Rogelio Portillo Acosta

Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
299/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Rogelio Portillo Acosta
  • Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio Adscrito Al Centro de Justicia Penal Federal En el Estado de Baja California, En Funciones de Juez de Control, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En el entendido de que el presente expediente, al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio es susceptible de destrucción, pues se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se estima que dada su naturaleza carece de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al ubicarse en el supuesto previsto en el punto vigésimo primero, segundo párrafo, fracción III del Acuerdo General citado. Finalmente, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión el duplicado de dicho expediente, es susceptible de destrucción, en términos del punto vigésimo fracción III del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio registrado con folio 18623, suscrito por el Notificador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, del cual se advierte que el seis de mayo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia en la cual se aprobó el procedimiento abreviado, derivado de lo cual se dictó sentencia condenatoria de esa misma fecha al quejoso Rogelio Portillo Acosta la cual causó ejecutoria en la causa penal 654/2018 y el once de mayo de dos mil diecinueve, se inició el procedimiento ordinario de ejecución 197/2019. En mérito de lo anterior, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la ejecución de la orden de internamiento del quejoso donde se encuentran personas privadas de su libertad con motivo de la extinción de las penas que les fueron impuestas, en el Centro de Reinserción Social Tijuana, contenida en el oficio 13326/2018 de diecisiete de junio de dos mil dieciocho, atribuida al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con sede en esta ciudad, sin tomar en consideración que se encontraba en prisión preventiva. En ese contexto, dado que ya se dictó sentencia condenatoria al quejoso Rogelio Portillo Acosta la cual causó ejecutoria en la causa penal 654/2018; es inconcuso que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la probable violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, lo que impide a este órgano de control analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquel, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre los actos reclamados. Se cita en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 4. Controversias constitucionales Primera Parte, Materia Constitucional, Tesis 3, página 4546, con número de registro 1000317, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

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