Rogelio Luna Zepeda
Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rogelio Luna Zepeda
- Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur En Funciones de Juez de Control de Izúcar de Matamoros, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el juez responsable en atención a su informe de ley -cuaderno de prueba I y dos discos versátiles digitales que obran en sobre cerrado a fojas 39 de autos, relativos a la carpeta judicial administrativa 58/2020/MATAMOROS de su estadística-, se ordena devolver dichos documentos a la autoridad citada -previa certificación de desglose de los referidos discos-; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Ahora bien, y, toda vez que el juez responsable tiene su domicilio fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que se sirva acusar recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las constancias que se anexan. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, foja 2); por lista a su autorizado en términos amplios señalado en auto de nueve de abril de dos mil veintiuno; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. I. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. Visto, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Rogelio Luna Zepeda y, en su atención, se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase al ocursante copia certificada a su costa de las constancias que indica, por conducto de la persona que refiere en su ocurso de cuenta -siempre y cuando las mismas no sean de reserva-; asimismo, hágasele de su conocimiento que la entrega de dicha copia se realizará en la residencia de este juzgado, conforme al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. II. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Finalmente, atendiendo a que el demandante constitucional solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos-siempre y cuando las mismas no sean de reserva-; se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos, el escrito de cuenta del quejoso, a través del cual manifiesta lo siguiente: I. REVOCACIÓN DE AUTORIZADO. Téngasele revocando a su autorizado procesal José Alejandro Rodolfo Ortega Pérez previamente nombrado, y señalando como nuevo autorizado a Jacinto Molina Vélez, con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. II. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. En diverso aspecto, téngase a referido quejoso solicitando se expidan a su costa copia certificada de los autos de ocho, nueve, trece y catorce, todos de abril de dos mil veintiuno, así como informes previos de las autoridades responsables; por lo que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase al ocursante copia certificada a su costa de las constancias que indica, por conducto de la persona que refiere en su ocurso de cuenta; asimismo, hágasele de su conocimiento que la entrega de dicha copia se realizará en la residencia de este juzgado, conforme al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. III. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Finalmente, atendiendo a que el demandante constitucional solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. En el entendido de que dicha autorización podrá ejercerse una vez que se reanuden las labores ordinarias de este órgano jurisdiccional, suspendidas parcialmente por la pandemia mundial provocada por el coronavirus SARS-CoV2. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 284/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla promovido por Rogelio Luna Zepeda; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 1 a 7), recibido mediante buzón judicial y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Rogelio Luna Zepeda, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes (fojas 2 y 3): "III.- LA AUTORIDAD(ES) RESPONSABLE(S): Tiene(n) el carácter de autoridad(es) responsable(s), en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la(s) siguiente(s): b) ORDENADORA.- El juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, en funciones del Juez de Control con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla. b) EJECUTORA(S).- 1.- El Director General de la Agencia Estatal de Investigación. 2.- El Encargado y/o Comandante en Izúcar de Matamoros, Puebla de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 3.- El Encargado y/o Inspector Regional de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros. (.) IV.- PROTESTA: Declaro bajo protesta de decir verdad, que tuve conocimiento de la existencia del acto reclamado más no de su contenido, el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno al acudir al área de control del Centro de Reinserción Social en donde me encuentro recluido, siendo informado por personal de esa área que cuento con una orden de aprehensión solicitada y librada en la carpeta judicial administrativa número 617/2020/MATAMOROS, por el delito de Homicidio Calificado sin darme mayores datos de referencia, lo cual me alarmó por estar precisamente recluido por un hecho con apariencia de delito de homicidio, ya que no he cometido ninguno." V.-ACTO(S) RECLAMADO(S): 1.- De la autoridad señalada como Ordenadora del acto de molestia, le reclamo la Orden de Aprehensión librada en mi contra, misma de la que como ya lo manifesté desconozco su contenido. 2.- De las autoridades señaladas como Ejecutoras del acto de molestia, les reclamo el cumplimiento que le estén dando al acto solicitado por la ordenadora y en su caso el cumplimiento de ésta." La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así, por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se radicó la misma con el número 284/2021, y se admitió a trámite con incidente de suspensión (fojas 8 a 14), se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 44). TERCERO. Cita para audiencia. En el señalado auto admisorio de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas de la audiencia se desarrollaron al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, y atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: Al 1. Juez de Control del juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro): a) La emisión de la orden de aprehensión librada en su contra en los autos de la carpeta judicial administrativa número 617/2020/MATAMOROS. Del 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo Izúcar de Matamoros, Puebla, y 4. Encargado y/o Inspector Regional de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros, Puebla: b) La ejecución de la orden de aprehensión, librada en su contra por la responsable ordenadora en los autos de la carpeta judicial administrativa número 617/2020/MATAMOROS. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, en relación con los actos reclamados que han quedado narrados en el considerando anterior, las autoridades señaladas como responsables rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. 1. Juez de Control del juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), en su calidad de ordenadora. NIEGA FOJAS 24 Y 25 2. 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, como ejecutora. NIEGA FOJA 21 3. 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo Izúcar de Matamoros, Puebla, como ejecutora. NIEGA FOJA 32 4. 4. Encargado y/o Inspector Regional de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros, Puebla, como ejecutora. NIEGA FOJA 33 Del cuadro anterior, se advierte que todas las autoridades (ordenadora y ejecutoras) negaron el acto que se les atribuye, consistente en la emisión de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, en los autos de la carpeta judicial administrativa número 617/2020/MATAMOROS, y su ejecución, sin que dicho peticionario de amparo haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas, no obstante que se le dio vista con los mismos por autos de ocho, nueve, y trece de abril de dos mil veintiuno (fojas 22, 27, y 36). Al respecto, el juez de control aseveró no hay antecedente de la carpeta que mencionó el quejoso (617/2020/MATAMOROS). En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. No obsta a lo anterior que del informe que rindió la autoridad responsable ordenadora 1. Juez de Control del juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), se advierta que el veinticinco de octubre de dos mil veinte, libró una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso dentro de los autos de la carpeta judicial administrativa número 58/2020/MATAMOROS, por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado (fojas 35 a 52 del anexo I); que ésta fue ejecutada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte (foja 62 del anexo I); y, que el tres de diciembre del mismo año se resolvió su situación jurídica dictándose en su contra auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado (fojas 24 y 25 del expediente de amparo, en relación con los dos discos DVD, foja 39). Todo lo cual aconteció en el año dos mil veinte, antes de la presentación de la demanda de amparo en estudio, que fue el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; lo que permite aseverar que no existe orden de aprehensión pendiente de ejecutar en contra del quejoso por parte de la autoridad que el quejoso señaló como responsable ordenadora, pues por lo que hace a la carpeta judicial administrativa número 617/2020/MATAMOROS no existe antecedente alguno, y en relación a la diversa 58/2020/MATAMOROS que se sigue en su contra, la orden de aprehensión que en su momento se libró, ya fue ejecutada; de ahí la inexistencia del acto reclamado, y su ejecución. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Rogelio Luna Zepeda, contra el acto y las autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese: personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, foja 2); por lista al autorizado en términos amplios señalado en auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 ya citado; y, por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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