Rogelio Romero Gómez

Expediente 224/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
224/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Rogelio Romero Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de seis de febrero de dos mil diecinueve por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Toda vez que ya no resultan necesarias las copias certificadas del expediente ..., relativo al juicio de alimentos, del Juzgado Segundo de Familiar del Distrito Judicial de Puebla, devuélvanse tales documentales.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 06 DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Radicación. Téngase por recibido el oficio 3590/2018 de la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, mediante el cual remite copias certificadas del juicio de amparo indirecto 2413/2018, promovido por ***, ya que por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, ordenó la separación del juicio, por cuanto hace a la retención, embargo y/o pago de alimentos decretada en el juicio de alimentos *** del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, y ordenó remitirlos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales. Por lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo correspondiente. Estudio de la demanda de amparo. Vista la demanda y, atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 224/2019-III; asimismo, se advierten los siguientes datos: ... Desechamiento de la demanda de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . En el caso, según quedó precisado, el quejoso reclama la orden de retención, embargo y/o pago de alimentos en su contra; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez responsable al rendir su informe justificado -en el diverso juicio de amparo ***-, relativas al juicio ordinario de alimentos *** del juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se advierte de manera notoria que aún no se emita mandamiento alguno tendente a fijar el pago de una pensión alimenticia a cargo del quejoso. En efecto, de dicha constancias se desprende que el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la tercera interesada *** por sí y en representación de su menor hijo ***, promovió juicio ordinario de alimentos, en el que si bien demandó la fijación de una pensión alimenticia provisional, y en su momento la definitiva, lo cierto es que para tal fin solicitó que se recabara información sobre la capacidad económica del deudor alimentista. Por auto del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el juicio planteado y, entre otras cosas, se ordenó requerir al representante legal de la parte patronal del deudor alimentista quejoso, para que informara sobre su salario y demás percepciones, ordenándose además que en caso de renuncia o liquidación, retenga el cincuenta por ciento de la liquidación o indemnización, y lo ponga a disposición de ese Juzgado (fojas 12 y 13 del anexo de pruebas). Finalmente, por auto del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se recibió el informe solicitado (foja 15 vuelta del anexo de pruebas). Lo anterior pone de manifiesto que a la fecha en que se promovió la demanda de amparo -veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho-, no existía en el juicio ordinario de alimentos *** algún mandamiento por el que se fijara el pago de una pensión alimenticia a cargo del quejoso, por lo que no puede considerarse que resiente alguna afectación real, actual y directa, sobre su patrimonio, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, conviene precisar que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. Esto es, el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; por su parte, el agravio pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En el caso, como ya se dijo, no existe algún mandamiento judicial por el que se haya fijado el pago de una pensión alimenticia, por lo que no podría considerarse que la parte quejosa resienta un agravio real y actual en torno a su patrimonio. No se soslaya que en el auto del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el que se admitió a trámite el juicio de alimentos promovido en contra del quejoso, se ordenó recabar información sobre su salario y demás percepciones, aunado a que se ordenó que en caso de renuncia o liquidación, retenga el cincuenta por ciento de la liquidación o indemnización, y lo ponga a disposición de ese Juzgado; sin embargo, aun en esas condiciones, no podría considerarse la existencia del agravio real que reclama. Se afirma lo anterior, ya que por una parte, la orden de recabar información sobre su salario y demás percepciones, no actualiza alguna violación a los derechos sustantivos del quejoso, sino que se trata de un acto intraprocesal que únicamente actualizará una afectación hasta en tanto, con base en dicha información sea decretada una pensión alimenticia a cargo del quejoso, por lo que será hasta ese momento en que pueda reclamarse -previo agotamiento de los recursos ordinarios conducentes-. Por otra parte, respecto de la orden de retención del cincuenta por ciento de la liquidación o indemnización que en su caso se pague al quejoso, tampoco actualiza el agravio real y directo, pues se trata de un hecho futuro de realización incierta. En efecto, a fin de dilucidar el problema planteado resulta conveniente diferenciar los actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas, esto es, respecto de actos que ya se han llevado a cabo. Cabe precisar que dichos actos no debe entenderse referidos exclusivamente en relación con aquellos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe analizarse a la luz de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. En efecto, los elementos antes destacados permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado se tiene la certeza de que se producirán, como lo ilustra la tesis siguiente: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización. En relación con el tema es pertinente señalar que al precisar el concepto de acto futuro e incierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional solo es procedente cuando son de inminente realización, como lo revelan las siguientes tesis. "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." "ACTOS FUTUROS, CERTEZA DE LOS, EN CASO DE NO CUMPLIRSE DETERMINADA OBLIGACIÓN. Cuando se tiene la certidumbre de que un acto se ejecutará de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona, cabe en contra de dicho acto la defensa constitucional, por no constituir un acto futuro o incierto, sino el que es consecuencia cierta, concreta y determinada, del cumplimiento de una obligación." "ACTOS FUTUROS QUE PUEDEN REALIZARSE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS. Aunque no cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos futuros, no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones, ya que sólo son futuros aquellos cuya ejecución es remota, pues de otro modo serían actos no futuros únicamente los que ya se han ejecutado; de suerte que la jurisprudencia de este Alto Tribunal, sobre que los actos futuros no motivan el amparo, se refiere a los actos futuros e inciertos, mas no a los que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos, como en el caso en que es evidente la inminencia de los actos de aplicación del Reglamento de Higiene del Trabajo." "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." Con base en lo expuesto en los criterios que anteceden se puede advertir que existen, por una parte, actos futuros de realización incierta, y por la otra, actos futuros de realización inminente. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, ya que la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio. En cambio, respecto de los segundos, por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano. Con base en lo anterior, se colige que la orden de retención del cincuenta por ciento del monto que en su caso se pague al quejoso por concepto de liquidación o indemnización, se trata de un acto futuro de realización incierta, pues se encuentra condicionada a que el quejoso deje de laborar en su fuente de trabajo y se realice el pago de alguno de aquellos conceptos. En otras palabras, la retención del monto que se pague al quejoso por liquidación o indemnización se encuentra condicionada a que el quejoso concluya su relación laboral con su fuente de trabajo, sea por renuncia o por despido, por lo que no existe certeza sobre su realización, de ahí que constituye un acto futuro de ejecución incierta. Al caso resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 55, del Volumen 66, Tercera Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." De igual forma, son aplicables las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera, publicada en la página 141, tomo XXXI, febrero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y la segunda, consultable en la página 1223, Libro 3, febrero de 2014, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que respectivamente dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO. Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial." "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE SE IMPONGAN MULTAS Y SE APERCIBA AL INFRACTOR DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON LAS NORMAS VIOLADAS SE LE CONSIDERARÁ REINCIDENTE. Acorde con el artículo 58-2, fracción II, en relación con el numeral 58-3, fracción V, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, si en la resolución impugnada en el juicio de nulidad se impusieron una o varias multas (cuyo importe, en lo individual, no exceda de 5 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año), y se apercibió al infractor en el sentido de que si no cumple con las normas violadas se le considerará reincidente, la vía procedente es la sumaria, porque, como lo consideró el creador de la norma, los asuntos donde el tema central sea la legalidad de la imposición de las multas no representan mayor complejidad, siendo factible que se ventilen mediante el juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria, que es más rápida y sencilla; sin que sea óbice a lo anterior que en el acto impugnado también se aperciba al infractor, en virtud de que ello únicamente constituye una advertencia de que, en caso de no acatar una orden, la conducta u omisión tendrá consecuencias jurídicas." En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la citada ley de la materia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado. Se tiene a Samuel ***, únicamente para oír y recibir notificaciones y para que se impongan de los autos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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