Rolando Monsivais Treviño
Expediente 1024/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rolando Monsivais Treviño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del proveído de trece de enero de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, por haberse decretado la suspensión de plano a la parte quejosa. Entonces, luego de tres años podrá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General Conjunto 1/2009. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de enero de dos mil diecisiete. Vista la constancia levanta por la actuaria Judicial adscrita, se advierte que en la diligencia de once de enero de dos mil diecisiete, ante su presencia el quejoso *******, desistió de la demanda de amparo a que este asunto se refiere; en esta medida, es procedente tener al quejoso por desistido del presente juicio, sin ser necesaria su ratificación, pues esta ocurrió ante la presencia de un funcionario judicial que goza de fe pública. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente juicio respecto de dicho quejoso contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", Encargado del Departamento de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte y Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte, por desistimiento expreso de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, consultable en la página 240, del Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de enero de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1024/2016-III. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes les reclamó: ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como ordenadoras les reclamo en forma concreta: LA ORDEN INMOTIVADA E INFUNDADA ORDEN DE PROPORCIONAR AL SUSCRITO UNA PORCIÓN LIMITADÍSIMA DE ALIMENTO, así como la falta de atención medica por el especialista en nutrición, consistente en que en la toma de mis alimentos, se me proporciona una limitadísima porción de alimento, con lo que se pone en peligro mi integridad física ya que debido a ello tengo constantes dolores de cabeza y desvanecimientos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, la demanda de amparo se registró con el número 1024/2016-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la omisión de proporcionarle la atención médica necesaria a sus padecimientos de salud derivados de la orden de suministrarle una porción limitada de alimento. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, El Consejo Técnico Interdisciplinario y el Titular y/o Encargado y/o Jefe del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, ubicados en esta ciudad, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante que les fue oportunamente requerido, como se desprende de la constancia de notificación agregada a foja (14). Por lo tanto, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se reclama a dichas autoridades, consistente en la omisión de proporcionarle la atención médica necesaria a sus padecimientos de salud derivados de la orden de suministrarle una porción limitada de alimento. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinado todo lo anterior y toda vez que no se advierte que exista diverso motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que el que suscribe advierta de oficio, se procede al estudio de los motivos de inconformidad que adujeron los quejosos, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, ya que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta vinculada a los planteamientos de ilegalidad o inconstitucionalidad efectivamente planteados. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis de los actos reclamados. Como se estableció en el considerando segundo, el quejoso reclamó de las autoridades responsables la omisión de proporcionarle la atención médica necesaria a sus padecimientos de salud derivados de la orden de suministrarle una porción limitada de alimento. Ahora bien, dichos actos se presumieron ciertos ante la falta de informes justificados de las autoridades responsables, como se indicó en el considerando tercero, actos que resultan, en sí mismo y directamente, violatorios de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es lo previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Se afirma lo anterior, pues los artículos 1º, primer párrafo, 4º, cuarto párrafo y 18, segundo párrafo, Constitucionales, disponen lo siguiente: 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.) 4o. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 18. (.) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. De la interpretación conjunta de tales normas, se desprende que toda persona, en los Estados Unidos Mexicanos, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, entre los cuales se encuentra el derecho humano a los servicios de salud proporcionados por el Estado Mexicano, concurriendo para ello la Federación y las Entidades Federativas, el cual desde luego, es inherente a los internos en Centros de Readaptación, por su sola condición de personas, pero además, el derecho humano a los servicios de salud está expresamente incluido en la organización del sistema penitenciario (entendiéndose, claro está, que aun cuando un interno no esté compurgando alguna pena de prisión, tiene derecho a los servicios de salud). Por lo tanto, si el quejoso dice presentar padecimientos que requieren atención médica e incluso se encuentran relacionados con la porción limitada de alimento que se le proporciona, sin que, hasta la fecha hayan demostrado las autoridades responsables haberlo atendido pertinentemente a pesar de las solicitudes que ha realizado en ese sentido el quejoso, lo procedente es conceder al quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal, para lo siguiente: Para que las autoridades responsables consideren qué medidas son más convenientes para brindar al quejoso, el trato médico apropiado a sus padecimientos derivados de la orden de suministrarle una porción limitada de alimento; y atento a los resultados, suministre los medicamentos, alimentos e insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. En caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guardan reclusión los quejosos, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar bajo su estricta responsabilidad, las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde puedan recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a sus padecimientos. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2º.P. J/2 (10ª.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 1966, del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2011012, del rubro y texto: DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento. SEXTO. Dado que las autoridades responsables Director del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, El Consejo Técnico Interdisciplinario y el Titular y/o Encargado y/o Jefe del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, ubicados en esta ciudad, fueron omisas en rendir su informe con justificación, a pesar de estar debidamente notificadas, lo procedente es imponerles una multa a cada una consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos cero centavos moneda nacional), con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo; sin que en el caso se motive la imposición de dicha sanción, toda vez que es la mínima establecida por la ley; lo anterior, en términos de la Jurisprudencia 2ª./J. 127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: MULTA FISCAL MÍNIMA, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Multa que deberá hacerse efectiva al causar ejecutoria la presente resolución, a través del Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, debiéndole girar el oficio respectivo con copia de la presente resolución, en la inteligencia que la multa se impuso a las personas físicas que el día siete de diciembre de dos mil dieciséis, ocupaban los cargos de Director del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, El Consejo Técnico Interdisciplinario y el Titular y/o Encargado y/o Jefe del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, ubicados en esta ciudad, fecha en que fue recibido el acuerdo por medio del cual se les ordenó lo rindieran, a fin de que este Juzgado Federal estuviera en aptitud de resolver el juicio que nos ocupa (foja 23 del juicio de amparo). Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en el juicio de amparo *******, respecto de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, para los efectos indicados en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Se impone una multa a las autoridades responsables Director del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, El Consejo Técnico Interdisciplinario y el Titular y/o Encargado y/o Jefe del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, ubicados en esta ciudad, en los términos indicados en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la constancia de notificación actuarial de cuenta, de la que se advierte que el directamente agraviado **********, ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre por ************, por lo que respecta al acto consistente en la orden de proporcionar una porción limitada de alimento al quejoso, así como la omisión de proporcionarle atención médica, por un especialista en nutrición. Por ende, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ************a. Doy fe.
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