Rolando Juárez Muñoz

Expediente 1305/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1305/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
19/10/2017

Partes del expediente

  • Rolando Juárez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1305/2017-II-B; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito recibido el veinte de agosto de dos mil diecisiete por el Secretario encargado de guardia de este Juzgado de Distrito; Rolando Juárez Muñoz, por conducto de Humberto González Arochi, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. SEGUNDO. Una vez desahogada la prevención inicial, por auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda, luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional términos del acta que antecede. Asimismo, en al acta de audiencia que antecede se hizo efectivo el apercibimiento con el que fue conminado el quejoso en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, por lo que no se tuvo como autoridad responsable al Oficial Calificador adscrito al Segundo Turno de la Oficialía Calificadora Municipal de Metepec, Estado de México. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto a una autoridad administrativa, cuya ejecución tendría verificativo dentro del territorio en que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México: El arresto administrativo y privación de la libertad derivado del operativo denominado "Alcoholímetro". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Dicha certeza se adminicula con la copia certificada de diversas actuaciones de las que deriva el acto reclamado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. No obstante, resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación expuestos, ya que se advierte, de oficio, una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente a cualquier otro tema, de conformidad con lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, éste órgano de control constitucional estima que el presente sumario deviene improcedente, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por las razones que se enseguida se exponen. Los numerales en comento disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: - - - [.] - - - II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: - - - [.] - - - III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; - - - [.]". En efecto, en proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se le hizo saber al peticionario de garantías, el derecho y término que se le concedía, para ampliar su demanda, en virtud de que de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, se advirtió la injerencia del Oficial Calificador adscrito al Segundo Turno de la Oficialía Calificadora Municipal de Metepec, Estado de México, en el acto reclamado, pues esta autoridad fue la que formuló la orden de arresto administrativo en contra del quejoso. Apercibido, que para el caso de no hacerlo, se seguiría el procedimiento, sólo por las autoridades responsables que hubiesen sido emplazadas. Proveído que se notificó al quejoso, el veinticuatro de agosto del año en curso (foja 15 vuelta). No obstante lo anterior, la parte quejosa omitió desahogar la vista ordenada, y, por ello, en el acta de audiencia que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento y en consecuencia, no se tuvo como responsable al Oficial Calificador adscrito al Segundo Turno de la Oficialía Calificadora Municipal de Metepec, Estado de México, que fue quien emitió la orden de arresto administrativo. En consecuencia, al no haber sido designada como autoridad responsable el Oficial Calificador adscrito al Segundo Turno de la Oficialía Calificadora Municipal de Metepec, Estado de México, y por ende, al no ser llamada a juicio, es evidente que no estuvo en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos, es decir, de defender la orden reclamada, decretada en contra del quejoso; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizar dichas cuestiones que es la parte medular, para determinar si se violó en su perjuicio sus garantías constitucionales. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número VI. 3o. J/44 que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 8ª Época, Febrero de 1994, página 67, Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal.". Por lo que, no se puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de garantías, decidirse sobre actos de ésta autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo para emitir sus actuaciones. En lo conducente, tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 5ª Época, Tomo LXXXVIII, página 2572, que versa: "SOBRESEIMIENTO. Procede el sobreseimiento, por no haberse acreditado la existencia del acto reclamado, en los términos precisados en la demanda, si el acto reclamado emana de una autoridad que no fue designada como ordenadora, sino como simple ejecutora, y no reclamándose directamente de quién emana, única, que pudo defenderlo, sino de la autoridad ejecutora, no puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de garantías, decidirse sobre actos de esa otra autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo; por tanto, solicitada la protección federal contra autoridad distinta de la que ordenó el acto, la sentencia solamente podría ocuparse de los vicios de ejecución.": A mayor abundamiento, cabe precisar que en el juicio de amparo, se suscita en una controversia entre el quejoso y la autoridad o autoridades responsables y, por lo mismo, tienen que ser éstas designadas para que sean oídas y darles oportunidad a que justifiquen o intenten justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado o no alguna garantía constitucional y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa si no se designa a las autoridades de quien realmente han ordenado los actos que se reclaman, no puede resolverse sobre la constitucionalidad de estas, por tanto, se debe sobreseer en el amparo cuando se incurra en tal omisión. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVIII, página 206, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita entre el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión.". Así como la tesis sustentada por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVIII, página 1194, que cita: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA.- Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por lo tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos.". Atento a lo asentado en líneas precedentes, se aprecia que se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice que se tenga por cierto el acto reclamado al Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, puesto que tal como se desprende de su propio informe se trata de una autoridad meramente ejecutora, en tanto que no es posible, conforme a las disposiciones que norman el juicio de garantías, decidirse sobre actos de esa otra autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo; por tanto, solicitada la protección federal contra autoridad distinta de la que ordenó el acto, la sentencia solamente podría ocuparse de los vicios de ejecución. Lo anterior, sin que haya obligación de aplicar la suplencia de la queja a favor del quejoso, ya que ésta sólo puede aplicarse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que ha habido en contra el mismo, una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse por la solicitante de amparo en el señalamiento de las autoridades responsables. Tiene aplicación al respecto el criterio que sostuvo la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, página 236, en la tesis 2a. LV/95, que dice: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables.". En esa tesitura, al haberse actualizado las causales de improcedencia antes precisadas, resulta innecesario realizar un estudio de los demás motivos de improcedencia planteados por la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México. Por tanto, al haberse actualizado las causales de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rolando Juárez Muñoz, a través de Humberto González Arochi, respecto de los actos señalados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe. El Juez El Secretario

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba prevista para celebrarse a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de la presente anualidad; sin embargo, mediante los comunicados veintisiete (27) y veintiocho (28), de veinte y veinticuatro de los actuales, respectivamente, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal hizo de conocimiento que suspendió las labores de sus diversos órganos jurisdiccionales en el Estado de México, y se reanudan el veintiséis del mes y año en curso; en consecuencia, como no se estuvo en aptitud de celebrar la audiencia se difiere y en su lugar se fijan las doce horas con cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, para su celebración.

  4. Principal

    Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados a los designados. De conformidad con el artículo 119 de la citada legislación, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas que adjunta dada su propia y especial naturaleza, mismas que serán consideradas al resolver en definitiva.

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