Rolando Alonso López Aguirre
Expediente 817/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rolando Alonso López Aguirre
- Rolando Alonso López Aguirre y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de enero de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Toda vez que hay documentos originales de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, catorce de enero de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Toda vez que hay documentos originales de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. I. Desahoga prevención. Se tiene por recibido el escrito del quejoso Rolando Alonso López Aguirre, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de doce de diciembre de dos mil dieciocho. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." (Octava Época. Registro: 221353. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII. Noviembre de 1991. Materia(s): Común. Página: 198). Por su parte, el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; de texto siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." (Novena Época. Registro: 175910. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII. Febrero de 2006. Materia(s): Común. Tesis: III.2o.C.18 K. Página: 1827). De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama lo siguiente: Embargo ordenado en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio ejecutivo mercantil 686/2018 y ejecutado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho. Emplazamiento de veinte de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora, con relación a los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por incumplimiento al principio de definitividad, por las razones que se precisarán enseguida. Respecto al acto consistente en el embargo ordenado en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio ejecutivo mercantil 686/2018 y trabado el veinte de noviembre de la anualidad que transcurre, el justiciable no interpuso el recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio, aplicable al caso, según lo narrado por el peticionario ; asimismo, respecto del diverso acto reclamado consistente en el emplazamiento de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se incumplió con dicho principio, toda vez que previo a promover el juicio de derechos fundamentales debió interponer incidente de nulidad de notificaciones. A efecto de evidenciar la causa de inejercicio de la acción constitucional de los actos precisados como reclamados, se estima necesario realizar las siguientes consideraciones que atañen a los actos impugnados, a saber: Al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa de carácter Constitucional, el justiciable debe, previamente, acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le produce afectación. Considerar lo contrario, el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el órgano de control suplantaría las facultades de las autoridades. Dicho principio admite excepciones, a saber: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b).- Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c).- Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d).- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sin embargo, el peticionario no se ubica en ninguna de las hipótesis anteriores, puesto que el acto reclamado en esta instancia, no es de los considerados en los incisos a) y b) que se mencionan; además, el medio de defensa que debió agotar no está sujeto a interpretación adicional. Tampoco se trata de persona extraña al juicio, dado que compareció al juicio ejecutivo mercantil 686/2018; por lo que bien puede acudir al contradictorio de origen a defender sus derechos Se agrega que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no se opone en forma alguna a la normatividad que en materia de derechos humanos existe en México, ya que en los propios artículos 1° y 103 Constitucionales se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a los derechos humanos, como en el caso lo es, agotar los recursos ordinarios. De manera que, el de definitividad continúa siendo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, principio que se justifica en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; de ahí que previamente a su promoción, el amparista deba acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto que se reclama, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, las disposiciones en Derechos Humanos, no resultan incompatibles con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados. Resulta aplicable a lo anterior la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; de texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO .A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna. (Décima Época; Registro: 2002356; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Materia(s): Constitucional; Tesis: I.4o.A.6 K (10a.); Página: 1488). La improcedencia que se invoca no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto en virtud de que no se desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley ordinaria. De ahí que no pueda considerarse actualizada una denegación de justicia. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; de texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia" (Décima Época; Registro: 2002598; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Materia(s): Constitucional; Tesis: III.2o.C.4 K (10a.); Página: 2113). Luego, si se reclama, entre otros actos, la orden de embargo dictada en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 686/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el que figura como parte; resulta indudable la improcedencia invocada para desechar de plano la demanda, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que en contra de dicha determinación procede el recurso de revocación, sin que el amparista lo hubiere interpuesto tal y como lo expresa en su escrito aclaratorio de demanda. Es así, porque contra el auto que declaró la orden de embargo para garantizar la deuda, gastos y costas que se reclaman en el juicio de origen, debió interponer el recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio. Toda vez que no procede el recurso de apelación por cuestión de cuantía, por ello procede la revocación ya que éste recurso se actualiza en contra de los autos que no fueren apelables, entonces, debió agotarse dicho recurso contra el acto que se reclama. Resultan aplicables a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." (Novena Época; Registro: 163734; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Septiembre de 2010; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 59/2010; Página: 157). "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación." (Décima Época; Registro: 160948; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 96/2011 (9a.); Página: 709). Asimismo, por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; de texto siguiente: "ADJUDICACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA APRUEBA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad." (Novena Época; Registro: 191356; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Agosto de 2000; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o.C. J/190; Página: 1019). En suma, a efecto de cumplir con el principio mencionado, que es uno de los rectores del juicio de amparo, es indudable que el promovente, previamente a esta acción constitucional, debió interponer el recurso ordinario de revocación en contra del auto que reclama. Sin que escape a la consideración, que actualmente el artículo 1339 del Código de Comercio refiere que son "irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.). Sin embargo, la expresión "irrecurribles" contenida en dicho artículo, debe ser interpretada en el sentido de que no se pueden impugnar a través del recurso de apelación, pero ello no quiere decir, que no puedan impugnarse con el diverso recurso de revocación. En efecto, la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio actual, revela que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. La intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Sobre el tema ya existe pronunciamiento por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 70/2013, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). (Décima Época; Registro: 2005047; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 70/2013 (10a.); Página: 401). Asimismo, como quedó precisado en párrafos precedentes en relación al acto reclamado consistente en el emplazamiento practicado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, también por incumplimiento al principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia invocada y materia de estudio, ya que de igual manera en contra de dicha determinación procede un medio de defensa legal previo al juicio de amparo, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones, sin que el amparista lo hubiere interpuesto tal y como lo expresa en su escrito aclaratorio de demanda; medio ordinario de defensa previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio. Para arribar a la anterior determinación, se resalta que el quejoso se encuentra debidamente integrado a la relación procesal en el juicio de origen, en cuanto a parte demandada, por tanto, estuvo en posibilidad legal de hacer valer el medio de defensa que establece la ley secundaria en contra del acto reclamado, esto es, la diligencia de emplazamiento realizada el veinte de noviembre de dos mil dieciocho; diligencia de notificación que constituye el acto reclamado en esta instancia, puesto que el promovente alega diversas violaciones en el actuar del fedatario público. Partiendo de ello, se precisa que conforme a la naturaleza del juicio de origen (ejecutivo mercantil) la legislación aplicable lo es el Código de Comercio y de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al numeral 1054 del primero de los cuerpos normativos mencionados . Al respecto, los artículos 1349, 1350, 1351, 1352, 1353 y 1354 del Código de Comercio y 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento mercantil, establecen como medio ordinario de defensa en contra de las notificaciones, el incidente de nulidad, al prever en ese orden: "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano." "Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal." "Artículo 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos." "Artículo 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional." "Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten." "Artículo 1354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes." "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Por lo que si la parte quejosa se duele del emplazamiento practicado en el juicio ejecutivo mercantil 686/2018; es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia aludida. Ello es así, porque de acuerdo con los numerales antes transcritos, en contra de una notificación que se hiciere en forma distinta de la prevenida en el código respectivo, o bien se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida; por tanto, en contra de la notificación practicada a la parte quejosa, procede un medio de defensa legal, como lo es el incidente de nulidad de actuaciones y si éste no se agotó, resulta incuestionable que su demanda debe considerarse notoriamente improcedente, pues con el citado medio ordinario de defensa podía ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y en consecuencia los demás actos reclamados que de él derivaban. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito; de texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia. (Novena Época; Registro: 176916; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Octubre de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: IV.1o.C.52 C; Página: 2430). De igual forma, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito; de texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." (Novena Época; Registro: 180570; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XX, Septiembre de 2004; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.C. J/243; Página: 1651) Adicionalmente cabe señalar que los medios de defensa que debió agotar no están sujetos a interpretación adicional, es claro el Código de Comercio aplicable, en sus artículos 1334 y 1054, prevé tanto el recurso de revocación como el incidente de nulidad de notificaciones, tal como se evidenció en líneas arriba. Por esa razón, tampoco se actualiza la "dudosa procedencia" de los medios de defensa en comento, para efectos del acceso al amparo, al ser constatable prima facie, sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar mediante ejercicios hermenéuticos discutibles. Es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; de texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU CONFIGURACIÓN A PARTIR DE LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento invocado establece que el amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, la fracción apuntada, en su último párrafo, dispone: "... Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Esta regla introduce un cambio notable en la configuración del principio de definitividad, porque reconoce el derecho del justiciable de agotar los recursos a su alcance, inclusive, aquellos cuya procedencia sea dudosa, lo cual no constituye una obligación a su cargo, porque en ese supuesto tiene la libertad de acudir al juicio constitucional. Por esa razón, este tribunal considera que la regla incorpora la doctrina del recurso de "dudosa procedencia" para efectos del acceso al amparo, según la cual, la procedencia del recurso es "dudosa" cuando no es constatable prima facie, sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar mediante ejercicios hermenéuticos discutibles. Lo anterior debe distinguirse de los criterios relacionados a la "causa notoria y manifiesta de improcedencia", porque éstos se refieren a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. No obstante, la regla en estudio va más allá, porque a partir de su aplicación, el Juez constitucional no podrá decretar la improcedencia del juicio, al dictar sentencia, bajo el argumento de que el gobernado debió agotar algún recurso, si la procedencia del medio de impugnación depende de la interpretación adicional o dudosa o de la integración de la ley. En la actualidad, el Juez de amparo debe identificar, incluso, al dictar el fallo, si la procedencia del medio de impugnación es "dudosa", esto es, si en lugar de surgir del texto claro y terminante de la ley, deriva de su interpretación o, inclusive, de su integración cuando el fundamento legal sea insuficiente para determinarla porque, de ser así, debe entenderse que el gobernado quedó en libertad de acudir al amparo y, en congruencia con ese derecho, proceder al estudio de lo planteado por el quejoso, de no presentarse alguna otra causa de improcedencia." (Décima Época; Registro: 2007194; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III; Materia(s): Común; Tesis: I.3o.C.38 K (10a.); Página: 1908). Finalmente, no escapa a la consideración, que dada la naturaleza de irreparabilidad que pudieran revestir los actos reclamados, como lo aduce el amparista, se considerara que conforme a lo previsto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procediera el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, el justiciable está obligado a agotar el principio de definitividad, ya que la irreparabilidad de que se habla, por sí misma no constituye una excepción a dicho principio, toda vez que constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del justiciable, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la Ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, a virtud que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. La anterior afirmación encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia emitida por contradicción de tesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SI MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Décima Época; Registro: 2005039; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.); Página: 350) En ese contexto, se concluye que al no haber agotado el impetrante del amparo el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, lo que procede es desechar la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Notifíquese en términos de ley.
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