Rogelio Ibarra Ceballos
Expediente 1102/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rogelio Ibarra Ceballos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. SOLICITUD DE COPIAS. Como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las copias simples a que alude previo recibo que se deje en autos, autorizando para tal efecto a las personas que señala en su ocurso de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de julio de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de garantías. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Hágase devolución de los tomos de prueba que se formaron con las documentales que las autoridades Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y Encargado de Despacho de la Auditoria Superior de Michoacán y Jefa del Departamento de Notificaciones de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, remitieron al presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de julio de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de garantías. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Hágase devolución de los tomos de prueba que se formaron con las documentales que las autoridades Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y Encargado de Despacho de la Auditoria Superior de Michoacán y Jefa del Departamento de Notificaciones de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, remitieron al presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S los autos del juicio de amparo número VI-1102/2018, promovido por Rogelio Adrián Ibarra Alonzo, en su carácter de apoderado del quejoso ROGELIO IBARRA CEBALLOS, contra actos del Notificador de Auditoría Superior de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, Rogelio Adrián Ibarra Alonzo, en su carácter de apoderado del quejoso ROGELIO IBARRA CEBALLOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Notificador de Auditoría Superior de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, misma de la que correspondió conocer por cuestión de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la misma; se solicitó el informe justificado respectivo a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde; y por último, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad con sede en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir: ? La notificación de la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento administrativo AMF-048/2013, instaurado en contra del aquí quejoso, misma que se practicó el día trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante cédula fijada en la puerta; y, como consecuencia de ello el procedimiento de ejecución respectivo. No pasa inadvertido para el suscrito el hecho de que el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado el relativo a la notificación de la resolución de siete de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento administrativo R-055/2017, acto que de acuerdo a las constancias también existe; sin embargo, dicha determinación corresponde al recurso de revocación interpuesto por diversos servidores públicos, máxime que la misma se practicó de manera distinta a la que señala el quejoso en sus conceptos de violación, circunstancias que permiten dilucidar que la notificación de que se duele el quejoso corresponde a la practicada el trece de octubre de dos mil diecisiete y que corresponde al juicio administrativo, ya que él mismo alega que se le dejó en estado de indefensión virtud a que al no enterarse de la emisión de dicha determinación no estuvo en aptitud de recurrirla. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por la Notificadora, Contralor Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, se advierte que aceptan la existencia de los actos que se les atribuyen. Por su parte el Auditor Especial y la Jefa del Departamento de Notificaciones, ambos de Auditoría Superior de Michoacán, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, lo procedente es desvirtuar dicha negativa, ya que de las constancias respectivas se advierte la existencia de la notificación reclamada, así como de los actos de ejecución consecuencia de la misma. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables derivadas del procedimiento administrativo de responsabilidades AMF-048/2013, así como del recurso de revocación R-055/2017. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Del contenido integral de la demanda, como ya quedó precisado en considerandos precedentes, se advierte que la parte quejosa reclama la notificación de la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento administrativo AMF-048/2013, instaurado en contra del aquí quejoso, misma que se practicó el día trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante cédula fijada en la puerta. En relación con el referido acto, se actualiza una de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual debe analizarse de oficio y de manera preferente al fondo de la cuestión planteada, ya que es de orden público, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de la Materia. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente:. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". De la transcrita fracción del invocado precepto legal, se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen, entre otras, resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la Ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora, como ya se vio, el promovente reclama en la presente vía de amparo la notificación de la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento administrativo AMF-048/2013, instaurado en contra del aquí quejoso, misma que se practicó el día trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante cédula fijada en la puerta, y como consecuencia de ello el procedimiento de ejecución. Ahora bien, de las constancias relativas al aludido procedimiento administrativo se advierte que el ahora amparista es parte dentro de dicho procedimiento, pues el mismo fue instaurado en su contra determinándose en la sentencia dictada en el mismo imponerle una sanción económica por la cantidad de $4,776.00 (cuatro mil setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). Acotado lo anterior, se estima que el juicio de amparo promovido contra el acto reclamado consistente en la notificación de la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento administrativo AMF-048/2013, instaurado en contra del aquí quejoso, misma que se practicó el día trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante cédula fijada en la puerta, resulta improcedente, si se tiene en cuenta que el mismo refiere afecta su esfera jurídica de derechos, al no haberse practicado debidamente la notificación respectiva, lo cual afirma lo dejó en estado de indefensión al no poder recurrir la resolución en la que se le impuso la sanción pecuniaria señalada, ya que se enteró de la misma una vez que se inició el procedimiento administrativo de ejecución. Al respecto, es necesario señalar en principio que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de septiembre de 1984, es la aplicable al procedimiento de origen por así disponerlo el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios publicada en el Periódico Oficial del Estado el catorce de octubre de dos mil catorce, al decir: "Artículo Sexto. Las acciones u omisiones irregulares relativas al servicio público, así como los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán rigiéndose conforme la normatividad aplicable al momento de su ejecución o inicio". Ahora del contenido de dicha legislación, no se advierte que contemple disposición legal alguna regulatoria de la forma en que deberán realizarse las notificaciones, ni tampoco en relación a los medios de impugnación que en su caso podrían interponerse en contra de las mismas; por tanto, al respecto debe atenderse a lo dispuesto en su artículo 42, en cuanto a que éste dispone: "ARTÍCULO 42. En lo relativo a las cuestiones de procedimientos no previstas en esta Ley, así como la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Procesal Penal del Estado de Michoacán". Es decir, en relación con la forma en que deberán hacerse las notificaciones en los procedimientos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, ya mencionada, y en lo relativo a los medios de impugnación procedentes en contra de dichas actuaciones, no existe regulación expresa en la misma, por lo que conforme al contenido de los numerales antes transcritos la legislación aplicable supletoriamente a dicha ley lo es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, vigente para esa data, por lo que válidamente puede concluirse que dicho ordenamiento debe atenderse para todo lo relativo a las notificaciones que se practiquen en los procedimientos locales de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Así tenemos que el artículo 174 del ordenamiento legal citado en último término, vigente al inicio del procedimiento administrativo de origen (veintinueve de octubre de dos mil trece) prevé: "Artículo 174. Nulidad de Notificaciones. Las notificaciones que se hagan en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas. La nulidad debe reclamarse dentro del término comprendido en la fecha de la notificación y los tres días siguientes a aquél en que sea notificada conforme a derecho la resolución subsecuente. La autoridad que conozca de la reclamación resolverá sin ulterior trámite declarando la nulidad de la notificación, en caso de que proceda, y de las actuaciones posteriores por no haberse podido practicar legalmente sin la existencia previa y la validez de la propia notificación" El artículo transcrito establece que serán nulas las notificaciones que no se practiquen conforme lo establece dicho ordenamiento legal, concediendo la reclamación como medio de defensa ante la práctica contraria a derecho de cualquier notificación. En ese entendido se tiene que, si el amparista pretende reclamar en la presente vía constitucional la notificación de la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento administrativo AMF-048/2013, instaurado en contra del aquí quejoso, misma que se practicó el día trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante cédula fijada en la puerta, la improcedencia resulta actualizada, toda vez que el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, vigente al inicio del procedimiento de origen (veintinueve de octubre de dos mil trece), admite en su artículo 174, la procedencia de la nulidad de notificaciones como medio de defensa, con lo cual de estimarlo procedente, el quejoso obtendría la oportunidad de impugnar mediante el recurso de revocación la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, en la que se le impuso una sanción económica. Por tanto, como parte en el juicio, el quejoso tiene la carga procesal de agotar los medios ordinarios a su alcance, y en el caso concreto, promover la nulidad de la notificación de trece de octubre de dos mil diecisiete, en la que se le hizo saber al quejoso la resolución administrativa de once de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el procedimiento administrativo de responsabilidades AMF-048/2013, por lo que al no ubicarse en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que establece la propia fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya transcrito, se concluye que la parte quejosa anticipadamente debió intentar el referido medio de defensa que establece el invocado cuerpo normativo, es decir, debió promover antes de acudir a la presente vía, la reclamación prevista por el artículo 174 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, para obtener, como se dijo, la nulidad de la notificación ahora reclamada y encontrarse en aptitud de combatir la resolución administrativa mediante la interposición del recurso de revocación; de ahí que, al no haber agotado ese medio ordinario de defensa que la ley establece, inobservó el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, lo que conduce al suscrito a determinar que la demanda de amparo resulta improcedente en relación con dicho acto. Tiene aplicación el criterio que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3366/98. Sociedad Cooperativa de Transportes "Transportadora de Productos Derivados del Petróleo 24 de Febrero", S.C.L. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo en revisión (improcedencia) 560/2000. Rubén Martínez Estrella y otra. 14 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión 5576/99. Grupo Empresarial Real, S.A. de C.V. y otras. 28 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión (improcedencia) 1666/2001. Andamios Atlas, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio Ignacio Cruz Carmona. Amparo en revisión (improcedencia) 926/2002. Grupo Tribasa, S.A. de C.V. 5 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: César Cárdenas Arroyo. También se cita a manera de orientación la jurisprudencia 1a./J 77/2006, que dice: Época: Novena Época Registro: 173621 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Enero de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 77/2006 Página: 111 AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad. Contradicción de tesis 110/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 27 de septiembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López Tesis de jurisprudencia 77/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cuatro de octubre de dos mil seis. En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Rogelio Adrián Ibarra Alonzo, en su carácter de apoderado del quejoso ROGELIO IBARRA CEBALLOS, en contra de las autoridades y por los actos reclamados precisados, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintidós de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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