Rogoberto Martínez Pérez
Expediente 1926/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1926/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/02/2017
Partes del expediente
- Rogoberto Martínez Pérez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual acusa recibo de las actuaciones del juicio de amparo 1926/2016-III-A; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada, asunto al que radicó con el número de amparo 4/2017-NA. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN Vista la demanda con la que se da cuenta, suscrita por Rigoberto Martínez Pérez, regístrese bajo el número 1926/2016-III-A. ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: . reclamo el ORDENAR Y PRETENDER PRIVARME DE MI LIBERTAD PERSONAL dentro de la Carpeta de Investigación Número 2388/2016 (del índice de la Fiscalía VII de la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, decretando ORDEN DE APREHENSIÓN, COMPARECENCIA, CITACIÓN Y/O DETENCIÓN. INCOMPETENCIA Toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal de estudio preferente; derivado de un análisis integral que este Juzgador, realiza de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda por razón de territorio y determina remitirla con sus copias al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno. Los referidos numerales 37 y 48, de la Ley Reglamentaria de la Materia, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." En efecto, del análisis del precepto 37 invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se hubiese presentado la demanda. En el caso que nos ocupa el acto reclamado, como se precisó en párrafos anteriores lo es: "reclamo el ORDENAR Y PRETENDER PRIVARME DE MI LIBERTAD PERSONAL dentro de la Carpeta de Investigación Número 2388/2016 (del índice de la Fiscalía VII de la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, decretando ORDEN DE APREHENSIÓN, COMPARECENCIA, CITACIÓN Y/O DETENCIÓN". Así, en el apartado relativo a los antecedentes manifestó: " Agentes de la Policía Ministerial se presentaron en mi domicilio particular con el propósito de privarme de mi libertad, sin expresar el motivo que tengan para ello, quienes afirmaron traer consigo una supuesta orden de detención y como no me encontraba fue la razón que no pudieron detenerme, por lo que ahora me veo en la necesidad de manterme oculto en mi domicilio". Por otro lado, el amparista también informo que su domicilio se encuentra en: "A).- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- El quejoso directo lo soy el suscrito RIGOBERTO MARTÍNEZ PÉREZ, quien tengo como domicilio actual el ubicado en calle sin nombre, de la Localidad "El Quinte", perteneciente al Municipio de Chapa de Mota, Estado de México". Es decir fuera de la jurisdicción de esta autoridad; por tanto, el suscrito estima conveniente remitir la demanda como lo establece el artículo 48 de la Ley de la materia, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, para que dentro del plazo legal, manifieste si acepta o no su conocimiento; solicitando el acuse de recibo. Sustenta esta determinación por analogía, la jurisprudencia 72, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, impresa en la página 46, del tomo 78, junio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material." De igual forma la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, tomo 66 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 238543, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." Y la tesis aislada emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, tomo 217-228 Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 245025, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." A lo anterior, no es óbice que el quejoso haya señalado como autoridades responsables en su carácter de ejecutoras al Comisario General de la Policía Ministerial y al Coordinador de la Policía Ministerial de la Zona Norte del Estado de México, adscrito al Centro de Justicia Región Atlacomulco, los cuales residen dentro de la jurisdicción de este juzgado; sin embargo, como ha quedado plasmado, la presente determinación se funda en que inexiste dato alguno que permita considerar que los actos tildados de inconstitucionales tendrán su ejecución dentro de la competencia de este juzgado, pues es el propio quejoso quien especifica el lugar en que se pretenden ejecutar los actos reclamados. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Practíquense las notificaciones a la parte quejosa en el domicilio que señala para tal efecto. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.
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