Roldan Alvarez Ayala
Expediente 462/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roldan Alvarez Ayala
Actuaciones
- Incidental
III-En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del respectivo expediente, como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, del acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, lo que significa que únicamente se conservará el proveído y resolución en donde se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
III-Del estado de autos se advierte que por proveído de tres de enero en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal resolución, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
III.-De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no realizó manifestación alguna respecto del proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que se tuvo al Director de Investigación y Análisis de la Subprocuraduría Regional de Justicia, con residencia en Apatzingán, Michoacán, informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (foja 301). Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, éste Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, correspondiente al mes de marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia terminada de engrosar el catorce de julio de dos mil diecisiete, por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, contra el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán; en proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada dicha resolución, por lo cual, se requirió al juez responsable, para que procediera a dar cumplimiento al fallo protector, debiendo realizar lo siguiente: a) Dejará insubsistente la orden de aprehensión de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 6/2015, y sus consecuencias. b) Dictará una nueva resolución, en la que reitere la comprobación del cuerpo del delito de extorsión. c) Parta de considerar que con los medios de prueba que valoró no se acredita la probable responsabilidad del quejoso Roldán Álvarez Ayala y, con libertad de jurisdicción, resuelva respecto de la orden de captura solicitada. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis, con residencia en Morelia, Michoacán y del Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán (actualmente Director de Investigación y Análisis en Apatzingán, Michoacán) , por no reclamarse por vicios propios. En cumplimiento a la ejecutoria, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta Apatzingán, Michoacán, mediante oficio 1134 de quince de agosto de dos mil diecisiete, recibido el veintiuno siguiente, remitió: - Copia certificada del proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en que dejó insubsistente y sin ningún efecto la orden de aprehensión dictada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 6/2015, instruido en contra del quejoso Roldán Álvarez Ayala (foja 281). - Resolución de quince de agosto del año próximo pasado, emitida dentro del proceso penal 6/2015, en la que, si bien acreditó el cuerpo del delito de extorsión en agravio de Jaime Garibay Velázquez, previsto y sancionado por el artículo 236 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, no acreditó la probable responsabilidad del quejoso Roldán Álvarez Ayala, en su comisión; y negó emitir la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público en contra del aquí quejoso. Por su parte, las diversas autoridades responsables Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis, con sede en Morelia, Michoacán, así como el Director de Investigación y Análisis de la Subprocuraduría Regional de Justicia con residencia en Apatzingán, Michoacán, este último en su denominación actual del Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional, mediante oficios PGJ/DGJDH/DA/3451-2017 y 545/2017, de diecisiete de agosto y quince de diciembre de dos mil diecisiete, recibidos en este juzgado el treinta y uno de agosto y dieciocho de diciembre mencionados, el primero, remitió copia del diverso comunicado enviado al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Sección Aprehensión, con residencia en Morelia Michoacán, mediante el cuales se le informa que deberá de dejar insubsistente la orden de aprehensión girada contra el quejoso Roldán Álvarez Ayala, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, dentro de la causa penal 6/2015; y el segundo, informa que dicha dependencia se abstiene de ejecutar el mandamiento de captura dictado por el aludido Juez Primero, dentro del proceso penal 6/2015, respectivamente (fojas 286, 287 y 301). Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, de Apatzingán, Michoacán, realizó lo siguiente: El catorce de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la orden de aprehensión librada contra Roldán Álvarez Ayala, el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 6/2015, por el delito de extorsión en agravio de Jaime Garibay Velázquez, previsto y sancionado por el artículo 236 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, en esa misma fecha, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva determinación en la que una vez que precisó los elementos que conforman la materialidad del delito atribuido al quejoso, especificando las pruebas que obran en la causa penal de origen, fundando y motivando su determinación, y expresando los motivos por los que así lo considera, no se acreditó la probable responsabilidad penal de Roldán Álvarez Ayala, en la comisión del delito de extorsión en agravio de Jaime Garibay Velázquez. Por su parte, las diversas autoridades responsables Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis, con sede en Morelia, Michoacán, así como el Director de Investigación y Análisis de la Subprocuraduría Regional de Justicia con residencia en Apatzingán, Michoacán, este último en su denominación actual del Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional, giraron los oficios respectivos a efecto de que dejaran insubsistente la orden de aprehensión girada contra el quejoso Roldán Álvarez Ayala. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese; personalmente a las partes y por medio de oficio a las autoridades responsables.
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