Rogelio Molina Gallardo
Expediente 791/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Rogelio Molina Gallardo
Actuaciones
- Principal
Ha causado ejecutoria. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido.
- Principal
R E S U L T A N D O: DEMANDA PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el doce de agosto de dos mil diecinueve, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, ROGELIO MOLINA GALLARDO, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: La Juez del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado con sede en Colima, Colima. IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: El auto de fecha 02 (dos) de Julio de 2019 (dos mil diecinueve), dictado dentro del expediente 19-0665-114F, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial, mismo que me fue notificado el día 22 (veintidós) de Julio de 2019 (dos mil diecinueve), en el cual se ordena el ilegal o infundado descuento del 50% quincenal, del total de mis precepciones, por concepto de Pensión Alimenticia Provisional." (transcripción literal) ADMISIÓN SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y se ordenó su registro bajo el número 791/2019; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: COMPETENCIA PRIMERO. Determinación de la competencia. Este juzgado federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1º y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido a que se reclaman actos de una autoridad jurisdiccional en materia de civil, que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO SEGUNDO.- Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial con residencia en Colima, es el auto dictado el veintidós de julio de dos mil diecinueve dentro del expediente 19-0665-114-B, relativo al juicio de controversias del orden familiar pensión alimenticia. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS TERCERO. Actos reclamados existentes. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial con residencia en Colima, por así desprenderse de su informe justificado. Tal certeza se acredita con las actuaciones que anexó a su informe justificado en copia certificada de las actuaciones del expediente 19-0665-114-B, relativo al juicio de controversias del orden familiar pensión alimenticia, por la autoridad antes mencionada; constancias cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 217, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Tiene aplicación sobre el particular la tesis 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IMPROCEDENCIA CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. En el caso, no se analizará el fondo de la inconstitucionalidad planteada respecto del acto reclamado porque de las constancias de autos se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, en atención a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, como enseguida se evidenciará. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado consiste, en esencia, en el auto de veintidós de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio del orden familiar pensión alimenticia 19-0665-114F, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Primer Partido Judicial con sede en Colima, donde se le obligó a pagar una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos R.M.R., G.M.R. y G.M.R. Acto respecto del cual se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que existe un medio ordinario de defensa previsto por la ley que lo rige, mediante el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio, se considera pertinente analizar el precepto 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en que se encuentra inmersa dicha causa de inejercibilidad, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.].". En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad; situación que en la especie acontece, como se precisa enseguida: El principio de definitividad, consiste en la obligación que tiene el peticionario del amparo de agotar todos los medios ordinarios de defensa, y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales se pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Luego, los artículos 686, 687, fracción III, 688, fracción I, 691, 692, párrafo primero, 693 y 950, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, establecen: "Artículo 686.- A través del recurso de apelación el Tribunal de Alzada podrá revocar, modificar el auto o la sentencia recurridos o confirmar la resolución apelada, ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto en el artículo 715 de este Código. "Artículo 687.- El Recurso de Apelación procede: [.] III.- Contra los autos definitivos o los que independientemente de que tengan ese carácter: [.]. i) Causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva. [.]. "Artículo 688. El Recurso de Apelación se concede: I.- Al litigante contra quien se dictó la resolución, si creyere haber recibido algún agravio. [.] "Artículo 691.- Las apelaciones oponibles contra sentencia definitiva deberán hacerse valer en el término de nueve días; contra auto o interlocutoria, en el término de seis días, si son de tramitación inmediata y de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. "Artículo 692.- Interpuesta una apelación, el Juez la admitirá sin substanciación alguna si fuere procedente, expresando el efecto en el cual la admite. (.) "Artículo 693.- En el auto que tenga por interpuesto el recurso de apelación, el juzgador deberá expresar el efecto que la admisión tenga en relación con la ejecución de la resolución recurrida. Este efecto podrá ser: I.- El devolutivo, cuando la interposición no suspenda la ejecución de la resolución apelada; II.- El suspensivo, cuando la resolución apelada no pueda ejecutarse, mientras el recurso no se decida o la resolución apelada quede firme, y Las apelaciones que se admitan en el efecto devolutivo podrán ser de tramitación inmediata o preventiva, de acuerdo con lo establecido en este Código. [.]. "Artículo 699.- Además de los casos determinados expresamente en la Ley, se admitirán en efecto suspensivo las Apelaciones que se interpongan: I.- Contra las sentencias definitivas que se dicten en los Juicios Ordinarios; II.- Las sentencias definitivas que se dicten en juicios que versen sobre divorcio o nulidad del matrimonio y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario; III.- Contra las sentencias interlocutorias y los autos que paralicen o pongan término al juicio, haciendo imposible su continuación; y IV.- Contra el auto aprobatorio del remate. [.]. "Artículo 950.- Salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos sólo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza." De acuerdo con el texto de los preceptos que anteceden, se advierte que procede el recurso de apelación contra el auto que cause un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva, en donde se podrá modificar, revocar o confirmar la determinación recurrida; el que deberá hacerse valer en el término de seis días, admitiéndose ya sea en efecto devolutivo, el qué no suspende la ejecución de la resolución, o en el suspensivo, que será cuando la resolución apelada no pueda ejecutarse, mientras el recurso no se decida o la resolución apelada quede firme. Además, se establecen enunciativamente los supuestos en que la apelación será admitida en efecto suspensivo, en el entendido que de no señalarse expresamente de tal manera en la legislación, será admitido únicamente en efecto devolutivo, en tanto que las resoluciones que versen sobre alimentos que fueren apelables, serán ejecutadas sin otorgamiento de fianza. En el caso a estudio, como ya se dijo, el quejoso reclama el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio del orden familiar pensión alimenticia 19-0665-114F, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Primer Partido Judicial con sede en Colima, donde se le obligó a pagar una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos R.M.R., G.M.R. y G.M.R., donde se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional la cantidad que resultara del 50% (cincuenta por ciento de las percepciones del quejoso totales ordinarias y extraordinarias que de manera quincenal devengara como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrito a la clínica cuatro de la ciudad de Tecomán, Colima, las cuales deberían ser entregadas a la actora Adhara Gissetl Reyes Ahumada, por su propio derecho y en representación de los citados menores. Sin embargo, la parte quejosa omitió cumplir con el principio de definitividad, dado que previamente a la promoción del presente juicio de amparo debe ser agotado el recurso ordinario respectivo, pues la resolución que se dicte puede subsanar las irregularidades de fondo que, aduce, fueron cometidas en la determinación de que se duele a través de la demanda amparo. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente, pues como se dijo, el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Colima contempla en su numeral 687, fracción III, inciso i), la existencia del recurso de apelación que debe sustanciarse cuando se reclame una determinación que cause un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva, por virtud del cual puedan ser modificados o revocados los actos reclamados. Sin que en el caso nos encontremos ante alguno de los casos de excepción que establece la fracción XVIII del referido numeral 61, pues el acto impugnado no importa privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. El quejoso no es tercero extraño ya que precisamente le reviste el carácter de demandado en el juicio familiar, controversias del orden familiar, pensión alimenticia número CUIE 19-0665-114F, del que se advierte que ya fue emplazado al mismo el veintidós de julio de dos mil diecinueve, cuando compareció al Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial con sede en esta ciudad, diligencia la que incluso no es materia de la litis constitucional porque en su contra no hizo valer violación alguna. A lo anterior, se suma que de acuerdo a lo narrado por el mismo quejoso, bajo protesta de decir verdad, acudió a imponerse de los autos el día de su emplazamiento, lo que implica que conoce de manera completa los datos de identificación del juicio de origen, el cual se encuentra aún en trámite, por lo que no le asiste el carácter de tercero extraño. Da sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, Libro V, Febrero de 2012,Tomo 2, con número de registro 2000293, visible en la página 1627, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Además no pasa inadvertido que el quejoso refiere que el acto reclamado es de imposible reparación pues la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 8 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la décima época, número de registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". También se invoca la Jurisprudencia P./J. 17/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 15/2002-PL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 2003, Tomo XVIII, página: 15, del rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad". Entonces, es inconcuso que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa que tenía a su alcance, antes de acudir a la presente instancia, esto es, el recurso de apelación, a fin de que pueda ser modificado, revocado o nulificado. Sin que con lo resuelto se contravenga lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada a foja 990 del libro XXV, tomo 2, de octubre de 2013, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con registro 2004677, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada.". La cual no resulta aplicable en el presente controvertido dado que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de derechos de sus menores hijos, sino únicamente la del aquí quejoso, de ahí que con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente sea sobreseer el presente juicio, por lo que en el caso no es de analizar si el recurso de apelación que procede en contra de la determinación que aquí se pretende reclamar, admite o no suspensión, sino que, por ende, debe regir la regla general en cuanto al deber de agotar los medios de impugnación ordinarios, aun cuando se involucren derechos de menores. Es aplicable la Tesis de jurisprudencia 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, con número de registro 2005039, visible en la página 3502 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido literal se lee: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ROGELIO MOLINA GALLARDO, en contra de la autoridad y por el acto señalado en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Nancy Elizabeth Sánchez Corona, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por así permitirlo las labores del juzgado, ante Berónica Farías Contreraz, Secretaria quien autoriza, da fe de sus actos, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente físico.
- Principal
Agréguense a los autos el informe justificado.
- Principal
SE ADMITE la demanda de garantías. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 791/2019-l-GIS. Se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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