Rolando Castro Perea

Expediente 688/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
688/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Rolando Castro Perea

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve emitido en el juicio de amparo número 688/2019-1B, con el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rolando Castro Perea; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo y previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso, y no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el once de noviembre de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ROLANDO CASTRO PEREA, EL AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el escrito firmado por Jesús María Miranda Higuera, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de doce de noviembre del año que transcurre. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en Angostura Sinaloa. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Integral de los Penal. Agente del Grupo Pegaso de la Policía Ministerial de Investigación, Adscrito a la Zona Centro Norte del Estado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Agente del Ministerio Público Federal. Directora del Centro Penitenciario Región del Évora, con sede en Angostura Sinaloa. ACTOS RECLAMADOS: A la autoridad responsable señalada como JUEZ SEPTIMO DE DISTRITO, le reclamo la emitida sentencia de fecha 09 de octubre del año 2019 del juicio de garantías número 491/2019, donde sobresee el juicio y bajo protesta de decir verdad no he sido notificado aquí en el centro penitenciario señalado con antelación donde me encuentro supe apenas por conducto de mi abogado que checo el acuerdo en el portal de internet y bajo protesta de decir verdad y como se desprende en los autos del juicio de garantías en mención 491/2019 como en el de incidentes, al interponer el recurso de queja interpuesto por el suscrito con fecha 03 de octubre del 2019, en contra de los autos del día 17,19,23,.26 de septiembre de 2019, manifestando que no fui legalmente identificado a las audiencias y ofrecí el domicilio provisional donde estoy en prisión preventiva oficiosa vinculado a proceso por los delitos de violación, lesiones agravadas y privación de la libertad, manifestando c. juez bajo protesta de decir verdad que no existen los elementos para tal vinculación y por ende han violado mis derechos constitucionales, así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que también tengo promovido el recurso de queja en el multicitado juicio de garantías 491/2019 el cual se envió al tribunal colegiado de circuito con sede en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, donde interpongo recurso en cuanto a las audiencias incidentales como la constitucional del juicio que no fui notificado y solicito la nulidad de tales actuaciones porque mi deseo es hacer uso de mis derechos de ser oído y vencido en juicio ya que el suscrito jamás he cometido un acto ilícito y he tratado un sin número de veces de explicar la manera de que se me violo tal derecho con unos actos de crueldad por parte de las autoridades. En dicha sentencia del juicio de garantías número 491/2019 que promoví ante el juzgado séptimo de distrito la cual anexare a la presente para que surta los efectos legales que dé lugar se me señala lo estipulado, en el art 74 fracción I de la ley de amparo y lo establecido por la tesis de jurisprudencia número p./j.40/2000, sustentada por el pleno de la suprema corte de justicia de la nación publicada en la página 32, tomo: XI Abril de dos mil, novena época, del semanario judicial de la federación y su gaceta , del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, este alto tribunal ha sustentado el criterio de que el juzgador debe interponer el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que la conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la ley de amparo". AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD INTEGRAL DE LO PENAL.- de esta autoridad ordenadora reclamo las violaciones a mis derechos de lo derivado de la orden de aprehensión solicitada en mi agravio, basándose en una denuncia infundada donde se me señala como presunto responsable de los delitos graves mencionados anteriormente y por ende se entiende que por la gravedad de los supuestos de Litis me tienen privado de mi libertad y no puedo pelear una salida alterna, ya que dicha autoridad solicito la orden de aprehensión en mi contra aun sabiendas del requerimiento al informe previo girado por el C. JUEZ SEPTIMO DE DISTRITO, siendo de ese momento violado uno de mis derechos fundamentales el derecho de mi presunción de inocencia y mi derecho de ser oído y vencido en juicio así como se me violo mi derecho de no ser exhibido en la prensa y señalado como culpable y el de igualdad ante la ley. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL: de esta autoridad reclamo el ordenamiento a ejecutar orden de aprehensión girada en mi contra y así Mismo reclamo la inobservancia violatoria hacia mi persona prejuzgándome como culpable, violentando el debido proceso que me otorga la ley, violentándome, mi presunción de inocencia y el de igualdad de las partes violado el principio de igualdad de ley estipulado en el artículo 10 del código nacional de procedimientos penales. AGENTE DEL GRUPO PEGASO DE LA POLICIA MINISTERIAL DE INVESTIGACION, ADSCRITO A LA ZONA CENTRO NORTE DEL ESTADO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA: De esta autoridad le reclamo agravios en mi perjuicio derivados de la ejecución de orden de aprehensión girada en mi contra en la cual no dio observancia a mis derechos humanos que me otorga la constitución, en dicho juicio de garantías mencionado con antelación ya que se me concedió una SUSPENCION PROVICIONAL DEL ACTO RECLAMADO, la cual no se me respeto al momento de mi detención manifestando los agentes que era delito grave y no procedía señalándome y tratándome desde ese momento como culpable, así mismo mi abogado trato el tema con los agentes y de igual forma no tomaron atención inmediatamente después de mi captura y de la negación de los agentes mi abogado elaboro un escrito en el cual anexo al mismo la suspensión en mención dirigida a la juez de control y enjuiciamiento, haciéndole las manifestaciones correspondientes. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO DIRECTORA DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA le reclamo la violación de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 18 constitucional donde claramente expresa que los que tengamos la medida cautelar de prisión preventiva debemos tener espacios propios y no estar con los reos que estén purgando una sentencia condenatoria. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA, C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, le reclamo las múltiples acciones fraudulentas -de proceso y violatorias con las inobservancias a los requerimientos realizados por el juzgado séptimo de distrito, ocultando que desconocía mi situación así como la inobservancia y la evasión a debatir sobre dicha suspensión provisional del juicio 491/2019 en las audiencias donde se me formulo imputación como donde se me vinculo a proceso, de igual forma el escrito elaborado por mi abogado y le fue presentado por medio del buzón judicial el cual hizo caso omiso y el cual no obra en autos. Cuyo escrito fue hecho a mano, en puño y letra de mi abogado el C. LIC. JESUS MARIA MIRANDA HIGUERA, al momento que los agentes captores no dieron vista al detalle de la suspensión del amparo procedió a elaborar dicho escrito que deposito al buzón judicial motivo por el cual no se acompaña la copia correspondiente para acreditar tal situación. Razón por la cual en la audiencia de vinculación a proceso con fecha 25 de septiembre del 2019, al no debatirse tal tema y el auto de vinculación a. proceso se me fue otorgado fue por lo que en la apelación de dicho auto de vinculación se anexo la suspensión provisional en mención para hacerle saber al C. MAGISTRADO del tribunal de alzada en turno sobre tal situación de el sin número de violaciones al debido proceso en mi contra. GARANTIA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICION. La garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento..." implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata. En escrito aclaratorio reclama: "ACTOS RECLAMADOS A ESA AUTORIDAD ES LA VINCULACIÓN A PROCESO CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE, con una denuncia carente de elementos probatorios y de abundante contenido contradictorio de la tercero interesado, para que el quejoso ROLANDO CASTRO PEREA fuese vinculado y por ende otorgándole la prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal 421/2019 por los delitos de violación privación de La libertad personal y lesiones dolosas, sin reunir elementos probatorios para tal acusación de esa magnitud. Misma vinculación como se me hace requerimiento manifiesto bajo protesta de decir verdad a usted C. JUEZ que se interpuso apelación a la vinculación a proceso dictado el día 25 de septiembre dentro de la causa penal 421/2019 dicha apelación en mención está ya presentada y admitida en el TRIBUNAL DE ALZADA DE LA ZONA CENTRO CON SEDE EN CULIACÁN, SINALOA, el cual está ya en resolución, mañana vence el término de los tres días que se dan para adherirse o contestar los agravios y solicitando en una segunda instancia que dicte el auto de no vinculación a proceso, como repito C. JUEZ de distrito dicha causa penal 421/2019 en mención esta carente de elementos probatorios además esta vinculación se hizo a base de vicios y violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales del quejoso negándole, su derecho de defensa consagrado en la constitución de ser oído y vencido en juicio negándole el derecho de recibir notificaciones que le correspondían de ley, usando una estrategia fraudulenta, en el informe previo que solicitada el juez séptimo de distrito, en el juicio de garantías 491/2019 promovido por el quejoso. Es por ello y por lo antes narrado a esta autoridad C. JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LE RECLAMO la modificación, anulación de la medida cautelar que interpuso en mi contra y dictar EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. HECHOS O ABSTENCIONES CONSTITUTIVOS DEL ACTO RECLAMADO: I.- Con fecha 17 de agosto del presente año me encontraba en la localidad san Antonio municipio de Guasave y recibí una llamada que policías estaban preguntando por mi en mi domicilio ubicado en pinos y cedros colonia jardines del valle Guasave Sinaloa, Cosa que me consterno ya que bajo protesta de decir verdad no he cometido a la fecha delito alguno, minutos después me habla mi señora esposa LUZ ANGELINA CERVANTES FIERRO reclamándome ya que en un portal de internet del noticiero línea directa aparece una nota donde me señalan como violador y que lesione con crueldad usando medios de tortura a la tercera perjudicada arriba señalada, situación que pensé que se trataba de algún tipo de broma de muy mal gusto ya que la tercera perjudicada en efecto un día antes estuvo afuera de mi domicilio arriba señalado donde tenía días haciéndome escenas de celos y gritándome cosas para evidenciar con mi esposa que tuvimos una relación sentimental meses atrás y desde que decidí terminar la relación no a dejado de molestar en mi domicilio como en cualquier lugar de los que coincidimos ya que somos originarios del mismo rancho de la localidad san Antonio municipio de Guasave Sinaloa, pero ya esta vez sus actos llegaron demasiado lejos jamás pensé que aria una acusación de tal tipo ya que mi esposa llego en el momento que me gritaba cosas de 'afuera del domicilio así mismo mis hijos estaban en el domicilio. Por tal razón mi hermana de nombre CRISTINA CASTRO PEREA me recomienda que me ampare por no ser la de malas y me pone en contacto con un abogado quien inmediatamente promovió el juicio de garantías número 491/2019 ante el juzgado séptimo de distrito donde se me otorgo la suspensión provisional del acto reclamado y se pidió el informe previo a las autoridades que señale como responsables, ya que a decir verdad mi intención jamás fue evadir la justicia si no lo contrario por eso solicite tal protección amparo porque quería comprobar mi inocencia en caso que hubiere alguna orden de aprehensión y quería ser oído y vencido en juicio y se me hacía injusto que una denuncia falsa se me privara de mi libertad, por eso el motivo de tal juicio de garantías por que debido a mi trabajo de operador de tráiler con el cual doy el sustento a mi familia conformada por mi esposa y tres menores hijos de 6 meses 14 años y 17 años, estos últimos estudiando secundaria y preparatoria y la bebe 'ocupa cuidados atenciones y esta situación deja desamparada a mi esposa con Liba carga muy fuerte para ella sola y repito quería hacer valer mis derechos y ser oído y vencido en juicio, si en caso que se me fuese señalado en los informes que se les solicito a las autoridades que señale como responsable, ya que como hice mención soy una persona que tiene una familia y jamás trataría de evadir la justicia. Dicho juicio de garantías como la suspensión provisional otorgada el día 22 de agosto del 2019 como la sentencia dictada por el juez 'séptimo de distrito acompañare copias simples para lo que usted c. juez considere preminente. II.- Se gira la solicitud a las autoridades señaladas como responsables y se cita a la audiencia constitucional el día 28 de agosto la cual se difiere por ausencia de las partes y es un día después el día 29 de agosto que rinden el informe dichas autoridades en mención donde ninguna acepta el acto reclamado, manifestando que no hay autoridad que cite a tal petición que después de una búsqueda detallada en el sistema no se encontró nada en mi contra, situación que me lleno de tranquilidad manifestando que tal informe fue con fecha 29 de agosto del 2019 realizado por la juez de primera instancia de control y enjuiciamiento penal la C. LIC. IRMA GUADALUPE GUTIÉRREZ LOPEZ, y de igual forma anexare copia de la acta de audiencia privada realizada el mismo día por la misma autoridad junto a las autoridades de la fiscalía del mi ministerio publico donde se gira una orden de aprehensión en mi contra en la causa penal número 421/2019 , en tal informe no señalo la juez que con fecha 17 de agosto se seguía una carpeta de investigación GUAS/AIVMFG71879/2019, la cual de igual forma anexare, para que surta los efectos legales correspondientes en tal carpeta de investigación se evidencia las actuaciones tan carentes de profesionalismo carente de contenido de veracidad en unos hechos fantasiosos y contradictorios de la tercer perjudicada y de una manera u otra apoyada por el ministerio publico dándole toda credibilidad a los hechos que repito están carentes de credibilidad, en tal reporte no quedan claro la hora en los respectivos sellos la hora que se recibió y la que se expidió, por ende considera el suscrito como es evidente la estrategia de usar a su favor lo estipulado en artículo 63 fracción IV de la ley de amparo para sobreseer el juicio debido a que el quejoso no manifestara lo contrario a la negación de responsabilidades en los informes de las autoridades que señale como responsables, en evidencia quedo la manera tan baja de negarme el derecho de la protección de justicia federal usando esa estrategia tan baja y violatoria de mis derechos ya que posteriormente a los citados requerimientos y notificaciones del juzgado séptimo de distrito, firmaba la juez antes señalada donde le informaban las audiencias, incluso ya estando yo detenido no se me notificara mi derecho de asistir a las audiencias incidentales como constitucionales para hacer valer mi derecho y se me dejara de tener como autoridades responsables a las mismas porque una vez enviado los informes justificados va la tercera perjudicada y su señora madre y hacen manifestaciones ante la fiscalía y tomándole una declaración a su menor hijo de 2 años 8 meses cuyo testimonio carece de toda legalidad y veracidad, por ende tales manifestaciones eran con la única intención de que la fiscalía solicitara mi orden de aprehensión y tal estrategia era la de que el suscrito me confiara y pasara lo que al momento está pasando y evitar que fuese notificado en las audiencias del juicio de garantías y para que de ese modo se dictara una sentencia por el C. JUEZ SEPTIMO DE DISTRITO, EL C. LIC. JOSE FRANCISCO PEREZ MIER, donde por motivo de mi ausencia sobresee el juicio de garantías ya que la parte quejosa no presento pruebas de lo contrario en las audiencias y manifestando otra vez mas como rendirlo si mi derecho de ser oído y vencido en juicio y mi derecho de la protección de la ley federal fueron violados ya que en estos momentos yo estoy en prisión preventiva oficiosa sin ningún beneficio a una salida alterna, tal como lo es el día que me vincularon a proceso el día 25 de septiembre del 2019 en vez de estar en mi audiencia constitucional ante el juez del séptimo de distrito, la .juez de control, Irma Guadalupe Gutiérrez López a sabiendas de mi situación me formulo imputación y me vinculo a proceso no dando lugar a debatirlo en las audiencias, respectivas incluso al momento de la detención no se me otorgo el beneficio de la suspensión provisional la cual los agentes captores manifestando que no procedía y desaparecieron tal documento dejando al suscrito en un estado de asombro y temor de ser sentenciado por algo que no cometí, anexo copia del expediente de la causa penal número 421/2019 donde se desprenden todas las actuaciones, solo con la finalidad de acreditar los hechos expuestos que dieron lugar a mis ACTOS RECLAMADOS. Dejando en manifiesto que en todos mis actos como en los recursos que he promovido jamás he querido evadir la justicia si no todo lo contrario solo quiero ser oído y vencido en un juicio justo y se me hagan valer mis derechos. III.- No he cometido delito alguno como se probara en el momento oportuno pero como temo ser sentenciado ya que como ya lo manifesté estoy bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es por lo que recurro al amparo y protección de justicia de unión para efectos de que se me otorgue la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva de los actos reclamados donde dicho amparo ,me proteja con el sin número de violaciones cometidas en agravio de mi debido proceso y se ordene a las autoridades a y se proceda conforme derecho.". Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte respecto a los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en concepto de este Juzgador, se actualiza de modo indudable y notorio la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es Improcedente: IX.. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] El citado numeral determina la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen actos emitidos en otro juicio de la misma naturaleza. La causa motivo de estudio tiene como fin evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en un procedimiento de igual origen, sin que ello genere incertidumbre al gobernado, ya que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé los medios de impugnación específicos para el juicio constitucional. Apoya lo expuesto, la Tesis 1ª.LXX/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." En el caso, el quejoso atribuye al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el carácter de autoridad responsable, ya que acude a esta instancia constitucional, en reclamo de la sentencia emitida en fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo número 491/2019, mediante la cual sobresee el juicio, sin haber sido notificado en el centro penitenciario donde se encuentra privado de su libertad. Lo expuesto revela, que el hoy quejoso pretende impugnar a través del amparo indirecto, un acto que tiene su origen en un juicio de la misma naturaleza -amparo contra amparo-; por ende, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia analizada. Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia número XX. J/2, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 259, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCION II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCION DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo.". Asimismo, se comparte la tesis XII.1o.4 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de mil novecientos noventa y seis, página 305, que dice: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo.". De igual forma, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, página 453, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor.". Al igual que la tesis, IV.1o.7 K, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional.". Por lo anterior, ante la existencia de causa de improcedencia notoria e indudable, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Rolando Castro Perea., respecto de los actos que atribuye al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Por otra parte, se advierte que el quejoso reclamó también el auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal número 421/2019, por los delitos de privación de la libertad personal y lesiones dolosas, que atribuye al Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Angostura Sinaloa. De ahí que, el suscrito juzgador considera que en la especie se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que indican lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos fijan los términos para interponer el juicio de amparo indirecto, de donde se aprecia que es improcedente cuándo éste se promueve fuera del plazo de quince días siguiente a aquel en que el quejoso tenga conocimiento del acto que le ocasiona perjuicio; al día siguiente al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado, o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. En ese tenor, se advierte que la intención del legislador fue establecer en forma clara y precisa que el término para la interposición de la demanda de amparo, empezará a computarse al día siguiente al en que se actualice cualquiera de las citadas hipótesis. Tiene aplicación al respecto, por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a./J.30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y seis, del Tomo XXV, Mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En el caso concreto, resulta que la parte quejosa reclama del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Angostura, Sinaloa, el auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal número 421/2019, por los delitos de violación, privación de la libertad personal y lesiones. Asimismo, se tiene que manifestó que al ser vinculado a proceso el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se le otorgó la prisión preventiva. En el entendido de que en la audiencia inicial se encuentra presente el quejoso y conforme a la demanda de amparo el mismo día en que se celebró la audiencia inicial se emitió el auto de vinculación a proceso. En ese orden de ideas, se aprecia que el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo, en los casos como el que nos ocupa, se computará a partir del día siguiente hábil al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación de las resoluciones reclamadas, iniciando así dicho término, en el presente asunto, el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, y concluyó el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, sin contar los días veintiocho, veintinueve de septiembre, cinco, seis, doce y trece de octubre de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Apoya lo considerado, en lo que interesa y por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 4331, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TRATÁNDOSE DEL PROCESO PENAL FEDERAL. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA COMPUTAR EL TÉRMINO DE SU INTERPOSICIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LA NOTIFICACIÓN HAYA SURTIDO EFECTOS, CONFORME A LA LEY DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será el de quince días contados desde el siguiente al en que haya surtido efectos al quejoso la notificación del acto reclamado, remitiendo a la ley ordinaria para determinar en qué momento surte efectos aquélla. Por su parte, el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone: "Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación...". Ahora bien, de la interpretación del precepto transcrito, no se establece de manera expresa cuándo surte efectos la notificación, sino a partir de qué momento empiezan a correr los términos, y como el código adjetivo de referencia no contiene disposición expresa que determine cuándo debe tenerse por hecha la notificación, pero, acorde con lo previsto por el dispositivo legal transcrito, debe entenderse que si al día siguiente de que la notificación se efectúa empiezan a contarse los términos judiciales, resulta evidente que al día siguiente de que la notificación fue legalmente hecha, se debe empezar a contar el término para efectos de la interposición del juicio de garantías.". En ese orden de ideas, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, no se presentó dentro del término de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, dado que se depositó hasta el once de noviembre de dos mil diecinueve, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis; de lo cual resulta, que entre esta fecha y en la que tuvo conocimiento la parte quejosa de los actos reclamados derivado de su notificación, transcurrió en exceso el término genérico de quince días indicado y resulta manifiesta su extemporaneidad. Cabe señalar, que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido cardinal 17 de la Ley de Amparo, en la medida en que no se reclama una ley general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); ni tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que las determinaciones reclamadas fueron dictadas dentro de un procedimiento penal; ni existe incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se realiza la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo derivado de su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley. Determinación a la que se arriba, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 12/2015 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18 (mayo de 2015), Tomo I, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para el juzgador que se actualiza una diversa causal de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Sobre esta causa de improcedencia, es conveniente citar la Jurisprudencia número P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Del precepto legal y criterio jurisprudencial citados, se obtiene que para que se actualice la causal de improcedencia en comento, es necesario que se actualicen tres circunstancias, a saber: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En el caso, se actualiza la citada causa de improcedencia del juicio de amparo, habida cuenta que el impetrante en su escrito refiere: ".bajo protesta de decir verdad a usted C. JUEZ que interpuse apelación a la vinculación a proceso dictado el día 25 de septiembre dentro de la causa penal 421/2019, dicha apelación en mención ya está presentada y admitida en el TRIBUNAL DE ALZADA DE LA ZONA CENTRO CON SEDE EN CULIACÁN, SINALOA, el cual está ya en resolución." Luego, como ha quedado precisado resulta evidente que también en el presente asunto opera la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de la materia, pues además se obtiene que el recurso de apelación es el medio de defensa legal idóneo para conducir a la insubsistencia del acto de autoridad señalado así en el presente juicio de amparo; amén de que, éste puede tener por efecto revocar o modificar la determinación del Juez responsable. Los motivos expuestos, al estar impugnado el mismo acto por el quejoso a través de una vía diversa; pues dicha causal surge a la vida jurídica para que no se ventilen simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma materia o resolución, a fin de evitar que culminen con resoluciones contradictorias. Finalmente, respecto a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Integral de lo Penal y Agente del Grupo PEGASO de la Policía Ministerial de Investigación, Adscrito a la Zona Centro Norte del Estado de Sinaloa de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, resulta notoriamente improcedente, pues, en el caso, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable." De dicho precepto se destaca que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclaman, se han realizado, en forma total, todos sus efectos, lo que hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional; al respecto, cabe señalar que el numeral 77 de la Ley de Amparo, contiene el principio de "restitución o de potencialidad restitutiva" que deben tener las sentencias que concedan el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por consiguiente, el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando el fallo que, eventualmente, concediera el amparo no pueda tener el efecto de restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos positivos) o bien, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que éste exija (actos negativos). En ese sentido, cabe aclarar que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable a la parte quejosa, no podrían retrotraerse en sus efectos. De modo que, la consumación irreparable referida es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien, aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Es ilustrativa, sobre el tema, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXXXII, página mil cuatrocientos setenta y ocho, de rubro y texto siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad". Por lo tanto, la causal de improcedencia en estudio tiene por objeto que el juicio de amparo cumpla con una finalidad práctica, por lo que éste es improcedente, entre otros casos, cuando la sentencia que, eventualmente, concediera el amparo no pueda tener el efecto de: a) Restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, con motivo de la nulidad del acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven (actos positivos); o, b) Obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que éste exija (actos negativos). Luego, si el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven, lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, en relación con el numeral 77 del ordenamiento en cita, permite sostener que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de sus prerrogativas violadas. En el caso a estudio, el quejoso reclama violaciones a sus derechos derivado de la orden de aprehensión solicitada en su contra y su ejecución, actos que ya fueron consumados, incluso se verificó una audiencia de control de la detención, la cual se determinó legal, asimismo se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que trae como consecuencia que los actos reclamados se consumaron. No para inadvertido que el quejoso alegue que no se le respetó la suspensión provisional del acto reclamado concedida al momento de su detención, "la cual no se me respetó al momento de mi detención manifestando los agentes que era delito grave y no procedía señalándome y tratándome desde ese momento como culpable", de ahí que también se trate de actos consumados. Se concluye que los actos reclamados son la consecuencia de su reclusión al Centro penitenciario Región del Évora, en Angostura, Sinaloa, lo que implica una imposibilidad física, jurídica y material para retrotraer el tiempo, ya que dichos actos son de los considerados consumados de modo irreparable, ya que en un supuesto caso de otorgar la protección constitucional en su contra no se podría lograr restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos, ello en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que no sería factible conceder el amparo y retrotraer el tiempo para que no se realizaran los actos reclamados, porque ello sólo se pudo haber realizado hasta antes del momento en que fueron realizados. De tal suerte que si el quejoso estima que con motivo de los actos reclamados se le ocasionó algún perjuicio en su persona, están en aptitud de hacer valer los medios legales que tienen a su alcance en contra de tales perjuicios, pues se insiste, a ningún fin práctico conduciría que este juzgado analizará la legalidad o ilegalidad de esos actos porque éstos ya se consumaron de modo irreparable. De tal suerte que aún en el supuesto de que se concediera el amparo no podría restituirse a aquéllos en el goce de los derechos fundamentales que estima violados. Por tanto, al concretizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia en estudio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Rolando Castro Perea. Luego entonces, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación a nada práctico conduciría admitir una demanda de amparos notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, las causas de improcedencia previstas en las fracciones IX, XIV, XIX y XVI del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables."

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ROLANDO CASTRO PEREA, EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de cuenta firmado por Rolando Castro Perea, mediante el cual, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 688/2019-1B, a fin de proveer acerca de la posible admisión de la demanda. Ahora, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad por escrito y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes, aclare lo siguiente: Amplíe los antecedentes de los actos reclamados. Precise que acto le reclama a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, con sede en Angostura, Sinaloa; toda vez que del escrito reclama múltiples acciones fraudulentas de proceso sin especificar qué acto en específico le reclama. Indique si reclama el auto de vinculación a proceso de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve en la causa penal número 421/2019 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Angostura, Sinaloa. Asimismo manifieste cual es el estado procesal del recurso de apelación que dice interpuso contra el auto de vinculación a proceso de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Apoya jurídicamente lo que precede la tesis de jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo. Además, robustece lo anterior la Jurisprudencia 1ª./J. 66/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 43 del Tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2010, Materia Común, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA. De los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo seadvierte la obligación del promovente del amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5o., fracción IV, de dicha ley. El incumplimiento de ese requisito lleva al juzgador a prevenir al quejoso para que lo cumpla, y en caso de omisión, debe tenerse por no interpuesta la demanda, salvo los amparos en materia penal en los que la ley hace una excepción sobre el particular. Por tanto, el requisito formal referido no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta, no corresponden a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. Además, los órganos jurisdiccionales no son los únicos con el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados deben acatarlos al pretender ejercer aquel derecho, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse a las formas previstas por el legislador.". Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención impuesta en el término concedido para ese efecto, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 del ordenamiento legal en cita. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, en razón de que no señaló domicilio en esta ciudad, y como sus autorizado para tales efectos en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Jesús María Miranda Higuera y únicamente para oír y recibir notificaciones a Óscar Guadalupe Sandoval Moreno, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

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