Rogelio Radillo Torres
Expediente 1559/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Rogelio Radillo Torres
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, mediante el cual acusa recibo del oficio 446935/2017, con el que se le devolvió el cuaderno de pruebas aportado al presente juicio; comunicado que se ordena glosar a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Por ya no ser necesario, devuélvase a la autoridad responsable la copia certificada del expediente laboral 494/2015, que al efecto remitió en apoyo a su informe justificado. Sírvase acusar el recibo de estilo correspondiente, por cualquier medio de comunicación permitido por la ley, verbigracia: vía correo certificado, fax (013123120131) o correo electrónico 1jdo32cto@correo.cjf.gob.mx, o alguna otra de su elección. El suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Escalafón del Estado de Colima, y anexo que al mismo se acompaña, consistente en copia certificada del expediente laboral 494/2015, de su índice, formado con motivo de la demanda presentada por el quejoso ROGELIO RADILLO TORRES, contra la fuente de trabajo AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC, COLIMA. Con el legajo de copias certificadas se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado debidamente identificado Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado por el impetrante de amparo, consiste esencialmente, en: La omisión de dar trámite a la promoción que presentó el veinticinco de agosto de la presente anualidad ante la responsable, dirigida al expediente 494/2015, mediante el cual se le solicitó declarara concluido el procedimiento y turnara los autos para el dictado del laudo correspondiente. La omisión para acordarle la expedición de copia certificada del acuerdo de dos de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del citado expediente. Precisado lo anterior, del anexo que acompaña al informe de ley, consistente en la copia certificada del juicio ordinario laboral 494/2015, documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documento expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, según se advierte de la certificación del Secretario de Acuerdos Auxiliar del propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, se desprende que en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado Comisionado, representante de la Unión de Sindicatos y Miembro integrante del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, dio tramité al escrito que presentó el aquí quejoso con fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, donde se determinó que ". no ha lugar acordar, toda vez que se encuentra radicada otra demanda interpuesta por su poderdante bajo Expediente laboral No. 138/2017, y de igual forma se encuentra interpuesto un INCIDENTE DE ACUMULACIÓN referente a tales expedientes en cuestión, por lo que primero se deberá de resolver la procedencia del mismo ." En tanto que, respecto de la petición para el otorgamiento de copia certificada del acuerdo de dos de diciembre de dos mil dieciséis, la responsable en su informa de ley manifestó que en el expediente laboral generador del acto reclamado, la responsable negó la existencia del escrito que contiene tal petición así como del acuerdo a que se refiere el quejoso de mérito. De lo destacado en los párrafos que preceden, se colige que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete), no existía la omisión de dictar acuerdo en el que se diera tramite al escrito presentado el veinticinco de agosto de la presenta anualidad, habida consideración que el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable realizó tal acto procesal, de ahí que se tenga por inexistente de lo cuestionado precisado en el inciso a). Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 79, Julio de 1994, página 15, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En tanto que, respecto al acto reclamado señalado en el inciso b), la responsable negó su existencia por tanto, no es a ella a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Lo anterior es así, no obstante que lo reclamado sea una abstención, toda vez que la carga de la prueba en estos actos sólo es a cargo de las responsables, cuando estaba obligada a proceder positivamente, ya sea por mandato legal o por gestión del particular. Ahora bien, en el caso, dada la negativa expresada por la responsable en su informe, si el promovente, no acreditó que fue gestionado el ejercicio del derecho petición, no es dable en forma alguna, tener por existente el acto reclamado, pues independientemente de sus afirmaciones, el acto que atribuye a la responsables, sólo podía ser estimado existente, si se hubiese exigido a la responsable el cumplimiento de ese derecho, esto es, haber presentado la solicitud de expedición de copias ante la responsable y la existencia del acuerdo que precisa, a decir, el dictado el dos de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral 138/2017 y que fuera omisa en atenderla, sin que haya demostrado tal solicitud o gestión y menos que tal determinación exista, por lo que si la autoridad sólo está obligada a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos, es claro que lo que se le reclama es inexistente. Al respecto, resulta aplicable el criterio que adoptó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. CXLI/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1997, página 386, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". Asimismo, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, tomo 80, agosto de 1994, del texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejoso tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a la responsable procede sobreseer en su integridad en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. En consecuencia, respecto de los actos reclamados antes precisados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, es innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En vista de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada a las once horas con treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional, ya que a nada práctico conduciría postergar el análisis realizado porque no cambiaría el sentido de lo determinado.
- Principal
Admisión. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115 y, 117, de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías que promueve ROGELIO RADILLO TORRES; contra actos del TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1559/2017-I-J. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 128, fracción I, de la ley en cita. Audiencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 del ordenamiento en consulta, se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Requerimiento a Autoridades. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la propia ley en comento vigente, PÍDASE A LA AUTORIDAD, RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas COMPLETAS Y LEGIBLES, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado; apercibida que en caso de que no rinda el informe con justificación, o admitida la certeza del acto, lo haga sin remitir las constancias que se le solicitan, se hará acreedora a una multa prevista en el artículo 260, fracción II, del propio cuerpo legal.
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