Rolando Pérez Ramírez
Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rolando Pérez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada ni de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documento. De conformidad con el artículo 36, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. VII. Remisión de oficios.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Relación del estado procesal de los autos. Vistos los autos de los que se advierte que mediante oficios de registro 11003 y 1067, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, informó que mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, tuvo por admitida la demanda laboral que promovió el aquí quejoso, en el cual señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, proveído que le fue notificado a la parte quejosa el catorce del citado mes y año; asimismo, remitió copias certificadas de las constancias de notificación realizadas a los demandados La Casa del Ganadero, Rosa Edith Zavala Aguilar y Roberto Aguirre García. II. Sobreseimiento por haber cesado los efectos del acto reclamado. Ahora, en el presente juicio de amparo el quejoso Rolando Pérez Ramírez, señaló como acto reclamado la omisión de la responsable en señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como la falta de emplazamiento a los demandados La Casa del Ganadero, Rosa Edith Zavala Aguilar y Roberto Aguirre García. En ese sentido, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se observa que el uno de octubre de dos mil veinte, tuvo por admitida la demanda laboral promovida por la parte quejosa, señalando fecha para la celebración de la audiencia inicial, esto es a las diez horas del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, proveído que le fue notificado el catorce del mes y año en cita; además, realizó el emplazamiento correspondiente a los demandados el tres de diciembre de dos mil veinte. Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala, de rubros y textos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386) III. Se deja sin efecto la citación para la audiencia constitucional. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con dieciséis minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno). IV. Transparencia y acceso a la información pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. V. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Leonor González Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de febrero de dos mil veintiuno. l. Autoridad cumple requerimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado de Distrito, remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a los demandados La Casa del Ganadero, Rosa Edith Zavala Aguilar y Roberto Aguirre García. II. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al oficio de cuenta, hágase relación de ellas en la audiencia constitucional; dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, quince de enero de dos mil veintiuno. Reanudación de plazos y términos procesales. Con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se reanudan los plazos y términos procesales en este asunto, con las modalidades establecidas en dicho acuerdo, para garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y propagación del virus. Por tanto, se provee: Relación del estado procesal que guardan los autos. Visto el estado de los autos, se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto, estaba señalada para las nueve horas con veintiséis minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte, la cual no se celebró con motivo de la suspensión de los plazos y términos. Instrucciones para la notificación. Se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes por lista, con exclusión de aquellas a quienes se les haga algún requerimiento, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, ello aconteció por un lapso menor a seis meses, como lo indica el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a los diversos esquemas de trabajo que ha implementado el Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la pandemia por la enfermedad Covid-19, así como la suspensión de plazos procesales y el levantamiento de éstos se encuentran contenidos en diversos acuerdos Generales y sus respectivas circulares, los cuales han sido dados a conocer por difusión oficial, así como en medios de comunicación masiva; por ende es un hecho notorio en términos del artículo 88 de del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por consecuencia, permite a los justiciables tener plena certeza de que a partir del doce de enero de este año, se reanudan labores y se computan nuevamente los términos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a éstas deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro es "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." III. Estado procesal de autos. Ahora, del estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que para resolver en el juicio de amparo en que se actúa, resulta necesario que obre en autos copia certificada y legible de la totalidad de las constancias que integran el expediente relativo al acto reclamado. IV. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación respectiva, remita copia certificada de las constancias de notificación realizada a los demandados del auto de admisión de uno de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de origen. V. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento al presente mandato judicial, en el plazo indicado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se impondrá una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se fija hora y fecha para audiencia constitucional En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con dieciséis minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional. VI. Remisión de oficio. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la Actuaria Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese.
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