Roger Alonso May Canchè
Expediente 865/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- WENDY CAROLINA MAY CANCHE y Otros.
- Secretario de Seguridad Publica del Estado
- Wendy Carolina May Canche
- Miguel Cocom
- Roger Alonso May Canchè
- Roger Alonso May Canchè y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte se concedió la suspensión provisional, por lo que deberá conservarse únicamente la determinación relativa a su otorgamiento, así como que el duplicado deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva en los presentes autos incidentales. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Que mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Por Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, aun cuando en estos autos se sobreseyó la demanda de amparo; sin embargo, a la parte quejosa se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesara de inmediato los actos que reclamaba; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y el auto mediante el cual se le concedió dicha suspensión. Por otra parte, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas con cincuenta minutos siete de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 865/2020-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, autos de veintidós de septiembre de dos mil veinte, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno a los directos quejosos para que ratificaran la demanda instaurada en su favor, constancias de notificación en las cuales los directos quejosos ratificaron el ocurso inicial, auto de veintitrés de septiembre del año en curso, en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales que las autoridades responsables adjuntaron a sus informes justificados y a sus diversos oficios mediante los cuales informaron respecto de la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, se abre el período de alegatos, en el cual la secretaría da cuenta que las partes no los realizaron; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 865/2020-IV promovido Wendy Carolina May Canché a favor de Roger Alonso May Canché y Miguel Cocom, en contra de los actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16, y 21 Constitucionales; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. El veintidós de septiembre del presente año, Wendy Carolina May Canché a favor de Roger Alonso May Canché y Miguel Cocom, solicitó el amparo respecto de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. Segundo. Otorgamiento de suspensión de plano. Mediante acuerdos de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se concedió a los directos quejosos la suspensión de oficio y de plano por lo que refiere a los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en detención, retención, malos tratos, actos que importen la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional. Cuarto. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de septiembre del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se realizó en términos del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la detención, retención, malos tratos, actos que importen la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado todas las autoridades responsables negaron los actos reclamados respecto de malos tratos, actos que importen la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional. Asimismo, El Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, Director de la Policía Municipal de Mérida, Responsable del Área de Comandancia de Cuartel, Depósito de Armas y Equipo y Central de Comunicaciones y Control de Mando de la Policía Municipal, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán, el Jefe del Estado Mayor de la Décima Región Militar, con sede en el Estado; al rendir su informe justificado refirieron que no son ciertos ninguno de los actos que se les reclaman. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En cuanto al acto reclamado consistente en la detención y retención de los directos quejosos, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, y Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, en sus informes justificados aceptaron el acto que se les reclaman; por tanto, debe tenerse por cierto. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en Mérida, en su informe justificado no manifestó si es cierto o no el acto reclamado, sin embargo de las constancias que anexó a su informe justificado se advierte la certeza del mismo, por lo que se tiene por cierto. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto a la detención y retención reclamada, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Lo anterior es así, en virtud que de las constancias remitidas por el Vicefiscal de Investigación y Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que si bien es cierto que los directos quejosos se encontraban detenidos en el área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación a disposición de la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la Carpeta de Investigación número G1/7729/2020, sin embargo, los referidos quejosos Roger Alonso May Canché y Miguel Cocom o Miguel Ángel Chan Cocom, fueron puestos a disposición del Juez de Control en turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán; en consecuencia, es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la detención y retención que se les imputa desde el momento en que los directos quejosos fueron puestos a disposición de la señalada autoridad judicial; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Wendy Carolina May Canché a favor de Roger Alonso May Canché y Miguel Cocom, en contra de los actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio SSP/DJ/24386/2020 remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha corporación, con el que informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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