Rolando Puente García
Expediente 904/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Rolando Puente García
Actuaciones
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa licenciado ********************, en contra del proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Acuerdo. En la inteligencia que dicho medio de impugnación quedó radicado bajo el número 562/2023 de su índice; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos a que haya lugar.
- Principal
1. Recurso de queja. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado R...., autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de quince de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. 2. Tramitación de medio de impugnación. Con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer, por lo que se ordena remitir el expediente electrónico de este juicio al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del recurso correspondiente. 3. Informe. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena rendir el informe relativo a la queja interpuesta por la parte quejosa contra el auto en el cual se desechó la demanda de amparo, en el entendido de que es cierto tal acto, en virtud de que este órgano jurisdiccional dictó el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés. 4. Disponibilidad de expediente electrónico. Se instruye al Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad, haga disponible electrónicamente este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
- Principal
1. Demanda. Téngase por recibido el escrito signado por *************, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza y División Comercial Golfo Norte, en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 904/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Premisa de hecho. Del análisis integral de la de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el oficio 448/2023 de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el cual, por motivo de una revisión del medidor, se determinó un consumo irregular de energía eléctrica, que representa un adeudo de $191,120.00 (ciento noventa y un mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional) y como consecuencia de ello, el corte de suministro de energía eléctrica ejecutado el veinticinco de julio del año en curso, en el domicilio ubicado en calle *****************, Coahuila de Zaragoza. 3.2 Causal de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. 3.2.1 Actos de autoridad. En ese sentido, los numerales 1 y 5, fracción II de la ley de la materia, prevén la procedencia del juicio de amparo, entre otros, contra actos de autoridad, que vulneren derechos fundamentales, entendiendo por aquélla, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo que hace al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente, además de los expresamente contemplados, en los demás casos que establezca la Constitución Federal y en lo dispuesto en la ley de la materia. En cuanto a la concepción de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas notas a fin de distinguir cuándo se tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, a saber: i) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ii) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. iii) Que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. iv) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente; a menos que los mismos se equiparen a los actos de autoridad, por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sin que pase inadvertido lo señalado en el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, en el sentido de que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante la Jurisprudencia 2ª./J 30/2018 (10ª), que cuando se reclamen actos que guarden relación con contratos de suministro de energía eléctrica entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad, las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de modo que dicha comisión no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, si el acto reclamado por la parte quejosa en la demanda de cuenta, se hace consistir en el oficio 448/2023 de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el cual, por motivo de una revisión del medidor, se determinó un consumo irregular de energía eléctrica, que representa un adeudo de $191,120.00 (ciento noventa y un mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional) y como consecuencia de ello el corte del suministro de energía eléctrica ejecutado el veinticinco de julio del año en curso, en el domicilio ubicado en calle *****************, resulta evidente que se trata de una cuestión derivada de la relación contractual del servicios de suministro de energía eléctrica entre el particular usuario -quejoso- y la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por lo que la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil, porque es una cuestión que se deriva de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato respectivo o con motivo de este. Por lo tanto al no existir la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad, de ahí que Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza, no tenga el carácter de autoridad responsable dentro del juicio de amparo. 3.2.2 Criterio aplicable. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3.3 Conclusión. En mérito de lo anterior, este órgano de justicia considera que se actualiza de igual manera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. La parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *************, en esta ciudad. De igual forma, se tienen como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado ****************, por encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico y a Belinda Livas Aguirre, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado la parte quejosa. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada quejosa por medio de lista de acuerdos, del auto de quince de agosto del año en curso; lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.
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