Rogelio Muñoz Lomeli

Expediente 242/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
242/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Muñoz Lomeli

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 14551/2023 suscrito por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del asunto; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En otro orden de ideas, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, y por auto de diecisiete de abril del año en curso, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, aceptó la competencia planteada; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó su integración, con motivo de haberse declarado incompetente para conocer del asunto, además, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por ********************, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Fórmese expediente tanto físico como electrónico y anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 242/2023-2. El promovente reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, la dilación en la secuela procesal de la causa penal número 267/2021 que se instruye en su contra por el delito de homicidio calificado, pues refiere que debió acordarse fecha para audiencia de vista desde el mes de enero pasado. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Este Juzgador, estima que el competente para conocer del presente juicio de amparo y a quien, por lo tanto, deberán remitirse los autos a fin de que se avoque a su conocimiento, es el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. En principio, para determinar la competencia territorial, es necesario recurrir a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El dispositivo trascrito establece tres criterios generales para determinar la competencia del juez al que corresponde, territorialmente, conocer del juicio de amparo de que se trate, a saber: a) atendiendo a si éste debe tener ejecución; b) considerando si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y c) tomando en cuenta si el acto reclamado no requiere ejecución material. En la especie, el reclamo se relaciona con la dilación en señalar fecha para la audiencia de vista en la causa penal 267/2021, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, que se le sigue al aquí quejoso por el delito de homicidio calificado, quien aduce que lleva dieciocho años diez meses, lo que afecta sus derechos como imputado y trastoca los principios de celeridad, inmediatez, debido proceso y defensa plena. En esas condiciones, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se despliega el proceso penal del justiciable, aquí quejoso, y no así el del lugar donde se encuentra privado de su libertad, en ejecución de la prisión preventiva, accidentalmente, pues ello puede estar determinado por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, de modo que puede ocurrir que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interno el procesado y posteriormente sea trasladado a otro centro penitenciario. De ahí que no sea el lugar de reclusión el que determine la jurisdicción rectora, cuenta habida de que es una omisión que tiene ejecución material ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita que se contiene en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no se señala alguna autoridad responsable con residencia en el ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. Por identidad de razón, tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, registro digital 2023548, del siguiente tenor: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario.". En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar de radicación del proceso, en observancia de la regla competencial prevista en el párrafo primero del citado artículo 37, que se reproduce en el inciso a) de anterior relación; esto es, atento al lugar dónde trata de ejecutarse, se ejecute o se ejecutó el acto impugnado, esto es, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, en turno, dado que debe observarse la regla competencial prevista en el párrafo primero del citado artículo 37, que se reproduce en el inciso a) de anterior relación. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que fue reformado por el diverso Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, el suscrito Juzgador de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo por razón del territorio y, en consecuencia, se ordena remitir los autos del juicio en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. Solicítese atentamente al juez declinado acuse el recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Gírese atento oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que dentro del plazo de veinticuatro horas informe a este órgano jurisdiccional a qué Juzgado de Distrito se turnó el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo y considerando que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Nor-poniente de Guasave, Sinaloa, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito para el efecto de que notifique el presente acuerdo al impetrante ********************, lo que deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan. En el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo y en caso de que carezca de la documentación idónea deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario en que se encuentra interno el inconforme que nos ocupa, para que proceda a su plena identificación. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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