Rolando Enrique Moo Campos
Expediente 958/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rolando Enrique Moo Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado, así como el anexo que acompaña consistente en copia certificada de las constancias que obran en el juicio laboral 697/2020 del índice del citada Junta. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso Rolando Enrique Moo Campos reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de proveer respecto a la admisión de la demandada laboral que presentó, así como emplazar a la parte demandada. En virtud de lo anterior, en atención al acto reclamado y el contenido del informe justificado de cuenta, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de la Junta responsable de proveer respecto a la admisión de la demandada laboral que presentó, así como emplazar a la parte demandada. Ahora bien, en el caso del informe justificado, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibido de la Secretaría General de la Junta, el juicio laboral 697/2020, el cual radicó y señaló como fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones a las diez horas con treinta minutos del cinco de julio del dos mil veintiuno, lo cual se le notificó al quejoso el dos de diciembre del presente año; asimismo, en el aludido auto dictado por la junta responsable se ordenó emplazar a la parte demandada "GSI SEGURIDAD PRIVADA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, lo cual se realizó el veinticinco de noviembre del presente año, tal y como consta en las constancias de notificación remitidas por la Junta aludida. En tal virtud, se tiene que la determinación con la cual se le hizo del conocimiento al quejoso el pronunciamiento de la Junta responsable de la admisión de la demanda planteada y la fijación de fecha para la audiencia triásica en el juicio laboral de origen, se le notificó al quejoso el dos de los de diciembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta omisiva de la responsable cesó en sus efectos, el dos de diciembre del presente año, en el que se notificó al justiciable el auto en el que se pronunció la responsable sobre la admisión de la demanda laboral. De modo que, se llega a la conclusión que la autoridad señalada como responsable cumplió con la obligación al pasar a la siguiente etapa procesal, en su calidad de autoridad, por estar facultada para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, de conformidad al derecho reconocido en el artículo 17. de la Constitución Federal, lo cual faculta al justiciable a acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de las autoridads responsables, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido en proveído de diez de noviembre pasado, a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que rinda su informe justificado, en virtud que de autos se advierte que fue notificada la citada autoridad el doce de los cursantes; por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
Agréguese a estos autos el alegato ministerial 341/2020, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en el segundo punto petitorio, solicita sobreseer en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. De igual forma, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, en su momento expídasele copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, autorizando a que la reciba el agente del Ministerio Público Federal adscrita. Por otro lado, agréguese a estos autos los oficios signados por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y arbitraje del Estado de Yucatán y la Actuaria adscrita a dicha Junta, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con los informes de mérito y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, toda vez que de la lectura del informe de cuenta rendido por el aludido Presidente, se advierte la participación de una nueva autoridad, siendo esta la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, toda vez que la responsable de mérito, manifiesta que la demanda laboral presentada por la parte quejosa fue turnada a la citada Junta, ello, atendiendo a la actividad de la fuente de trabajo a que se dedica la parte demandada, tal y como se advierte de la constancias que remitió y la parte quejosa se duele de la falta de admisión se duele. Por tanto, en obvio a mayores dilaciones, y toda vez que dicha autoridad forma parte integral de las diversas autoridades del trabajo locales, se tiene como nueva responsable a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele su informe justificado, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará copia certificada de las constancias necesarias para resolver el presente juicio de amparo; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias referidas, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Asimismo, comuníquese a la nueva responsable que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con cinco minutos del treinta de los corrientes. En el entendido de que la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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