Rogelio Muñoz Lomelí
Expediente 1104/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2023
Partes del expediente
- Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Ciudad
- Rogelio Muñoz Lomelí
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, mediante el cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 1104/2023-VI, e informa en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional determinó no aceptar el conocimiento declinada a su favor. Atento lo anterior, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, insiste en que es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Rogelio Muñoz Lomelí, por las razones expuestas en el proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 1104/2023-VI. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso Rogelio Muñoz Lomelí, reclama la omisión de resolver dentro del plazo legal el incidente de modificación, cese, o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, promovido por el citado quejoso en la causa penal 267/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California -antes 408/2004, del índice del extinto Juzgado Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California-; asimismo, de la demanda de amparo que nos ocupa, se obtiene que el quejoso está interno en el Centro Federal de Reinserción Social Número 8 "NorPoniente", con residencia en el Municipio de Guasave, Sinaloa. En virtud de lo anterior, se estima que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado tiene ejecución material, pues el hecho de que no se emita resolución en el incidente de modificación, cese, o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, promovido por el citado quejoso, genera que el quejoso permanezca privado de su libertad personal en el lugar en el que se encuentra recluido. Es pertinente destacar que la postura que antecede, se sustenta en el criterio emitido en la ejecutoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, por la el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, al resolver el conflicto competencial 24/2023, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en la que concluyó que en el supuesto en el que el acto reclamado tenga por consecuencia la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal, tiene una ejecución material en el lugar donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues ahí se seguirá ejecutando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa respecto de la cual la autoridad responsable determinó negar la modificación de la citada medida cautelar solicitada por el quejoso. Por lo que resolvió que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es el competente para conocer el juicio de amparo promovido por el quejoso -que se encontraba privado de la libertad en el centro de reinserción con residencia en Ensenada, Baja California-, en el que reclamó la resolución en la que la autoridad responsable resolvió sobre la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces, si -como se indicó- el quejoso Rogelio Muñoz Lomelí se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social Número 8 "NorPoniente", con residencia en el Municipio de Guasave, Sinaloa, se considera que es en dicho Municipio donde, tiene ejecución el acto reclamado consistente en la omisión de resolver sobre la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solicitada por el quejoso, ya que los efectos que produce sólo se relacionan con la libertad personal del agraviado, es decir, en el lugar en el que se encuentra la residencia del centro penitenciario en el que continúa privado de su libertad personal el quejoso, con motivo de la conducta omisiva de la autoridad responsable y, por ende, el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en ese lugar es quien resulta ser competente para conocer de la demanda relativa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 178232, de contenido siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Contradicción de tesis 141/2004-PS. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 23 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 48/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco." En el mismo sentido se invoca la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2006160, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. Contradicción de tesis 51/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 4 de diciembre de 2013. La votación se dividió en dos partes. Mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos. Tesis de jurisprudencia 14/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de febrero de dos mil catorce." En ese orden de ideas, como se adelantó, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo se determina que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal conocer de la demanda relativa, al no ejercer jurisdicción en el lugar en donde tiene ejecución el acto que se reclama, pues ello corresponde, a un Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis. En tales condiciones, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, declinó la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, en turno, para que conforme a sus atribuciones legales resolviera lo que en derecho correspondiera. Similar criterio se desprende de las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión ********************y ********************, en sesiones ordinarias celebradas el veinte de febrero de dos mil veinte y catorce de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California. En este orden de ideas, respetuosamente se disiente del criterio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Amparo, así como los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en turno, para lo que a bien tenga determinar en relación con el conflicto competencial que se plantea. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el perito ********************mediante el cual emite su dictamen pericial en materia de topografía, que le fue solicitado. En ese tenor, toda vez que el perito ********************tiene su domicilio ubicado en Privada ********************, número ********************, Colonia ********************, Mexicali, Baja California; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional notifique el presente auto al perito ********************a fin de que haga de su conocimiento que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este proveído, deberá comparece a este órgano jurisdiccional a efecto de ratificar el contenido del dictamen rendido. En la inteligencia, de que podrá ratificar el dictamen en mención al momento de su notificación. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se faculta al Juez exhortado, para que habilite al actuario de su adscripción, a fin de que practique la diligencia encomendada incluso, a través de los medios electrónicos disponibles; por lo que podrá habilitar desde este momento días y horas inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Solicitando que tan pronto sea diligenciado el exhorto ordenado lo devuelva en conjunto con las actuaciones practicadas, así también, se faculta al Juez requerido para que emita todos los proveídos necesarios, por lo que podrá imponer las medidas de apremio conducentes. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las diez horas con diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que se procede a emitir el pronunciamiento a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo. Antecedentes El quince de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Resolución que, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes, causó ejecutoria el doce de abril de dos mil veintitrés; y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Efectos del fallo protector Los efectos del fallo protector son los siguientes: "Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Emita otra en la que reitere lo que no fue materia de este fallo. 3. Nuevamente, con libertad de jurisdicción, lleve a cabo el análisis comparativo para establecer si acorde a las condiciones del caso en particular se actualiza la usura, para lo cual deberá tomar en consideración que la tasa de interés moratorio fue pactada por las partes a razón de multiplicar por dos la tasa de interés ordinario, atendiendo a lo expuesto en el presente fallo. . " Actos relativos al cumplimiento del fallo Así, a través del oficio 1857, recibido en este órgano jurisdiccional el dos de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria General de Acuerdos adjunta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, de esta ciudad, comunicó que, en cumplimiento al fallo protector, en auto dictado el veintiocho de abril del año en curso, dejó sin efecto la resolución pronunciada el veintinueve de abril de dos mil veintidós. Asimismo, con el diverso oficio 2466, recibido en este órgano jurisdiccional el dos de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada con libertad de jurisdicción el uno de junio del año en curso, en los autos del toca civil 1141/2021. Documentales que de conformidad con los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno. Calificación de los actos relativos al cumplimiento del fallo. Atento a lo expuesto, queda demostrado que la responsable dio cumplimiento a los efectos concesorios de la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo en que se actúa, esto es, dejó insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, y en uno de junio de dos mil veintitrés, y con libertad de jurisdicción emitió nueva resolución, en la que llevó a cabo un análisis comparativo si en el caso particular se actualizaba la usura, conforme a los lineamientos del fallo protector, tal como se advierte de las siguientes imágenes: / / / Por tanto, sin que este órgano jurisdiccional advierta, exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, sin perjuicio de que la parte correspondiente intente el medio de impugnación previsto en el artículo 201 del propio ordenamiento legal. En tales condiciones, háganse las anotaciones en los registros correspondientes de este órgano jurisdiccional, conforme a los datos siguientes: Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento 01/06/2023 05/06/2023 08/06/2023 Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/cehc
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