Roman Alfredo Duran Parra

Expediente 1426/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1426/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Roman Alfredo Duran Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el dieciocho de enero del presente año; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Auxiliar del Conocimiento, en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado. Ahora bien, se trae a colación que el acto que ROMAN ALFREDO DURÁN PARRA reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de responsable de acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente 65/2018, de su índice. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de responsable de acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente 65/2018, de su índice. De las constancias que la Auxiliar del Conocimiento, en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se desprende que en catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dictó un acuerdo, en el que acordó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo, en el que acordó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente 65/2018, de su índice, dentro del plazo que la ley establece. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que el término otorgado a la negociación tercero interesada "Servicios Hoteleros Presidente", Sociedad Anónima de Capital Variable, en proveído de seis de diciembre pasado, para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, háganse al referido tercero interesado, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    MESA V. Vista la demanda de amparo promovida ... contra los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en los cuales, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y se acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar dichos informes; apercibidas que de no rendir sus informes dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copias certificadas, completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien días de unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la legislación antes citada. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acredite; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercero interesado en este juicio a SERVICIOS HOTELEROS PRESIDENTE, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente lo represente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de la Materia en vigor, constitúyase el Actuario de este Juzgado, en el predio número trescientos treinta y dos de la calle dieciocho (Avenida Cámara de Comercio Norte) entre once y trece del fraccionamiento Residencial Cámara de Comercio Norte de esta ciudad, y proceda a emplazarla con la entrega de copia de la demanda, así como del presente acuerdo, haciéndole saber que pueden apersonarse a este juicio con el carácter de tercera interesada, si así le conviniere, en defensa de sus derechos; asimismo, prevéngasele para que dentro del término de tres días siguientes al de la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento para que en caso de no hacerlo, las demás notificaciones, aun las de carácter personal, se le hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tienen por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, en el predio marcado con el número cuatrocientos cuarenta y siete de la calle setenta y ocho por cuarenta y siete y cuarenta y nueve, colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán amparo y sus autorizados para tal fin a Daniel Armando Hevia González Pico, Juan Ángel Sandoval Vázquez, José Ricardo Escalante Dzib, Alejandra Natali Hevia Suarez, Rossy Ivonne May Chacón y Juan Carlos Cervera Pinto, el tercera y la cuarta antes citados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y los restantes con las limitaciones que señala el artículo antes invocado, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. ...

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano