiquiatría por el Director y área médica, del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", las cuales se las ha solicitado por medio de peticiones administrativas al parecer desde el día "veintisiete de diciembre de dos mil veinte"; alegando el interno que hasta la fecha no se la ha proporcionado, por lo cual realiza esta solicitud. De ahí que, sea dable resolver que a quien corresponde el conocimiento de la presente solicitud (controversia) es al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. Apoya lo anterior por las razones que la animan la tesis, con número de Registro digital: 2018292, sustentada por Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito de rubro y texto siguientes: "CONFLICTO COMPETENCIAL. LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SU APLICACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SU ENTRADA EN VIGOR. La Ley Nacional de Ejecución Penal se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, y para su aplicación al procedimiento de ejecución y su entrada en vigor, se establecieron los artículos 1, 2, 24, primero, segundo, tercero y cuarto transitorios, los cuales prevén que tratándose de la ejecución de penas y de los procedimientos para resolver las controversias que se susciten con motivo de ésta, es aplicable esa ley; y, en cuanto a la competencia de los órganos del Estado para conocer de los procedimientos relativos a la ejecución de sentencias, su artículo 24 establece que los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas serán competentes para conocer de ese procedimiento de aquellos en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, con independencia de la en que se hubiese impuesto la sanción en ejecución; por otra parte, dicha ley inició su vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el 17 de junio de 2016 (regla general); sin embargo, respecto de las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146 a 151, se condicionó su vigencia a un año posterior a la publicación de la ley -es decir, el 16 de junio de 2017-, o bien, a la emisión del anexo a la declaratoria de incorporación del sistema procesal penal acusatorio, que emitan el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, que no podía exceder del 30 de noviembre de 2017 (primera excepción a la regla general); y por cuanto a los artículos 31 a 36, 59 a 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91 a 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169 a 189, 192 a 195 y 200 a 207, se supeditó su vigencia a dos años posteriores a la publicación de la ley -es decir, el 16 de junio de 2018-, o bien, a la emisión del anexo a la declaratoria citada, que emitan el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, que no podrá exceder del 30 de noviembre de 2018 (segunda excepción a la regla general). También se estableció en sus artículos tercero y cuarto transitorios, que quedaban abrogadas las leyes que regulaban la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas, así como todas las disposiciones normativas que contravinieran la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo que se concluye que los artículos cuya vigencia se reservó hasta dos años después del día de la publicación de la ley, no atañen propiamente al procedimiento ante el Juez de Ejecución, en atención al artículo 116 de dicho ordenamiento, el cual prevé las atribuciones de los Jueces de Ejecución. Por tanto, mediante oficio, remítase el presente expediente al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, para los efectos legales correspondientes, previamente la formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Solicítese, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, y de no tener inconveniente informe la determinación que en su momento se emita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenta OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que estas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión, por así solicitarlo el promovente, esto es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN QUEJOSO. Toda vez que el mencionado quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique al citado quejoso ********************,el contenido del presente acuerdo y le haga entrega del mismo, por así haberlo solicitado. Se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitan las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que al realizar el envío por la vía electrónica, será innecesaria su remisión por la vía postal. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente al quejoso mediante despacho.

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