Rogelio Juarez Hernandez

Expediente 1036/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1036/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
30/04/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Juarez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del nueve al veintisiete de abril de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió el Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la región Judicial Centro Poniente con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en apoyo a su informe justificado, consistente en cuatro discos versátiles digitales (dvds) devuélvansele los mismos, debiéndose dejar hoja de sustitución en las fojas 129, 180 y 308, respectivamente, por lo que se le requiere para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse recibo de los mismos. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento realizado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 188 a 208), se sobreseyó por una parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Centro Poniente del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Rogelio Juárez Hernández, para el efecto de que la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Centro Poniente del Estado de Puebla -Rosa Celia Pérez González-, una vez que cause ejecutoria y se le requiere el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en la carpeta judicial administrativa 1/2017/SAN MARTÍN de su índice: a) Deje insubsistente la audiencia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar de garantía económica impuesta al quejoso, así como la parte conducente de la resolución que para tal efecto emitió por escrito; y, b) Con libertad de jurisdicción, en audiencia, fundada y motivadamente, subsane las deficiencias señaladas en el presente fallo, en términos del artículo 16 Constitucional, esto es: b.1) De insistir en imponer el monto de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional) como garantía económica, deberá motivarlo conforme a los parámetros exigidos por el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, acorde a las características del imputado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; en la inteligencia que, deberá fijar un plazo razonable para exhibir tal garantía, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. b.2) De considerar necesaria la modificación del monto (aumentarlo o disminuirlo), deberá fundamentarlo y motivarlo, llevando a cabo las gestiones pertinentes para devolver el excedente de la cantidad exhibida o, en su defecto, el cobro de la misma." Resolución contra la cual el quejoso interpuso recurso de revisión (foja 241), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-5/2018 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 264 a 299). Atento lo anterior, en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 300 a 303), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la jueza responsable. Así, mediante oficio 767/2018 (fojas 307 y 308), la Jueza responsable remitió un disco versátil digital (DVD) de la audiencia llevada a cabo el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho dentro de la carpeta administrativa 1/2017/SAN MARTÍN de su índice, de cuyo contenido se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la audiencia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar de garantía económica impuesta al quejoso y sus efectos jurídicos (a las quince horas con cuatro minutos y treinta segundos de la grabación). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, con fundamento en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, volvió a imponerle al quejoso la medida cautelar de garantía económica por $25,000.00 (veinticinco mil pesos cero centavos moneda nacional). Lo anterior, bajo los siguientes argumentos: ". tomar el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales y hacer una justipreciación siguiendo las características del imputado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, eso es lo que requiere la sentencia de amparo por eso es que no estoy solicitando en este momento que se hagan cargo defensores y ministerios públicos del debate, es innecesario el debate, así lo dispone la sentencia de amparo y yo la debo acatar estrictamente, 159 contenido de la resolución, si bien es una modificación de la prisión preventiva necesaria no deja de ser el acto de procedimiento aquél que impone en sustitución medidas cautelares y las establece por lo mismo debo seguir el contenido del artículo 159, imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma, lineamientos para la aplicación de la medida y la vigencia de la medida, 161 que fue la revisión de la medida, el fundamento que empleó la defensa en aquella audiencia de cuatro de septiembre para pedir, fue la causa de pedir que habían cambiado objetivamente las condiciones que tuve en cuenta para imponerle prisión preventiva necesaria, audiencia de revisión fue aquella misma de cuatro de septiembre, medios de prueba, los voy a retomar enseguida y finalmente el artículo 168 respecto del 172, 168 peligro de sustracción del imputado, para decidir si está garantizando o no la comparecencia del imputado en el proceso el Juez de Control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: arraigo en el lugar en que tenga que ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual asiendo de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga, fracción segunda el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse del acuerdo del delito de que se trate la aplicabilidad que ..adopte el imputado durante este, fracción tercera comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento en otro anterior en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal, cuarta que no aplica inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o última quinta desacato de citaciones para actos procesales y que conforme a derecho le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, considero que el eje que amerita el pronunciamiento es asegurar la presencia del imputado para los actos de procedimiento y permitir la continuidad de la investigación, no me voy a ocupar de riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad o bien peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación porque independientemente de que todo acto de procedimiento debe seguir una secuencia lógica la actuación de las partes debe ser también aquella que responda a esta exigencia de litigación lógica, cuando se solicitó inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva no se estableció que fuese para proteger a la víctima o bien para evitar la obstaculización del desarrollo de la investigación, esto es Ministerio Público indicó que se requería para asegurar la presencia del imputado, presentación de la garantía, al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica el Juez de Control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público, para resolver sobre dicho monto el Juez de Control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima, ofendido, para los testigos o para la comunidad, adicionalmente este es el punto medular, central, o toral que llama la atención de la sentencia constitucional y la llamada de atención es para la que resuelva, características del imputado, su capacidad económica, posibilidad de cumplimiento, de las obligaciones procesales a su cargo, el Juez de Control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía, hasta aquí con el fundamento, ahora razones concretas, debo enfatizar como lo dije en aquella audiencia en la que se impuso presentación periódica la cual fue una medida cautelar que la autoridad judicial aprobó al menos en la metodología que emplee para resolver lo conducente, que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que son herramientas, instrumentos al servicio de los fines del proceso, aquellos que aparecen en el artículo 20 Apartado A Constitucional. posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, así como características del imputado y su capacidad económica, en este punto me voy a detener y señalo la regla general es que toda persona ante la jurisdicción debe hallarse en libertad y solamente que por las circunstancias personales se justifique se imponen medidas cautelares, hay la necesidad de la cautela en este asunto ya lo decía que sí en aquella diversa audiencia, cuál fue la información que dio defensor para pedir el cambio de medida cautelar, hago una síntesis. en este momento debo explicar si resulta necesaria la imposición de la medida cautelar de garantía económica, la pidió en aquél momento el Agente del Ministerio Público cuando se le solicitó su contradicción o contestación y hace unos instantes señalaba la facultad que da al juzgado o a la juzgadora de oralidad el Código Nacional decía no combinar, asociar medidas cautelares, debo preguntarme si con la simple presentación periódica que no fue demeritada por la sentencia de amparo resultaría suficiente y decía que lo voy hacer sobre la base de los tres subprincipios que derivan de razonabilidad, proporcionalidad, existe necesidad de una nueva medida cautelar, la garantía económica tiene esa idoneidad y la proporcionalidad de la misma, es verdad se sostiene aquí un arraigo familiar, laboral, incluso domiciliario pero debo señalar que el que el imputado tenga una familia, tenga un domicilio y tenga una fuente de ingresos, mil pesos semanales que se dice obtiene no asegura que con la simple presentación periódica estará interesado en la continuidad de la investigación y de los actos de procedimiento, no asegura suficientemente, por qué razón, hay una expectativa de pena privativa de seis a doce años de duración y el dato este que no desaparece porque posteriormente en una nueva evaluación se indique que ya se tiene información constatada sobre el lugar donde tiene su domicilio, sobre la conformación aparente de su familia, y digo aparente porque me estoy remitiendo a una evaluación y además la cuestión de no haber dado estos datos inicialmente inclusive podría dirigirme aquí pero no lo voy hacer en el sentido final de la fracción primera en su última línea, no lo voy hacer pero sí se permitió que con plenitud de jurisdicción explorara sobre necesidad de una medida cautelar asociada a la presentación periódica, considero que no es suficiente para dar continuidad a la investigación y al procedimiento, asegurar o garantizar el interés del imputado por eso es que convengo, en que sí existe la necesidad de asociar a la presentación periódica, la siguiente medida cautelar que es específicamente la garantía económica, en aquél momento señalaba que la suma propuesta por el Ministerio Público no me vinculaba, esto es que, no tiene Ministerio Público aquí el poder, sino no tendría sentido que el Código Nacional en este capítulo quinto inclusive el artículo dieciséis Constitucional, en su fracción décimo cuarta estableciera que es capacidad o competencia del juzgador de oralidad la definición de medidas cautelares, claro está previa petición, los únicos legitimados para solicitarlas son Ministerio Público, víctima u ofendidos, en el caso quien pide, la causa de pedir decía de la sustitución fue la defensa también está habilitada es su competencia desde luego. hay necesidad del instrumento de cautela que debe asociarse al de la presentación periódica que se mantiene intacta o en las mismas circunstancias o condiciones de su imposición; idoneidad la tiene esta garantía económica si revisara en el contexto del artículo 155 las restantes, embargo de bienes, no sería aplicable embargarle bienes si lo que requiere es asegurar su presencia, inmovilización de cuentas tampoco aplicaría, prohibición de salir sin autorización del país de la localidad en la cual reside en el ámbito territorial que fija el juez no sería suficiente tampoco prohibirle, no tiene esa adecuación, someterle al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada no aplica, sencillamente igual que la novena separación inmediata del domicilio lo que busco es asegurar su presencia para la continuidad de la investigación y del procedimiento, prohibirle a usted que vaya a reuniones o se acerque a lugares tampoco es adecuada, prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con víctimas, ofendidos o testigos no es adecuado, suspensión temporal en el ejercicio del cargo no aplica, suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad profesional o laboral no aplica, colocación de localizadores electrónicos no aplica o inclusive resguardarle en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, esto tendría un impacto sobre su libertad, lo dejaría dentro de su casa pero sin la posibilidad de salir y tendría un impacto también en la dignidad en cuanto que su domicilio estaría siendo supervisado o revisado por las personas responsables, pero dentro del domicilio, prisión preventiva que bueno fue la que se sustituyó, la garantía económica tiene esta idoneidad, esta adecuación máxime que de la información no controvertida por ministerio público está que, reiteró que viva desde hace más de doce años indica en Josefa Ortiz de Domínguez, número dieciséis, que es el domicilio de su mamá, que trabaje para productos lácteos Hermanos Pérez y que viva con su pareja y con sus hijos no me garantiza a mí el interés en acudir a las citaciones que le dirija este juzgado de oralidad por eso es que asocio a la simple presentación periódica la cual considero no es suficiente y debo reforzarla con esta garantía económica, precisamente la exhibición, reitero ya que además aprecio que usted dijo percibir en esta evaluación un mil pesos semanarios lo que es superior del mínimo del salario mínimo vigente en esta región judicial es un ingreso superior al salario mínimo por día los mil pesos que usted dijo percibir, en aquél momento señalé que la garantía económica debía exhibirse, podía ser exhibida a través de cualquiera de las formas que determinara el artículo 173, en síntesis que apreciando sus características personales que me da a conocer esta evaluación, la capacidad económica, posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo con la simple presentación periódica, no puedo considerar la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales. para este momento ya se exhibió aquella garantía, en síntesis esta autoridad judicial mantiene su decisión en el sentido de considerar la necesidad de asociar a la presentación periódica la diversa medida cautelar de exhibición de garantía." (hasta las quince horas con treinta y ocho minutos y cuarenta y dos segundos de la grabación). Disco versátil digital (DVD), al cual se le concede valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad, respecto de la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, según párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento realizado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 188 a 208), se sobreseyó por una parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Centro Poniente del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Rogelio Juárez Hernández, para el efecto de que la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Centro Poniente del Estado de Puebla -Rosa Celia Pérez González-, una vez que cause ejecutoria y se le requiere el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en la carpeta judicial administrativa 1/2017/SAN MARTÍN de su índice: a) Deje insubsistente la audiencia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar de garantía económica impuesta al quejoso, así como la parte conducente de la resolución que para tal efecto emitió por escrito; y, b) Con libertad de jurisdicción, en audiencia, fundada y motivadamente, subsane las deficiencias señaladas en el presente fallo, en términos del artículo 16 Constitucional, esto es: b.1) De insistir en imponer el monto de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional) como garantía económica, deberá motivarlo conforme a los parámetros exigidos por el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, acorde a las características del imputado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; en la inteligencia que, deberá fijar un plazo razonable para exhibir tal garantía, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. b.2) De considerar necesaria la modificación del monto (aumentarlo o disminuirlo), deberá fundamentarlo y motivarlo, llevando a cabo las gestiones pertinentes para devolver el excedente de la cantidad exhibida o, en su defecto, el cobro de la misma." Resolución contra la cual el quejoso interpuso recurso de revisión (foja 241), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-5/2018 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 264 a 299). Atento lo anterior, en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 300 a 303), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la jueza responsable. Así, mediante oficio 767/2018 (fojas 307 y 308), la Jueza responsable remitió un disco versátil digital (DVD) de la audiencia llevada a cabo el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho dentro de la carpeta administrativa 1/2017/SAN MARTÍN de su índice, de cuyo contenido se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la audiencia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar de garantía económica impuesta al quejoso y sus efectos jurídicos (a las quince horas con cuatro minutos y treinta segundos de la grabación). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, con fundamento en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, volvió a imponerle al quejoso la medida cautelar de garantía económica por $25,000.00 (veinticinco mil pesos cero centavos moneda nacional). Lo anterior, bajo los siguientes argumentos: ". tomar el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales y hacer una justipreciación siguiendo las características del imputado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, eso es lo que requiere la sentencia de amparo por eso es que no estoy solicitando en este momento que se hagan cargo defensores y ministerios públicos del debate, es innecesario el debate, así lo dispone la sentencia de amparo y yo la debo acatar estrictamente, 159 contenido de la resolución, si bien es una modificación de la prisión preventiva necesaria no deja de ser el acto de procedimiento aquél que impone en sustitución medidas cautelares y las establece por lo mismo debo seguir el contenido del artículo 159, imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma, lineamientos para la aplicación de la medida y la vigencia de la medida, 161 que fue la revisión de la medida, el fundamento que empleó la defensa en aquella audiencia de cuatro de septiembre para pedir, fue la causa de pedir que habían cambiado objetivamente las condiciones que tuve en cuenta para imponerle prisión preventiva necesaria, audiencia de revisión fue aquella misma de cuatro de septiembre, medios de prueba, los voy a retomar enseguida y finalmente el artículo 168 respecto del 172, 168 peligro de sustracción del imputado, para decidir si está garantizando o no la comparecencia del imputado en el proceso el Juez de Control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: arraigo en el lugar en que tenga que ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual asiendo de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga, fracción segunda el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse del acuerdo del delito de que se trate la aplicabilidad que ..adopte el imputado durante este, fracción tercera comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento en otro anterior en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal, cuarta que no aplica inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o última quinta desacato de citaciones para actos procesales y que conforme a derecho le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, considero que el eje que amerita el pronunciamiento es asegurar la presencia del imputado para los actos de procedimiento y permitir la continuidad de la investigación, no me voy a ocupar de riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad o bien peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación porque independientemente de que todo acto de procedimiento debe seguir una secuencia lógica la actuación de las partes debe ser también aquella que responda a esta exigencia de litigación lógica, cuando se solicitó inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva no se estableció que fuese para proteger a la víctima o bien para evitar la obstaculización del desarrollo de la investigación, esto es Ministerio Público indicó que se requería para asegurar la presencia del imputado, presentación de la garantía, al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica el Juez de Control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público, para resolver sobre dicho monto el Juez de Control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima, ofendido, para los testigos o para la comunidad, adicionalmente este es el punto medular, central, o toral que llama la atención de la sentencia constitucional y la llamada de atención es para la que resuelva, características del imputado, su capacidad económica, posibilidad de cumplimiento, de las obligaciones procesales a su cargo, el Juez de Control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía, hasta aquí con el fundamento, ahora razones concretas, debo enfatizar como lo dije en aquella audiencia en la que se impuso presentación periódica la cual fue una medida cautelar que la autoridad judicial aprobó al menos en la metodología que emplee para resolver lo conducente, que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que son herramientas, instrumentos al servicio de los fines del proceso, aquellos que aparecen en el artículo 20 Apartado A Constitucional. posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, así como características del imputado y su capacidad económica, en este punto me voy a detener y señalo la regla general es que toda persona ante la jurisdicción debe hallarse en libertad y solamente que por las circunstancias personales se justifique se imponen medidas cautelares, hay la necesidad de la cautela en este asunto ya lo decía que sí en aquella diversa audiencia, cuál fue la información que dio defensor para pedir el cambio de medida cautelar, hago una síntesis. en este momento debo explicar si resulta necesaria la imposición de la medida cautelar de garantía económica, la pidió en aquél momento el Agente del Ministerio Público cuando se le solicitó su contradicción o contestación y hace unos instantes señalaba la facultad que da al juzgado o a la juzgadora de oralidad el Código Nacional decía no combinar, asociar medidas cautelares, debo preguntarme si con la simple presentación periódica que no fue demeritada por la sentencia de amparo resultaría suficiente y decía que lo voy hacer sobre la base de los tres subprincipios que derivan de razonabilidad, proporcionalidad, existe necesidad de una nueva medida cautelar, la garantía económica tiene esa idoneidad y la proporcionalidad de la misma, es verdad se sostiene aquí un arraigo familiar, laboral, incluso domiciliario pero debo señalar que el que el imputado tenga una familia, tenga un domicilio y tenga una fuente de ingresos, mil pesos semanales que se dice obtiene no asegura que con la simple presentación periódica estará interesado en la continuidad de la investigación y de los actos de procedimiento, no asegura suficientemente, por qué razón, hay una expectativa de pena privativa de seis a doce años de duración y el dato este que no desaparece porque posteriormente en una nueva evaluación se indique que ya se tiene información constatada sobre el lugar donde tiene su domicilio, sobre la conformación aparente de su familia, y digo aparente porque me estoy remitiendo a una evaluación y además la cuestión de no haber dado estos datos inicialmente inclusive podría dirigirme aquí pero no lo voy hacer en el sentido final de la fracción primera en su última línea, no lo voy hacer pero sí se permitió que con plenitud de jurisdicción explorara sobre necesidad de una medida cautelar asociada a la presentación periódica, considero que no es suficiente para dar continuidad a la investigación y al procedimiento, asegurar o garantizar el interés del imputado por eso es que convengo, en que sí existe la necesidad de asociar a la presentación periódica, la siguiente medida cautelar que es específicamente la garantía económica, en aquél momento señalaba que la suma propuesta por el Ministerio Público no me vinculaba, esto es que, no tiene Ministerio Público aquí el poder, sino no tendría sentido que el Código Nacional en este capítulo quinto inclusive el artículo dieciséis Constitucional, en su fracción décimo cuarta estableciera que es capacidad o competencia del juzgador de oralidad la definición de medidas cautelares, claro está previa petición, los únicos legitimados para solicitarlas son Ministerio Público, víctima u ofendidos, en el caso quien pide, la causa de pedir decía de la sustitución fue la defensa también está habilitada es su competencia desde luego. hay necesidad del instrumento de cautela que debe asociarse al de la presentación periódica que se mantiene intacta o en las mismas circunstancias o condiciones de su imposición; idoneidad la tiene esta garantía económica si revisara en el contexto del artículo 155 las restantes, embargo de bienes, no sería aplicable embargarle bienes si lo que requiere es asegurar su presencia, inmovilización de cuentas tampoco aplicaría, prohibición de salir sin autorización del país de la localidad en la cual reside en el ámbito territorial que fija el juez no sería suficiente tampoco prohibirle, no tiene esa adecuación, someterle al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada no aplica, sencillamente igual que la novena separación inmediata del domicilio lo que busco es asegurar su presencia para la continuidad de la investigación y del procedimiento, prohibirle a usted que vaya a reuniones o se acerque a lugares tampoco es adecuada, prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con víctimas, ofendidos o testigos no es adecuado, suspensión temporal en el ejercicio del cargo no aplica, suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad profesional o laboral no aplica, colocación de localizadores electrónicos no aplica o inclusive resguardarle en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, esto tendría un impacto sobre su libertad, lo dejaría dentro de su casa pero sin la posibilidad de salir y tendría un impacto también en la dignidad en cuanto que su domicilio estaría siendo supervisado o revisado por las personas responsables, pero dentro del domicilio, prisión preventiva que bueno fue la que se sustituyó, la garantía económica tiene esta idoneidad, esta adecuación máxime que de la información no controvertida por ministerio público está que, reiteró que viva desde hace más de doce años indica en Josefa Ortiz de Domínguez, número dieciséis, que es el domicilio de su mamá, que trabaje para productos lácteos Hermanos Pérez y que viva con su pareja y con sus hijos no me garantiza a mí el interés en acudir a las citaciones que le dirija este juzgado de oralidad por eso es que asocio a la simple presentación periódica la cual considero no es suficiente y debo reforzarla con esta garantía económica, precisamente la exhibición, reitero ya que además aprecio que usted dijo percibir en esta evaluación un mil pesos semanarios lo que es superior del mínimo del salario mínimo vigente en esta región judicial es un ingreso superior al salario mínimo por día los mil pesos que usted dijo percibir, en aquél momento señalé que la garantía económica debía exhibirse, podía ser exhibida a través de cualquiera de las formas que determinara el artículo 173, en síntesis que apreciando sus características personales que me da a conocer esta evaluación, la capacidad económica, posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo con la simple presentación periódica, no puedo considerar la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales. para este momento ya se exhibió aquella garantía, en síntesis esta autoridad judicial mantiene su decisión en el sentido de considerar la necesidad de asociar a la presentación periódica la diversa medida cautelar de exhibición de garantía." (hasta las quince horas con treinta y ocho minutos y cuarenta y dos segundos de la grabación). Disco versátil digital (DVD), al cual se le concede valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad, respecto de la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, según párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento realizado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 188 a 208), se sobreseyó por una parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Centro Poniente del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Rogelio Juárez Hernández, para el efecto de que la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Centro Poniente del Estado de Puebla -Rosa Celia Pérez González-, una vez que cause ejecutoria y se le requiere el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en la carpeta judicial administrativa 1/2017/SAN MARTÍN de su índice: a) Deje insubsistente la audiencia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar de garantía económica impuesta al quejoso, así como la parte conducente de la resolución que para tal efecto emitió por escrito; y, b) Con libertad de jurisdicción, en audiencia, fundada y motivadamente, subsane las deficiencias señaladas en el presente fallo, en términos del artículo 16 Constitucional, esto es: b.1) De insistir en imponer el monto de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional) como garantía económica, deberá motivarlo conforme a los parámetros exigidos por el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, acorde a las características del imputado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; en la inteligencia que, deberá fijar un plazo razonable para exhibir tal garantía, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. b.2) De considerar necesaria la modificación del monto (aumentarlo o disminuirlo), deberá fundamentarlo y motivarlo, llevando a cabo las gestiones pertinentes para devolver el excedente de la cantidad exhibida o, en su defecto, el cobro de la misma." Resolución contra la cual el quejoso interpuso recurso de revisión (foja 241), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-5/2018 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 264 a 299). Atento lo anterior, en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 300 a 303), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la jueza responsable. Así, mediante oficio 767/2018 (fojas 307 y 308), la Jueza responsable remitió un disco versátil digital (DVD) de la audiencia llevada a cabo el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho dentro de la carpeta administrativa 1/2017/SAN MARTÍN de su índice, de cuyo contenido se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la audiencia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar de garantía económica impuesta al quejoso y sus efectos jurídicos (a las quince horas con cuatro minutos y treinta segundos de la grabación). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, con fundamento en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, volvió a imponerle al quejoso la medida cautelar de garantía económica por $25,000.00 (veinticinco mil pesos cero centavos moneda nacional). Lo anterior, bajo los siguientes argumentos: ". tomar el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales y hacer una justipreciación siguiendo las características del imputado, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, eso es lo que requiere la sentencia de amparo por eso es que no estoy solicitando en este momento que se hagan cargo defensores y ministerios públicos del debate, es innecesario el debate, así lo dispone la sentencia de amparo y yo la debo acatar estrictamente, 159 contenido de la resolución, si bien es una modificación de la prisión preventiva necesaria no deja de ser el acto de procedimiento aquél que impone en sustitución medidas cautelares y las establece por lo mismo debo seguir el contenido del artículo 159, imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma, lineamientos para la aplicación de la medida y la vigencia de la medida, 161 que fue la revisión de la medida, el fundamento que empleó la defensa en aquella audiencia de cuatro de septiembre para pedir, fue la causa de pedir que habían cambiado objetivamente las condiciones que tuve en cuenta para imponerle prisión preventiva necesaria, audiencia de revisión fue aquella misma de cuatro de septiembre, medios de prueba, los voy a retomar enseguida y finalmente el artículo 168 respecto del 172, 168 peligro de sustracción del imputado, para decidir si está garantizando o no la comparecencia del imputado en el proceso el Juez de Control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: arraigo en el lugar en que tenga que ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual asiendo de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga, fracción segunda el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse del acuerdo del delito de que se trate la aplicabilidad que ..adopte el imputado durante este, fracción tercera comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento en otro anterior en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal, cuarta que no aplica inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o última quinta desacato de citaciones para actos procesales y que conforme a derecho le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, considero que el eje que amerita el pronunciamiento es asegurar la presencia del imputado para los actos de procedimiento y permitir la continuidad de la investigación, no me voy a ocupar de riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad o bien peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación porque independientemente de que todo acto de procedimiento debe seguir una secuencia lógica la actuación de las partes debe ser también aquella que responda a esta exigencia de litigación lógica, cuando se solicitó inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva no se estableció que fuese para proteger a la víctima o bien para evitar la obstaculización del desarrollo de la investigación, esto es Ministerio Público indicó que se requería para asegurar la presencia del imputado, presentación de la garantía, al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica el Juez de Control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público, para resolver sobre dicho monto el Juez de Control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima, ofendido, para los testigos o para la comunidad, adicionalmente este es el punto medular, central, o toral que llama la atención de la sentencia constitucional y la llamada de atención es para la que resuelva, características del imputado, su capacidad económica, posibilidad de cumplimiento, de las obligaciones procesales a su cargo, el Juez de Control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía, hasta aquí con el fundamento, ahora razones concretas, debo enfatizar como lo dije en aquella audiencia en la que se impuso presentación periódica la cual fue una medida cautelar que la autoridad judicial aprobó al menos en la metodología que emplee para resolver lo conducente, que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que son herramientas, instrumentos al servicio de los fines del proceso, aquellos que aparecen en el artículo 20 Apartado A Constitucional. posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, así como características del imputado y su capacidad económica, en este punto me voy a detener y señalo la regla general es que toda persona ante la jurisdicción debe hallarse en libertad y solamente que por las circunstancias personales se justifique se imponen medidas cautelares, hay la necesidad de la cautela en este asunto ya lo decía que sí en aquella diversa audiencia, cuál fue la información que dio defensor para pedir el cambio de medida cautelar, hago una síntesis. en este momento debo explicar si resulta necesaria la imposición de la medida cautelar de garantía económica, la pidió en aquél momento el Agente del Ministerio Público cuando se le solicitó su contradicción o contestación y hace unos instantes señalaba la facultad que da al juzgado o a la juzgadora de oralidad el Código Nacional decía no combinar, asociar medidas cautelares, debo preguntarme si con la simple presentación periódica que no fue demeritada por la sentencia de amparo resultaría suficiente y decía que lo voy hacer sobre la base de los tres subprincipios que derivan de razonabilidad, proporcionalidad, existe necesidad de una nueva medida cautelar, la garantía económica tiene esa idoneidad y la proporcionalidad de la misma, es verdad se sostiene aquí un arraigo familiar, laboral, incluso domiciliario pero debo señalar que el que el imputado tenga una familia, tenga un domicilio y tenga una fuente de ingresos, mil pesos semanales que se dice obtiene no asegura que con la simple presentación periódica estará interesado en la continuidad de la investigación y de los actos de procedimiento, no asegura suficientemente, por qué razón, hay una expectativa de pena privativa de seis a doce años de duración y el dato este que no desaparece porque posteriormente en una nueva evaluación se indique que ya se tiene información constatada sobre el lugar donde tiene su domicilio, sobre la conformación aparente de su familia, y digo aparente porque me estoy remitiendo a una evaluación y además la cuestión de no haber dado estos datos inicialmente inclusive podría dirigirme aquí pero no lo voy hacer en el sentido final de la fracción primera en su última línea, no lo voy hacer pero sí se permitió que con plenitud de jurisdicción explorara sobre necesidad de una medida cautelar asociada a la presentación periódica, considero que no es suficiente para dar continuidad a la investigación y al procedimiento, asegurar o garantizar el interés del imputado por eso es que convengo, en que sí existe la necesidad de asociar a la presentación periódica, la siguiente medida cautelar que es específicamente la garantía económica, en aquél momento señalaba que la suma propuesta por el Ministerio Público no me vinculaba, esto es que, no tiene Ministerio Público aquí el poder, sino no tendría sentido que el Código Nacional en este capítulo quinto inclusive el artículo dieciséis Constitucional, en su fracción décimo cuarta estableciera que es capacidad o competencia del juzgador de oralidad la definición de medidas cautelares, claro está previa petición, los únicos legitimados para solicitarlas son Ministerio Público, víctima u ofendidos, en el caso quien pide, la causa de pedir decía de la sustitución fue la defensa también está habilitada es su competencia desde luego. hay necesidad del instrumento de cautela que debe asociarse al de la presentación periódica que se mantiene intacta o en las mismas circunstancias o condiciones de su imposición; idoneidad la tiene esta garantía económica si revisara en el contexto del artículo 155 las restantes, embargo de bienes, no sería aplicable embargarle bienes si lo que requiere es asegurar su presencia, inmovilización de cuentas tampoco aplicaría, prohibición de salir sin autorización del país de la localidad en la cual reside en el ámbito territorial que fija el juez no sería suficiente tampoco prohibirle, no tiene esa adecuación, someterle al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada no aplica, sencillamente igual que la novena separación inmediata del domicilio lo que busco es asegurar su presencia para la continuidad de la investigación y del procedimiento, prohibirle a usted que vaya a reuniones o se acerque a lugares tampoco es adecuada, prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con víctimas, ofendidos o testigos no es adecuado, suspensión temporal en el ejercicio del cargo no aplica, suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad profesional o laboral no aplica, colocación de localizadores electrónicos no aplica o inclusive resguardarle en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, esto tendría un impacto sobre su libertad, lo dejaría dentro de su casa pero sin la posibilidad de salir y tendría un impacto también en la dignidad en cuanto que su domicilio estaría siendo supervisado o revisado por las personas responsables, pero dentro del domicilio, prisión preventiva que bueno fue la que se sustituyó, la garantía económica tiene esta idoneidad, esta adecuación máxime que de la información no controvertida por ministerio público está que, reiteró que viva desde hace más de doce años indica en Josefa Ortiz de Domínguez, número dieciséis, que es el domicilio de su mamá, que trabaje para productos lácteos Hermanos Pérez y que viva con su pareja y con sus hijos no me garantiza a mí el interés en acudir a las citaciones que le dirija este juzgado de oralidad por eso es que asocio a la simple presentación periódica la cual considero no es suficiente y debo reforzarla con esta garantía económica, precisamente la exhibición, reitero ya que además aprecio que usted dijo percibir en esta evaluación un mil pesos semanarios lo que es superior del mínimo del salario mínimo vigente en esta región judicial es un ingreso superior al salario mínimo por día los mil pesos que usted dijo percibir, en aquél momento señalé que la garantía económica debía exhibirse, podía ser exhibida a través de cualquiera de las formas que determinara el artículo 173, en síntesis que apreciando sus características personales que me da a conocer esta evaluación, la capacidad económica, posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo con la simple presentación periódica, no puedo considerar la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales. para este momento ya se exhibió aquella garantía, en síntesis esta autoridad judicial mantiene su decisión en el sentido de considerar la necesidad de asociar a la presentación periódica la diversa medida cautelar de exhibición de garantía." (hasta las quince horas con treinta y ocho minutos y cuarenta y dos segundos de la grabación). Disco versátil digital (DVD), al cual se le concede valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad, respecto de la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, según párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

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