Rogelio Lara Morín
Expediente 1913/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1913/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/01/2016
Partes del expediente
- Rogelio Lara Morín
- Rogelio Lara Morín y Otros.
- Juan Manuel Torres Castellanos
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Cuatro de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el cual acusa recibo e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Torres Castellanos y otros a través de su defensor particular Ramón García Dorantes; situación de la que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Archívese el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) En términos del punto vigésimo del citado acuerdo este expediente es destruible, dentro del término de seis meses, contado a partir del auto en que se ordenó su archivo, en razón de que se ubica en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado punto. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del cuaderno de antecedentes en que se actúa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual, informa que no aceptó la competencia planteada, por las consideraciones que expone; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, tocante a lo manifestado por la oficiante en relación a que si bien el Centro de Federal para Reinserción de Sentenciados Número 15, se encuentra en el Estado de Chiapas, también lo es que esta autoridad no tiene jurisdicción en el municipio de Villacomatitlán, que es la localidad en donde se encuentra el centro de reclusión, y que quien ejerce jurisdicción en dicho territorio, lo son los Juzgados de Distrito en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En ese sentido, toda vez que las cuestiones de competencia, por ser de orden público y de estudio preferente, deben ser estudiadas de oficio, a efecto de no violar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio constitucional. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En tales condiciones, del análisis de la demanda de garantías, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la misma, pues por razón de territorio, le corresponde lo propio a un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, en virtud de las razones que a continuación se exponen. El normativo 107, fracción VII, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de amparo indica: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El aludido precepto establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden, lo que distingue a las dos primeras reglas que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el numeral 2 de la propia legislación federal, previene que "El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se sustanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley.". Así, el primero de los numerales transcritos determina la forma de atribuir competencia a un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de garantías; en tanto, que el segundo de ellos, establece que el juicio de garantías se sustanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece en la ley que se invoca, lo que significa que, invariablemente, los jueces de distrito deben apegarse a las disposiciones de la misma, entre las que se encuentra, la forma de determinar la competencia de los jueces federales de amparo. Ahora, el acto reclamado en la presente instancia lo constituye la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Tres, Matamoros, en el Estado de Tamaulipas al similar Quince en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cual ya fue ejecutada, tal como se advierte del estudio integral de la demanda de garantías. Siendo que la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. Esto es, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social, se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario, haría nugatoria la intención del legislador Federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio de amparo, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Sobre esa línea argumentativa, corresponde conocer del presente juicio de amparo a un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, en acatamiento a la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4311, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." En consecuencia, y en atención a lo expuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, recábense copias de las constancias que resulten necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y remítase el presente juicio de amparo 1913/2015, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, solicitando acuse recibo en el que informe respecto a la competencia planteada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el que transcribe el acuerdo de presidencia de veinticuatro del presente mes y año, del que se advierte que acusa recibo de las constancias remitidas, e informa que el órgano de su adscripción admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado con el número de recurso de revisión 486/2015; circunstancia de la cual queda debidamente enterado este órgano de control constitucional, para los efectos legales conducentes.
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