Rogelio Zúñiga Leyva

Expediente 883/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
883/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Zúñiga Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas y otras autoridades; el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Con relación a la demanda planteada, es necesario traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precepto del que se desprende que procede desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, de tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo antes transcrito, se concluye que el juicio de amparo indirecto, será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al peticionario de amparo. Ahora bien, el ahora quejoso hace consistir el acto reclamado en: ". Los autos dentro de los expedientes mercantiles con números 156/2015 y 247/2015, en los cuales fijan como fecha el día 16 de Marzo del 2018, para llevar a cabo el remate de la propiedad en la cual habito y que ha quedado precisada como dirección del quejoso." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: El quejoso fue demandado en la vía ejecutiva mercantil por ******************** y ********************, por el pago de dos documentos (pagarés), asignándose los números de expediente 156/1015 y 247/2015, en los que se embargó la propiedad que habita el quejoso. Dichos procedimientos concluyeron en favor de los demandantes y posteriormente se fijó como fecha para el remate del bien inmueble embargado propiedad del quejoso el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho; lo que ahora constituye el acto reclamado. Conforme a lo antes asentado se advierte que el acto reclamado en el presente asunto no constituye la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega material del bienes inmueble controvertido, ya que únicamente se trata de la resolución que ordena sacar a remate en primera almoneda, pública subasta y al mejor postor el bien inmueble embargado dentro de los juicios ejecutivos mercantiles 156/2015 y 247/2015, tramitados ante el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, razón por la cual, como se expuso en líneas que anteceden no se actualiza el supuesto establecido el cuarto párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que como antes se indicó la determinación reclamada únicamente ordena el remate en primera almoneda, pública subasta y al mejor postor del bien inmueble materia de los juicios naturales, por tanto el juicio de garantías resulta improcedente ya que hasta en tanto se orden la escrituración respectiva y se ordene la entrega del bien que se remate, es que serán analizables las violaciones que aduce el promovente de amparo. En consecuencia, procede desechar la demanda en estudio, tomando en consideración el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99 (jurisprudencia P./J.32/2001); según la cual la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, solo lo es contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; y, será ese el momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas, siempre y cuando estas hubieren dejado sin defensa al quejoso, lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por la naturaleza propia del procedimiento, ya que éste se conforma por una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esta es, la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así es, dada la vinculación de causa y efecto, entre una actuación y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al promovente, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de dicha resolución, situación que lleva a equilibrar el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento o medio que dilate la administración de la justicia. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/6, con número de registro 2001059, publicada en la página 1515, libro X, julio de dos mil doce, tomo 3, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." De igual forma, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J.32/2001, publicada en la página 31, del tomo XIII, abril de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También resulta aplicable la jurisprudencia, publicada en la página 1106, del tomo VIII- septiembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, que dice: "REMATE. VIOLACIONES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE. NO SON DE CARÁCTER IRREPARABLE. Las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate de bienes embargados, no tienen el carácter de irreparables, pues las mismas válidamente pueden impugnarse en el último acto relativo al procedimiento en cuestión." Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto del acto indicado, por lo que se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por ******************** por derecho propio. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Miriam Alejandra Martínez Elías, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, mas no así para promover, toda vez que no proporciona en su escrito de demanda los datos del documento que le autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, dado que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los que no constituyen propiamente un domicilio, ésta y subsecuentes notificaciones, mientras no designe uno para ese efecto, practíquensele conforme dispone el artículo 27, fracción II, inciso a, de la Ley de amparo.

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