Rolando Misael Lara Regino

Expediente 473/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
473/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
28/07/2015

Partes del expediente

  • Rolando Misael Lara Regino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con lo dictado en proveído de dieciocho de junio de dos mil quince, en el que se sobreseyó en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de la materia, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicha sentencia, como lo prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la citada ley. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que la sentencia en que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y archívese el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la cuenta, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio AMPEMA-672/2014, signado por la Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes, con sede en esta ciudad, toda vez que en proveído de dieciocho de junio de dos mil quince, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, y se dejó sin efecto la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público del Segundo Turno, con sede en esta ciudad; sin que sea el ponerlo a la vista de las partes, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia.

  4. Principal

    Agréguense a los autos del presente juico de amparo para que obre como corresponda, el oficio 640/2015, signado por la Agente del Ministerio Público Especializada en Materia de Adolescentes, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de once de junio del presente año, y al efecto remite copia certificada de las constancias relativas a la entrega del menor Rolando Misael Lara Regino, a su padre Rolando Lara Villarreal, dentro de la averiguación previa 173/2015. Ahora bien, en el presente asunto, la parte quejosa señaló como actos reclamados, la privación ilegal de la libertad e incomunicación de que fue objeto el menor de referencia. Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual, conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que por auto de once de junio de dos mil quince, se tuvo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializada en Materia de Adolescentes, con sede en esta ciudad, informando que el ocho del citado mes y año, el menor Rolando Misael Lara Regino, fue puesto a su disposición por los elementos de la Policía Municipal de Nava, Coahuila de Zaragoza, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo especialmente agravado cometido en vivienda destinada a habitación, motivo por el cual se inició la averiguación previa 173/2015; asimismo, hizo del conocimiento que el nueve de junio del presente año, el menor quejoso fue entregado a su padre Rolando Lara Villarreal. Para sustentar lo anterior, la Agente del Ministerio Público Especializada en Materia de Adolescentes, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de diligencia de entrega del menor, a su padre Rolando Lara Villarreal, realizada a las once horas con cero minutos del nueve de junio del presente año. Documental a la que se le atribuye eficacia probatoria plena, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su ordinal 2°, por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a manera de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el presente asunto, el menor Rolando Misael Lara Regino, por conducto de Eduardo Alejandro Morales Cervera, reclamó la privación ilegal de la libertad e incomunicación de que fue objeto. Sin embargo, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que la Agente del Ministerio Público Especializada en Materia de Adolescentes, con sede en esta ciudad, realizó la entrega del menor quejoso directo Rolando Misael Lara Regino, a su padre Rolando Lara Villarreal, a las once horas con cero minutos del nueve de junio del presente mes y año, dentro de la averiguación previa 173/2015. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del seis de julio de dos mil quince.

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