Rolando Monsivais Treviño
Expediente 413/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rolando Monsivais Treviño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de octubre del año en curso, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, agréguese el cuadernillo de pruebas y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio enviado por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual informa que a partir del primero de noviembre del año en curso, se designó al licenciado *******, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, para que continúe con la representación del quejoso en el presente juicio de amparo, ello en sustitución del licenciado *******, quien fue readscrito al Centro de Justicia Federal de este Estado, con sede en esta ciudad; de lo cual toma conocimiento este juzgado. Por otra parte, vista la constancia de notificación levantada el seis de noviembre de dos mil dieciocho, por el Actuario Judicial de la adscripción, de la cual se desprende que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, y solicitar la presencia del quejoso *******, fue informado por la auxiliar del departamento jurídico de ese centro penitenciario que dicho quejoso fue puesto en libertad el veintiséis de septiembre del año en curso. Atento a lo anterior, se ordena que de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), se notifique por lista la sentencia emitida en el presente juicio, así como los proveídos subsecuentes. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto para resolver el juicio de amparo 413/2018-V, promovido por xxxx. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintidós de junio del año en curso, xxxx, por conducto de la licenciada Georgina Valdes Nava, solicitó la protección de la Justicia Federal, de los actos reclamados al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de mantenerlo segregado y aislado de la población en general, confinado a los límites de su estancia, sin salir a patio, ni tener actividades, ni comedor; además de golpes, electrocución y amenazas de muerte. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previa ratificación, mediante proveído de veintidós de junio del año en curso, se admitió a trámite el juicio de amparo 413/2018-V, se solicitaron los informes con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el quejoso reclama la orden de mantenerlo segregado y aislado de la población en general, confinado a los límites de su estancia, sin salir a patio, ni tener actividades, ni comedor; además de golpes, electrocución y amenazas de muerte. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir los informes con relación a la suspensión de plano rendidos por el Director General, Presidente por sí y en representación del Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular del Área de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, en esta ciudad, y el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de readaptación Social Número Uno, Altiplano, negaron los actos consistentes en la incomunicación, golpes, electrocución y amenazas de muerte, lo que se corrobora con la constancia de notificación al quejoso de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la cual la Actuaria de la adscripción hace constar que el quejoso está en buen estado y sin golpes. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director General, Presidente, Comité Técnico y Encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante que fueron debidamente requeridos para ello, tal y como se desprende de la constancia de notificación que obra a foja 17 del sumario, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos por el quejoso consistentes en mantenerlo segregado y aislado de la población en general, confinado a los límites de su estancia, sin salir a patio, ni tener actividades, ni comedor. Lo anterior, se corrobora con los oficios y documentales recibidas en este juzgado el doce y diecisiete de septiembre del año en curso, enviadas por el Director General, Presidente, Comité Técnico y Encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, toda vez que de su contenido se desprende que por sesión de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el Comité Técnico del citado Centro Penitenciario, impuso al quejoso Rolando Monsiváis Treviño, diez días de restricción de tránsito al interior del Centro Penitenciario, ello por faltar a lo establecido en el artículo 40, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y del diverso 75, fracción XXIII, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Respecto del acto reclamado por el quejoso xxxx, consistente en mantenerlo segregado y aislado de la población en general, confinado a los límites de su estancia, sin salir a patio, ni tener actividades, ni comedor, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, cuenta habida que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo, puesto que, en su contra, aún procedía un medio ordinario de defensa por virtud del cual podía ser revocado o modificado. Para justificar lo anterior, es necesario señalar que la causa de improcedencia que se estima actualizada, es la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no agotó el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, mediante el cual pudo haberse modificado la situación de hecho que reclamó de la autoridad penitenciaria, cuyo contenido es el siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Bien, para evidenciar la actualización del motivo de improcedencia, será necesario que en el curso de esta sentencia se analicen aspectos relacionados con la reforma constitucional en materia de ejecución penal; también, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal y, finalmente, con los mecanismos de excitación hacia la autoridad penitenciaria que están previstos en ella. Por ello, el estudio se realizará por partes. La judicialización del procedimiento de ejecución. La reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el diario oficial de la federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. Esta reforma, de la mano de la diversa en materia de derechos humanos publicada en el citado medio de difusión oficial el diez de junio de dos mil once y que también modificó el mismo segundo párrafo del mencionado artículo 18 constitucional, representó la amplificación del modelo de sistema penitenciario, hacia la protección y respeto de los derechos humanos. En efecto, con la mencionada reforma constitucional se puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía permaneciendo bajo el control absoluto del poder ejecutivo; de ahí que, para lograr su evolución, se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al poder ejecutivo y confiriendo al poder judicial la de ejecutar lo juzgado, con lo que se creó la figura de "jueces de ejecución de sentencias", que dependerán, obviamente, del correspondiente poder judicial. Con lo anterior se pretendió, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues a partir de esta reforma será definitivamente el poder judicial de donde ésta emanó, el que deba vigilar que la pena se cumpla estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas, en torno a la ejecución de las sanciones y medidas impuestas. Con ello, se planeó que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir a partir de la reforma constitucional, quedarían bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas. Entonces, resulta ya un hecho que con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deben asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Conclusión a la que arribó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el contexto de las consideraciones plasmadas en la tesis P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Esta reforma no significó un simple traslado de las facultades constitucionales de ejecución de las penas, sino que implicó un cambio de paradigma en cuanto a la forma en que dicho procedimiento se venía desarrollando. Para evidenciarlo, es conveniente citar un extracto de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a los artículos 18, 21 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, discutida en la Cámara de Diputados el cuatro de octubre de dos mil siete, en el siguiente tenor: [.] Segundo. Nuestra intención al proponer la iniciativa es transformar el sistema penitenciario, pero esto no será posible si la ejecución de las penas permanece bajo el control absoluto del Ejecutivo. Por tanto, se propone limitar la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial. Para lograrlo, se crea la figura de "jueces de ejecución de sentencias", que dependerán obviamente del Poder Judicial. Con esta división se dará a cada ámbito de poder lo que le corresponde: al Ejecutivo, la administración de las prisiones; y al Judicial, la de ejecutar las sentencias. Se afirma que la facultad de ejecutar la pena debe trasladarse al Poder Judicial, debido a que dejar la ejecución en manos de la administración rompe una secuencia, es decir, la misma autoridad judicial que pronunció la sentencia debe vigilar que la pena se cumpla estrictamente, conforme a derecho, en la forma pronunciada en la ejecutoria. Los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en un simple transcurrir del tiempo: en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial; por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde se deba extinguir la pena. Por lo anterior, se propone modificar los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de limitar la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y de otorgar la ejecución de las sentencias al Poder Judicial. Tercero. Por supuesto que esta modificación obligará al Poder Judicial a especializar al personal que se ocupará de esta función y a capacitarlo en materias como la psiquiatría y psicología criminal, penitenciarismo, victimología, estudio sistematizado de los documentos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos de los sentenciados y su forma de trato y tratamiento, estadística y ejecución penal, entre otras. Pero, en todo caso, la figura de "juez de ejecución" se debe fundamentar en función del principio de legalidad Ejecutivo-penal y debe asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se pueden producir en el cumplimiento de aquéllas, así como de las decisiones que sobre dicha ejecución puede adoptar la administración penitenciaria. Esta atribución competencial supone el sometimiento pleno a la revisión y al control jurisdiccional del conjunto de las actuaciones que pueden darse en el cumplimiento de las penas, con lo que se completa, en términos jurídicos, la totalidad de las facetas que componen el procedimiento penal, que quedan así bajo el control jurisdiccional.[.] De este modo, la reforma constitucional en esta materia, se pensó a manera de que la totalidad del procedimiento de ejecución quedara sometido plenamente al control y revisión de los jueces de ejecución, incluido el conjunto de las actuaciones que pudieran suscitarse en el curso del cumplimiento de las penas. Esto porque era conocido que las autoridades administrativas regulaban la vida en prisión con un amplio margen de discrecionalidad, aunado a que, para ese momento constituía un hecho innegable que en las prisiones acontecían violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los reclusos, impidiéndoles con eso llevar una vida digna. Tal cambio de paradigma, implicó la adopción de una nueva forma de entender el procedimiento de ejecución, como la secuencia ininterrumpida de actos de vigilancia y control por parte de los jueces de ejecución, respecto de las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de la libertad y la autoridad administrativa penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada, haya sido provisional o definitiva. Pues es innegable que el tiempo que los reclusos permanecen en prisión -preventiva o compurgatoria-, no constituye un simple transcurrir de los días, sino que en la realidad, en dichos lapsos acontecen múltiples eventos que de manera sucesiva van construyendo lo que, en sí mismo, constituye formalmente el procedimiento de ejecución. En ese tenor, toda vez que los acontecimientos de hecho y de derecho que se susciten durante reclusión, deben ser supervisados y controlados por la autoridad judicial en el marco de la competencia expresamente conferida por la constitución, así como de la norma secundaria expedida para tal efecto; debe entonces concluirse que a dicho procedimiento le reviste una naturaleza formalmente jurisdiccional. Asimismo, que son los jueces especializados en materia de ejecución las autoridades idóneas para dirimir tales cuestiones, porque además de haber sido concebidas para ello por la propia constitución federal, quién mejor que ellos para hacerlo dada su capacitación y actualización en materias como psiquiatría y psicología criminal, penitenciarismo, victimología, estudio sistematizado de los documentos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos de los sentenciados y su forma de trato y tratamiento, estadística y ejecución penal, por nombrar algunas. Por último, antes de concluir con el tema que se aborda en este apartado, es preciso dejar establecido que el presente estudio se enfocará a la interpretación de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionada con el principio de definitividad respecto de actos emitidos dentro de procedimientos formal o materialmente jurisdiccionales. De ahí que deba concluirse que es innecesario realizar alguna interpretación tendente a dirimir si para la tramitación de la petición administrativa, sea o no necesario que la normativa prevea la posibilidad de suspender el acto reclamado con igual o menos requisitos que la Ley de Amparo, atendiendo a lo dispuesto en la fracción XX, de su artículo 61. Lo anterior, porque como ya se expuso, los acontecimientos de hecho y de derecho que se suscitan durante reclusión forman parte del procedimiento de ejecución, que es de naturaleza formalmente jurisdiccional, tan es así que la propia Constitución y su norma reglamentaria en la materia, establecieron que la autoridad judicial tomaría la facultad de vigilarlos y controlarlos. No obstante, también es oportuno decir que la génesis de dicha fracción se remonta a la necesidad de frenar provisionalmente los efectos de los actos de autoridades de naturaleza administrativa que cuenten con facultades para modificar de manera unilateral la esfera jurídica de los gobernados, ya sea al verificar el cumplimiento de disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; o bien, aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujeta a la decisión, aunque materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa, sin embargo, en un entorno de regularidad. En ese tenor, es claro que en el caso resulta innecesario observar las exigencias de dicho precepto, pues su redacción no congenia con las situaciones de hecho y de derecho que se suscitan en el interior de los centros de reclusión, debido a que éstos acontecen en el marco de regulación del procedimiento de ejecución que le reviste una naturaleza formalmente jurisdiccional. Además, si bien es cierto que las autoridades penitenciarias formalmente tienen un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; no menos verdadero es que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental que rige en materia de ejecución. Lo anterior, en primer lugar, porque en todo caso, compete a los jueces de ejecución la labor de vigilar y controlar las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de la libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada. También, porque desde el inicio de su actuación, las autoridades penitenciarias estarán circunscritas a lo que se les haya ordenado en la sentencia definitiva, o bien, en el auto en que se imponga la medida precautoria de reclusión. Así, sobre la base de estas premisas se concluye que, en el caso, se surte la causa de improcedencia anunciada -que se reitera, está contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo-, conforme a la cual se exige que, previo a la promoción del juicio de amparo, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, en tanto que el que se combate en la especie, fue emitido en el marco de un procedimiento, en el que si bien intervienen múltiples actores en aras de privilegiar la inmediatez -como las autoridades penitenciarias y auxiliares de éstas-, se encuentra ineludiblemente bajo la vigilancia y control de una autoridad formalmente jurisdiccional. Por lo que con el criterio que se adopta, se colman dos objetivos fundamentales: propiciar en mayor medida la funcionalidad de la reforma constitucional en la materia y dotarla de congruencia con respecto a los principios y reglas de tramitación que rigen en el juicio de amparo. Caso contrario, de permitir que todas las cuestiones relacionadas con la procuración de la vida digna y segura en reclusión, conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y los lineamientos para el otorgamiento de los servicios y suministros propios del centro de internamiento a que se refiere su artículo 3°, se siguieran dirimiendo ante los juzgadores de amparo, se eludiría el espíritu de la reforma constitucional en comento, propiciando su inoperatividad, no obstante que uno de sus objetivos fundamentales consistió precisamente en que fueran los jueces especializados quienes resolvieran al respecto, dada su experticia no solamente en materia de protección de derechos humanos, sino también en materias como psiquiatría y psicología criminal, penitenciarismo, victimología, forma de trato y tratamiento en reclusión, estadística y ejecución penal, por nombrar algunas, que resultan vitales para una mejor comprensión y óptima resolución de las problemáticas que aquejan a las personas privadas de su libertad. Además, porque si bien es cierto que la inobservancia de los principios que rigen en materia de ejecución, puede derivar en violaciones materiales a derechos sustantivos, tal como la dignidad de las personas en reclusión u otros, no debe soslayarse que la irreparabilidad de dichos actos no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, sino que para ello, en todo caso, habrá de configurarse en todos sus términos alguno de los supuestos previstos como tales en los incisos a), b), c) y d) de aludida fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que en el caso se actualice alguno de ellos, tal como se explicará más adelante. Da sustento a lo anterior, por igualdad de razón, las consideraciones contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), de rubro: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. Vigencia y ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada normativa, reglamentaria del artículo 18 constitucional, tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, finalmente, regular los medios para lograr la reinserción social. Asimismo, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Cabe precisar que dicha normativa fue publicada en el diario oficial de la federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y, en su primer transitorio, se estableció que entraría en vigor al día siguiente de su publicación; lo que implica que se encuentra vigente desde el diecisiete de junio de ese año. Sobre este aspecto, no se soslaya que en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto que la promulgó, se establecieron reservas legislativas en torno a la entrada en vigor de diversos preceptos; sin embargo, los artículos relativos a los procedimientos ante el juez de ejecución, así como el relativo al procedimiento administrativo, no quedaron inmersos en dicha reserva, por lo que están vigentes en la actualidad. Además, no obstante en el segundo párrafo del artículo tercero transitorio, se estableció que los procedimientos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor del ordenamiento, continuarían con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos; sin embargo, se hizo la excepción consistente en que, de conformidad con el principio pro persona establecido en el artículo 1° Constitucional, los mecanismos de control jurisdiccional ahí previstos, se aplicarían a todos los procedimientos de ejecución desde su entrada en vigor, con independencia de que éstos hubieran iniciado con anterioridad a la misma. Lo que implica que estos mecanismos de control judicial, aun regidos por los principios que instrumentan el sistema procesal penal acusatorio, pueden y deben ser aplicados en favor de todos los internos, sin que para ello importe si fueron o están siendo juzgados conforme a las reglas del procedimiento penal tradicional. Medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como se adelantó, la causa de improcedencia que se estima actualizada, es la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no agotó el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, mediante el cual la situación de hecho que reclamó de la autoridad penitenciaria, pudo haber sido modificada. En efecto, la citada fracción regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo. Así, ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. En el presente asunto, el amparista reclamó que las autoridades responsables determinaron mantenerlo segregado y aislado de la población en general, confinado a los límites de su estancia, sin salir al patio, ni tener actividades, ni comedor, ello por sesión de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, celebrada por el Comité Técnico del citado Centro Penitenciario, imponiéndole diez días de restricción de tránsito al interior del Centro Penitenciario, ello por faltar a lo establecido en el artículo 40, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y del diverso 75, fracción XXIII, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Sin embargo, ese acto reclamado admite un medio de defensa cuya tramitación está prevista en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio del cual pudo ser modificado el cual establece: 48. Impugnación de Resoluciones.- Las resoluciones del Comité Técnico se Impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el juez de ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas. Hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el centro penitenciario. Establecido lo anterior, se concluye que en contra del acto reclamado por la parte quejosa, en tanto que acontece en el marco del procedimiento penal instruido en contra del quejoso que permanece interno, es de naturaleza formalmente jurisdiccional; por ende, procede el medio de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "impugnación de resoluciones". A mayor abundamiento, se toma en consideración lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis sobre procedimiento para que personas privadas de su libertad reclamen omisiones a sus condiciones de internamiento, pues en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, determinó que las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, porque dicha ley prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además el citado mecanismo ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. Asimismo, establece la posibilidad de apelar la determinación del juez en caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo de control establece que cuando el acto omiso constituya un caso urgente, el interno tendrá la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es un acto omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones positivas correspondientes. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Por tanto, al no haberse hecho valer dicho mecanismo de control en contra de la situación de hecho combatida durante el procedimiento judicializado de ejecución, es inconcuso que no se satisfizo por la parte amparista el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, consistente en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada. Además, cabe aclarar que el presente asunto no se encuentra en algún supuesto de excepción para agotar los medios de defensa ordinarios, ya que, aun cuando deriva de un asunto de naturaleza penal, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte directamente la libertad personal del quejoso. Precisando, además, que el hecho de que con el acto que se pretendió reclamar a las autoridades, pudiera llegar a afectarse algún derecho sustantivo del quejoso, ello no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que, como ya se vio, no se surte ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al haber sobrevenido la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 del mismo ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XVIII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 413/2018, promovido por Rolando Monsiváis Treviño, por las consideraciones vertidas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio enviado por el Titular del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, mediante el cual informa que se adhiere a las constancias exhibidas por el Director General de dicho centro penitenciario, ello en relación con la copia certificada del acta administrativa relativa a la primera sesión del Comité Técnico, de dieciocho de junio del año en curso, en la que se impusieron al quejoso ********, diez días de restricción de tránsito al interior del Centro Penitenciario y memorando CFRS9/G/1136/2018; asimismo comunica que por la tramitación del presente juicio se suspendió la ejecución del correctivo disciplinario, ello hasta en tanto se emita resolución en el mismo; de lo anterior toma conocimiento este juzgado, y se tomará en cuenta al momento de la audiencia constitucional de conformidad con lo establecido por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Rogelio Sandoval Sandoval954/2023
- Rogelio Sierra Martínez273/2019
- Rolando Monsivais Treviño y Otros.1032/2016
- Rolando Monsivais Treviño111/2018
- Rolando Monsivais Treviño y Otros.1033/2016
- Rolando Monsivais Treviño1024/2016
- Rolando Monsivais Treviño y Otros.1064/2016
- Rolando Monsivais Treviño515/2016
- Rolando Monsivais Treviño945/2016
- Rolando Monsivais Treviño y Otros.1042/2016
- Rolando Monsivais Treviño578/2016
- Rolando Monsivais Treviño233/2018