Roger Armando Sánchez Esquivel
Expediente 790/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roger Armando Sánchez Esquivel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se realizó a la parte que le pudiera causar perjuicio por lista de estrados el día veintinueve de junio del año en curso; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en sus primer y segundo puntos resolutivos, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno incidental respectivo, adjuntándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en dicho numeral, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la sentencia a la autoridad responsable foránea, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del veintiocho de junio de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la comparecencia de las partes. Acto continuo, se hace relación de todas y cada una de las constancias que integran los autos, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, por rendidos los informes justificados de las responsables, los cuales se ordenaron agregar con conocimiento de las partes. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con las documentales y presuncional en su doble aspecto que relacionó la parte quejosa en su escrito de demanda, así como en su diverso escrito con número de registro 9904; asimismo, se da cuenta con las constancias remitidas por la responsable Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, junto con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las probanzas descritas, mismas que se tienen por desahogadas para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al no existir pruebas pendientes por desahogar, el Juez declara CERRADO EL PERÍODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con el pedimento 324/2023 presentado por el agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado; y certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de cuenta y por hecha la certificación de la secretaría que antecede. Con lo anterior, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 790/2023-V-B, promovido por ********************, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado ese propio día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 49, en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de la Litis. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: La retención del vehículo automotor de la línea CHEVROLET, CHEVY, cinco puertas, modelo dos mil cuatro, con número de serie 3G1SF616X4S2000775, con placas YZY-031-E. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso, toda vez que así lo manifestó al rendir su correspondiente informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, al no demostrarse la existencia del acto reclamado a dicha autoridad, se sobresee en este juicio respecto a la misma, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/18 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 154, Octava Época, Tomo 19-21, Julio-Septiembre de 1989, con número de registro 803111, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Así como la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, página 627, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, con número de registro 227634, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública, Departamento Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública, Atención Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Pública, Dirección de Servicios Viales de la Secretaria de Seguridad Pública, Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como respecto a las señaladas como Base Pescador de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Comandante en turno de la Base Pescador de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, estas con sede en Progreso, Yucatán; toda vez que así lo manifestó el Director Jurídico por sí y en su representación, al rendir su informe justificado. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el dispositivo 5º, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" El primer precepto trascrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses jurídicos del quejoso; siendo que, el segundo y tercero, disponen que sólo podrán promoverlo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión, vulnere sus derechos fundamentales que se consagran en el artículo primero constitucional, y con ello se produzca una afectación en su esfera jurídica. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica, es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos. El respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional, consiste en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se produce en los derechos o intereses de un particular. Al respecto orienta la jurisprudencia 852, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 581, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la apuntada causa de improcedencia, ya que el aquí quejoso no aportó medio de convicción alguno para acreditar fehacientemente la propiedad del vehículo de la línea CHEVROLET, CHEVY, cinco puertas, modelo dos mil cuatro, con número de serie 3G1SF616X4S2000775, con placas YZY-031-E. Pues si bien, de las constancias de autos remitidas por la autoridad, se desprende el informe policial homologado de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, elaborado por el oficial Javier Montero Hu, en el que se asentó, entre otras cosas, que al realizar una revisión precautoria, se le hizo del conocimiento a ********************, aquí quejoso, que el vehículo que conducía marca CHEVROLET, CHEVY, cinco puertas, modelo dos mil cuatro, con número de serie 3G1SF616X4S2000775, con placas YZY-031-E, contaba con un reporte por estar involucrado en un disturbio en la vía pública el día diecinueve de mayo anterior, por lo que procedió a asegurarlo y trasladarlo al depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública; éste no resulta suficiente para acreditar la propiedad que aduce tener el impetrante del amparo. Siendo que, el aquí quejoso únicamente exhibió como prueba para acreditar la propiedad del referido vehículo, el original de la factura 50042, de fecha ocho de octubre de dos mil cuatro, expedida por Excelencia Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de David Cuauhtemoc Couoh Salazar, la cual, a su reverso contiene dos endosos. El primero, a favor de Cristina Guadalupe Santana Domínguez y el segundo, a favor de ********************, empero, ninguno de éstos señala la fecha en la que fueron efectuados; de tal manera que no se puede tener certeza plena, de que al momento en el que ocurrieron los hechos denunciados el aquí impetrante del amparo era propietario del mismo. De ahí que sólo establece una presunción respecto de ese derecho, siendo que el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis publicada en la página 669, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 197330, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, CARENCIA DE. Para reclamar en la vía de amparo la negativa a devolver un vehículo que fue asegurado por las autoridades responsables en una averiguación previa, el interés jurídico no se acredita con el hecho de haber solicitado su devolución, porque el bien jurídico a tutelar es el derecho de propiedad o el de posesión respecto de ese vehículo, del cual el quejoso debe acreditar que es su titular en la fecha en que ocurre el aseguramiento." Esto es, la factura original exhibida por el quejoso, es insuficiente para demostrar su interés jurídico, por las consideraciones siguientes. En principio, es menester señalar que si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, lo que el más Alto Tribunal de la Nación ha determinado que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En el caso que nos ocupa, el documento privado consistente en la factura 50042 exhibida por la parte quejosa, no puede considerarse de fecha cierta, toda vez que por sí sola, no demuestra cumplir con alguno de los requisitos antes plasmados, máxime que los endosos que presenta a su reverso no señalan la fecha en la que se llevaron a cabo, a efecto que conocer el momento a partir del cual fue trasladada la propiedad del vehículo en cuestión. De ahí que el documento exhibido, no tiene el alcance probatorio de comprobar el interés jurídico del quejoso, en atención a que en el momento en que se impuso la restricción al vehículo que defiende en el presente juicio constitucional, aquél era de fecha incierta, lo que impide a este juzgador federal tener conocimiento de si el acto que contiene fue realizado con anterioridad a dicho acto, o si fue celebrado con posterioridad a éste, para estar en aptitud legal de conferirle los alcances probatorios subsecuentes, ya que al carecer de fecha cierta precisamente en el momento que se suscitó el acto reclamado tildado de inconstitucional, esta situación incuestionablemente le resta su valor demostrativo. Igualmente, sirve de apoyo, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 9, tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 190371, del rubro y texto siguientes: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." También, sirve de apoyo, lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página 3764, Libro III, Diciembre de 2011, Décima Época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 160563, del rubro y texto siguientes: "ENDOSO AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMÓVIL. SU PRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES EN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, LE OTORGA FECHA CIERTA. Tratándose de bienes muebles como los automotores, los trámites relacionados con el status del vehículo que se realizan ante las autoridades administrativas como es la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, puede considerarse como un registro público. En términos del artículo 56, incisos a) y b) del Código Fiscal del Distrito Federal, son obligaciones de los contribuyentes inscribirse o dar aviso de las modificaciones de los datos en los padrones del Distrito Federal en un plazo que no excederá de quince días a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del crédito fiscal, utilizando las formas oficiales que apruebe la secretaría de acuerdo con el procedimiento que determine mediante reglas de carácter general, con base en lo cual los avisos surten efectos en la fecha de su presentación. El artículo 160, fracción I, del mismo ordenamiento legal señala que las personas físicas o morales, tenedoras o usuarias de los vehículos automotores están obligadas al pago del impuesto (pago de tenencia). Los artículos 2o., fracciones VIII, X, XV, XXV, 4o., fracciones X y XI, 11, 12, 14 del Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de septiembre de dos mil siete, relativos a los trámites que se efectúan ante la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, en torno a los datos de los propietarios de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación, así como a las cualidades, condiciones, características y modalidades de los vehículos que circulan en el Distrito Federal, permiten considerar que constituye un registro público idóneo en cuanto a que la presentación ante dicha autoridad del documento en el que consta la transmisión de la propiedad, como es el endoso, es suficiente para otorgarle fecha cierta, con la finalidad de que surta efecto contra terceros. Eso, porque ante la autoridad referida se realizan actos de comprobación respecto de la propiedad del bien mueble, en el que deben presentarse documentos relativos a la factura, tarjeta de circulación y del documento en el que consta la transmisión de la propiedad, la identidad de quien realiza el cambio de propietario, comprobante de domicilio, comprobante de pago de tenencias y tarjeta de circulación del automotor. Asimismo, se impone la obligación tanto al adquirente como al anterior propietario, de dar aviso de la transmisión, dentro del plazo de quince días. Esto no prejuzga ni sobre la facultad de la autoridad administrativa correspondiente para calificar la idoneidad del documento con el cual se pretende demostrar la propiedad del bien de que se trate, ni tampoco sobre el derecho de un tercero, para que en un juicio controvertido, impugne la falsedad del documento con base en el cual se transmitió la propiedad del vehículo." En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar fehacientemente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada ley de la materia. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."; y SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** en contra de los actos que reclama del Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública, Departamento Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública, Atención Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Pública, Dirección de Servicios Viales de la Secretaria de Seguridad Pública, Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como respecto a las señaladas como Base Pescador de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Comandante en turno de la Base Pescador de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, estas con sede en Progreso, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Incidental
R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las siguientes autoridades responsables: 1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 2.- Departamento Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 3.- Atención Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 4.- Dirección de Servicios Viales de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 5.- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. TODOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 6.- Base Pescador de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 7.- Comandante en turno de la Base Pescador de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 8.- Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado. TODOS CON SEDE EN PROGRESO, YUCATÁN SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede, únicamente por las autoridades foráneas señaladas como responsables. TERCERO. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia incidental, únicamente respecto a las autoridades locales y se difirió respecto a las diversas foráneas: Base Pescador, Comandante en turno de la Base Pescador, ambas de la Secretaría de Seguridad de Pública del Estado y Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado, todos con sede en Progreso, Yucatán. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir esencialmente en: La retención del vehículo automotor de la línea CHEVROLET, CHEVY, cinco puertas, modelo 2004, con número de serie 3G1SF616X4S2000775, con placas YZY-031-E. SEGUNDO. Inexistencia del acto. No es cierto el acto reclamado al Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso; pues así lo manifestó expresamente al rendir su correspondiente informe previo, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; en consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la Base Pescador y Comandante en turno de la Base Pescador, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en Progreso; pues así lo manifestó expresamente el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en su representación, al rendir su informe previo. CUARTO. Análisis respecto de la suspensión definitiva solicitada. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva pedida, en relación con el referido acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse que se trata de un acto consumado con efectos positivos, contra el cual, resulta procedente el análisis de la suspensión sólo respecto de sus efectos y consecuencias. Por tanto, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En el caso, lo procedente ES NEGAR la suspensión definitiva solicitada, toda vez que la parte quejosa no obstante que solicita el otorgamiento de la medida cautelar, no acredita su interés suspensional, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Dado que no exhibió prueba alguna que acredite, aunque sea de manera presuntiva o indiciaria, el interés que tiene en que se suspendan los actos que reclama, ya que si bien es cierto que atendiendo a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad del peticionario de amparo, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, sin embargo, debe constatar si la parte quejosa demuestra, al menos indiciariamente que tales actos la agravian, lo que en el caso particular no sucede, en virtud de que, se reitera, no aportó prueba alguna para acreditar de manera, al menos presuntiva, tal afectación. Es decir, la parte quejosa no acreditó en modo alguno ser propietario del vehículo automotor objeto del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis aislada, localizable en la página 2742, del Tomo XXXI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación abril de 2010, bajo el rubro y texto siguiente: INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO. Cobran aplicación, por analogía, las tesis XX.2 A y 0002, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultables en las páginas 407, del Tomo I, mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y foja 408, Tomo XI-mayo 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registros 205266 y 216489 que respectivamente dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman."; y, "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. Si de las constancias que informan el expediente del cuaderno incidental de suspensión, ninguna prueba existe para acreditar la propiedad o posesión de los bienes muebles y por consiguiente si el agraviado de manera alguna prueba, aun presuntivamente, el interés jurídico que tiene para que se suspenda el acto reclamado, de suerte que siendo menester acreditar lo anterior, no es suficiente que el quejoso manifieste, bajo protesta de decir verdad, que son ciertos los hechos que afirma en su demanda, para que se tenga por acreditada la presunción aludida, razón suficiente por la que diciéndose tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados debe probar el supuesto ya dicho." Sin que sea óbice a lo aquí determinado, el hecho de que la parte quejosa hubiese adjuntado a su escrito de demanda documentales relativas a la factura número 50042, de fecha ocho de octubre de dos mil cuatro y una nota periodística, toda vez que se tratan de copias simples sin certificación, por lo que resultan insuficientes, para acreditar el interés suspensional del quejoso, ya que carecen de valor probatorio y por tanto, no son suficientes para acreditar que el aquí quejoso tenga derecho alguno sobre el bien mueble de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 510, del Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas". De ahí que hasta en tanto no se exhiba la factura certificada del vehículo automotor de mérito, se entenderá que el quejoso está anuente en que esta autoridad resuelva únicamente con los datos y constancias que obran en autos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 163758, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 71/2010, Página: 7, que indica: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. En consecuencia, si la parte quejosa carece hasta este momento de interés suspensional, se reitera, es improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva del acto que reclama del Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución SEGUNDO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva de los actos que reclama de la Base Pescador y Comandante en turno de la Base Pescador, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con sede en Progreso, Yucatán, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito del quejoso Roger Armando Sánchez Esquivel, por medio del cual exhibe la factura original número 50042, del vehículo automotor objeto del acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental que adjunta a su escrito de mérito, misma que se tomará en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, como solicita la parte quejosa, no habiendo impedimento legal alguno, devuélvasele el documento de referencia, por el conducto que señala, previo cotejo y certificación de la copia simple que deberá exhibir para que obre en autos, debiendo recabarse la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.
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