Rogelio Rivera Duarte
Expediente 1283/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1283/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2018
Partes del expediente
- Rogelio Rivera Duarte
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, a través del cual comunica que acepta la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda remitida por este órgano de control constitucional; asimismo, informa que la registró con el número de juicio de amparo indirecto 1042/2018-II. Por otra parte, del estado de autos se colige que el veinticuatro de agosto del actual, se reservó proveer lo conducente a los informes a la suspensión de plano rendidos por las responsables, hasta en tanto se tuviera conocimiento de la determinación que emitiera el homólogo Federal que conociera de la declinación de competencia planteada; por tanto, atendiendo a que dicha circunstancia ha acontecido, se provee. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan, los oficios de las autoridades responsables por los que rinden su respectivo informe a la suspensión de plano, ello en atención a que el Juez oficiante reiteró la medida cautelar concedida de plano al quejoso y requirió los informes respectivos. Atendiendo a lo anterior y tomando en consideración que no existe no existe diligencia por practicar, archívese como concluido, previas las anotaciones respectivas. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se trata de un asunto que carece de relevancia documental en el que se declaró la incompetencia para conocer del juicio de amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el comunicado de cuenta del Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto 244/2018, orden 356/2018, librado en autos; lo anterior, toda vez que el veintidós del mes y año en curso, su homólogo Segundo devolvió dicha comunicación oficial debidamente atendida, teniéndose por notificada a la parte quejosa y autoridades responsables de la determinación respectiva. Acúsese recibo. Po otra parte, intégrense los informes a la suspensión de plano rendidos por las autoridades que los suscriben; y resérvese su remisión al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Nayarit, que haya conocido de la demanda promovida, hasta en tanto se tenga conocimiento de la aceptación de competencia declinada por este órgano de control constitucional; empero, se tiene por enterado del cumplimiento a la medida cautelar.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el comunicado de cuenta de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 244/2018 (orden 356/2018), librado en autos. Háganse las anotaciones respectivas. En ese tenor, con fundamento en lo establecido en los numerales 26, fracción I, inciso a) y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por notificado al quejoso Rogelio Rivera Duarte y a las autoridades responsables residentes en aquella demarcación, del proveído de diecisiete de agosto del actual.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el oficio 5249/2018, signado por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual remite la demanda presentada por **contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", en Tepic Nayarit y otra autoridad, por estimar que carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente juicio. Por lo anterior; téngase por recibida la demanda instada por Rogelio Rivera Duarte, avocándose al conocimiento del presente asunto, acúsese recibo correspondiente y regístrese bajo el número 1283/2018-II-A. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, atendiendo a las manifestaciones del quejoso y la urgencia del caso en concreto, en el sentido de que las responsables se niegan a brindarle atención médica; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a efecto de que las autoridades responsables, dentro de sus atribuciones conferidas, de inmediato le brinden la atención médica general, básica y necesaria al alcance y posibilidades del centro preventivo en el que se encuentra privado de su libertad y, en su caso, le proporcionen los medicamentos necesarios; atendiendo las particularidades del caso, deberán realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para procurar la estabilidad y bienestar físico del quejoso. De igual forma, se previene a las autoridades señaladas como responsables, para que informen de inmediato acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. INCOMPETENCIA Por otro lado, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Nayarit, en turno. Lo anterior es así, ya que los actos reclamados deberán tener ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit, en virtud de que, como lo manifiesta el promovente se encuentra recluido en ese centro federal; en esa virtud la ejecución de los actos de que se duele se llevarán a cabo en ese lugar; por tanto, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde tenga ejecución material el acto aquí reclamado. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Nayarit,en turno, dado que los actos que combate el quejoso, habrán de ejecutarse en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión."(Visible a pagina 2093, libro 32, julio de 2016, Tomo III, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta). Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de la demanda al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Nayarit, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentran interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit, el cual se ubica fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Nayarit, en turno, con el objeto de que en auxilio a las labores de este Juzgado, se sirva notificar al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido del presente auto y realice la entrega de los oficios que deriven del presente proveído. Por tanto, a fin de dar celeridad al presente asunto, se faculta al juzgado exhortado para que realice la presente diligencia en días y horas inhábiles. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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