Rogelio Martinez Corona

Expediente 686/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
686/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Rogelio Martinez Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de Leandro Jardiel Canche Salazar, en representación de su hijo menor de edad J. A. C. E., parte quejosa en este asunto, con el cual comunica que le aplicaron la primera y segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, al menor aquí quejoso, el cual se agrega al presente expediente. Manifestaciones de la parte quejosa que revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 199, 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia que determinan: "ARTICULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." "ARTICULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "ARTICULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Hipótesis las anteriores que se actualizan en el presente caso, dado que reviste el carácter de una confesión la realizada por la promovente del amparo, en el sentido de señalar que el menor quejoso ya fue inoculado con la segunda dosis de la vacuna; por tanto, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 al menor quejoso con iniciales J. A. C. E. Sin embargo, Leandro Jardiel Canche Salazar, en representación de su hijo menor de edad aquí quejoso, manifiesta expresamente es su escrito de cuenta que a dicho menor ya le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2; manifestación que le reviste el carácter de confesión y es posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el uno de diciembre del año en curso, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del seis de mayo de dos mil veintidós. Finalmente, se ordena glosar copia certificada de la presente determinación al incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, con el fin de proveer lo que legalmente corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Luis Roberto Olán Pérez, quien se ostenta representante de la persona moral tercero interesada "Financiera AFINA, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad no regulada". Ahora bien, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo aplicable, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta el nombrado Luis Roberto Olán Pérez, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado relativas al expediente 207/2020, se advierte dicha personalidad. Por otra parte, respecto a lo solicitado por el ocursante de que se levante la suspensión definitiva concedida a la quejosa, en virtud de que no se exhibió garantía para hacer efectiva la concesión de la suspensión antes mencionada; y, dado que de la revisión de los presentes autos incidentales se advierte que el quejoso no ha cumplido hasta la fecha con los requisitos decretados para que siga surtiendo efectos la garantía otorgada, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se deja sin efectos todas las providencias decretadas en el presente incidente de suspensión. Por otro lado, téngase como domicilio de la persona moral tercero interesada para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su escrito de cuenta y por autorizados a Marcos Omar Manzanero Cabrera, Héctor Humberto Herrera Góngora, Óscar Jiménez Triay y Reyna del Carmen Escalante Gamboa, en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo y al resto de los autorizados en términos restringidos del precepto antes mencionado por no encontrarse acreditados y registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, sin embargo, en el momento de que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrá realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Ahora bien, toda vez que la parte tercero interesa solicita se le permita el acceso a la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo, por lo cual proporciona los nombres de usuarios "OmarManzanero", "ReynaEscalante", "JhoanaLeon" y "VictorCetina"; de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjuntos 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza a los usuarios que señala, el acceso al expediente electrónico; lo anterior, en virtud de que proporciona a este órgano jurisdiccional las claves de usuarios que afirma se encuentran registradas; para tal efecto, instrúyase al Oficial Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que realice las gestiones necesarias para tal fin. Se tiene el correo electrónico proporcionado en dicho escrito, únicamente como contactos de la parte tercero interesada, el cual se utilizará, con fines de localización, cuando no se puedan realizar las notificaciones por las vías legales ordinaria. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretario que autoriza y da fe.

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