Rogelio Roque Torres

Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
242/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Roque Torres
  • Juez Décimo Especializado En Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Ergo, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Destino de incidentes de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional y como la definitiva, el cuaderno original se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, en consecuencia, es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo cual deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y el presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer en el juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas que remitió la autoridad responsable Juez Décimo Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, relativas al juicio ejecutivo mercantil 365/2020; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Quejoso no desahogó vista de ampliación. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que mediante proveído del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno se dio vista a la parte quejosa para manifestar dentro del plazo de quince días si era su deseo señalar como autoridades responsables al Juez de Exhorto de la Zona Metropolitana de Puebla y al Diligenciario de su adscripción, con el apercibimiento que de no hacerlo no se tendrían como autoridades responsables. En esa virtud, vista la certificación de cuanta, se advierte que la parte quejosa no desahogó en el plazo concedido dicho requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento en cuestión y no se tienen como autoridades responsables al Juez de Exhorto de la Zona Metropolitana de Puebla y al Diligenciario de su adscripción. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento y, como consecuencia, todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 365/2020, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". Del precepto legal trascrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando dicha particularidad resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del segundo se desprende que es obligación del quejoso señalar en la demanda de amparo a la autoridad o autoridades responsables, lo anterior, en virtud de que al no cumplir tal señalamiento, no podría analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por no haberse llamado al juicio a la autoridad que lo emitió y, por tanto, el juicio de amparo resultaría improcedente. Al respecto, las constancias de autos revelan los siguientes antecedentes: El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por Rogelio Roque Pérez -por propio derecho- contra actos del Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, y otras autoridades responsables, respecto del emplazamiento, y como consecuencia, todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 365/2020, del índice del Juzgado responsable. En auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se realizó prevención a la parte quejosa y se tuvo a bien solicitar al Juez responsable copias certificadas del juicio de origen. En doce de marzo de la anualidad en curso, se tuvieron por recibidas las constancias solicitadas al Juez de origen. Luego, previo desahogo de la prevención, el veinticinco de marzo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo por los citados actos, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla y del Diligenciario de su adscripción; lo anterior, tomando en consideración que de las constancias que obran en autos se advierte que el emplazamiento se practicó mediante exhorto e intervinieron en él dichas autoridades, es decir, el llamamiento a juicio reclamado fue efectuado en diligencia del seis de octubre de dos mil veinte, por conducto del Diligencario adscrito al aludido Juzgado de Exhortos. Ahora bien, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para ampliar su escrito inicial de demanda transcurrió del treinta de marzo al veintidós de abril de dos mil veintiuno, sin que lo hiciera. En ese contexto, ante la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla y del Diligenciario de su adscripción, impide jurídicamente examinar la constitucionalidad del acto consistente en el emplazamiento, y como consecuencia, todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 365/2020, pues se insiste, que el referido fedatario fue quien realizó la diligencia de emplazamiento controvertido, por lo que era menester que fuera llamado al presente medio de control constitucional. Lo anterior encuentra fundamento en las siguientes jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." "AUTORIDADES NO LLAMADAS A JUICIO. Si se impugnan las facultades de una legislatura para hacer una declaración que el quejoso considera unilateral e infundada, eso no puede estudiarse a través del juicio de garantías, si no ha sido llamada a juicio la autoridad de quien emana ese hecho, o sea la legislatura, única capacitada para demostrar la legalidad del acto, siempre y cuando naturalmente hubiera sido materia de impugnación en los autos correspondientes." En el mismo tenor, resultan ilustrativas las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultables, la primera, en la página 1195, Tomo XLVII y, la segunda, en la página 206, Tomo XLVIII, ambas de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS, EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita ente el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el Juez federal decida sobre sí se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Entonces, dado que la parte quejosa omitió señalar como autoridades responsables al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla y del Diligenciario de su adscripción, aun cuando tenía conocimiento de que éstas intervinieron en el emplazamiento que se le realizó en el juico de origen y específicamente el fedatario fue quien desahogo la diligencia de llamamiento a juicio, no es factible examinar el acto de autoridades que no fueron citadas al juicio. Lo anterior es así, en virtud de que el señalamiento de la autoridad responsable queda a cargo exclusivamente de la peticionaria de amparo, pues en atención al principio de instancia de parte agraviada contenido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la acción constitucional sólo puede enderezarse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro aspecto que se reclame; por lo que el Juez de Distrito está imposibilitado para llamar oficiosamente a aquellas autoridades que no fueron señaladas como responsables por la parte quejosa. Cobra aplicación por su contenido jurídico, la tesis aislada 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Asimismo, resultan aplicables las tesis de rubros y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." "ACTUARIO, HIPOTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." En ese sentido, dado que la quejosa no señaló como responsable a las autoridades que ejecutaron el acto reclamado, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio y no fueron oídas; por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa mediante lista; así como al correo electrónico que proporcionó hilario.lopez1973@gmail.com como una comunicación no procesal.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Sin mayor acuerdo. Agréguense a los autos los oficios remitidos por las Diligenciarias Par e Impar ambas adscritas al Juzgado de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, por medio de los cuales rinden su respectivo informe previo; lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que mediante resolución interlocutoria de seis de abril de dos mil veintiuno, se resolvió lo concerniente. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Se rinden informes justificados. Agréguense a los autos los oficios signados, respectivamente, por las Diligenciarias Par y Non, ambas adscritas al Juzgado de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido de los informes de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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