Roger Eduardo Concha Heredia

Expediente 1643/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1643/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Roger Eduardo Concha Heredia

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En virtud de lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el anexo consistente en el original del juicio ejecutivo mercantil 656/2019 de su índice. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto: se tiene por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio número 6336 de fecha veintiuno de noviembre del año en curso, con el que comunica que causó estado el proveído de seis de noviembre del año en curso, dictado en el amparo directo 623/2019 de su índice, en el que se declaró que dicho Órgano Jurisdiccional carece de competencia legal para conocer la demanda de amparo y ordenó remitirla por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la cual correspondió, por razón de turno, conocer a este Juzgado Segundo de Distrito. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Fórmese expediente, regístrese con el número 1643/2019-IV-A que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Amparo y el diverso 54, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Roger Eduardo Concha Heredia, en contra del acto de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La resolución interlocutoria de doce de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 656/2019, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el justiciable en contra del proveído de uno de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los artículos transcritos se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable, se hace consistir en la resolución interlocutoria de doce de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 656/2019, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el justiciable, a través de su endosatario en procuración, en contra del proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, en el cual se previno al actor para que exhibiera un documento, con el apercibimiento para el caso de incumplimiento que se desecharía la demanda que presentó. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación el quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados internacionales, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia del quejoso, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que el auto de prevención citado, no se considera que cause perjuicio, en tanto no se haga efectivo, por tanto, no constituye un acto dentro de juicio que vulnere derechos sustantivos, sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales, ya que si bien es un acto verificado dentro del juicio, la consecuencia depende de la voluntad del actor del juicio natural para atender la prevención, y por lo mismo, no se ha consumado irreparablemente la violación. Debe precisarse que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una transgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. En tal virtud, explicado lo que antecede, resulta claro que la sentencia interlocutoria de doce de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 656/2019, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el justiciable a través de su endosatario en procuración, en contra del proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, por el requerimiento que se le hizo para que exhibiera su credencial para votar con fotografía, resulta improcedente analizarla mediante el juicio de amparo biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de Registro 161918, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.T. 51 K, en la página 1207, cuyo rubro y texto señalan: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO AL ACTOR PARA RATIFICAR SU ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO COMPARECER, POR SER UN ACTO QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE LAS PARTES. El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo la afectación al interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, es decir, el perjuicio debe ser real, concreto y actual. De este modo, un apercibimiento no puede estimarse como sinónimo de perjuicio, en tanto no se haga efectivo, pues la consecuencia establecida con motivo de esa medida de apremio puede ejecutarse o no, ya que ello depende de la conducta asumida por la parte requerida. En este contexto, el requerimiento dirigido al actor para que se presente a ratificar su escrito de desistimiento de la acción, con apercibimiento de continuar con el procedimiento en caso de no comparecer, es un acto que no genera un agravio concreto y actual que afecte el interés jurídico de las partes, en particular, de la demandada, toda vez que la prevención relativa está supeditada a la voluntad del actor y no a una imposibilidad jurídica o material que no pueda cumplimentar la parte demandada. Consecuentemente, contra el proveído que contenga el requerimiento al actor para ratificar su escrito de desistimiento de la acción, con apercibimiento de continuar el procedimiento en caso de no comparecer es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del invocado numeral en correlación con el diverso 74, fracción III, del citado ordenamiento legal, lo que conduce a sobreseer en el juicio de amparo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de Registro 2006338, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.), en la página 1539, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AÚN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Roger Eduardo Concha Heredia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa y regístrese.

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