Rogelio Herrera Tinoco

Expediente 711/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
711/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Herrera Tinoco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.********************Cuenta con autos********************Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho.********************En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector.********************Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice:********************"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."********************Precisión de los efectos del amparo********************En sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a Rogelio Herrera Tinoco, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente:********************"Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución no se haya logrado emplazar a la parte demandada, emita un proveído en el cual ordene la realización de las gestiones que resulten necesarias para ese fin, pudiendo incluso establecer las medidas de apremio respectivas.********************De igual manera, si a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 1B3047/2019, emita de inmediato un auto en el que señale fecha para fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días hábiles siguientes. ********************En el entendido de que si ya se hubiera señalado alguna fecha para el verificativo de la audiencia, la anterior concesión no implica que ésta debe modificarse, por tratarse de un acto acaecido con posterioridad a la presentación de la demanda que dio génesis al expediente que se resuelve."**************************************** Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo ********************Así, en proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo.******************** Sin embargo, no se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector, ya que en ese propio auto se dio cuenta con el oficio remitido por la autoridad responsable y presentado ante este juzgado el siete de mayo de este año, por el que allegó copia certificada del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, por el cual, señaló día y hora para la celebración de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral número ******************** y ordenó el emplazamiento de la parte demandada.******************** Situación con la que en ese propio auto donde causó ejecutoria la sentencia, se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera.********************Posteriormente, por oficio presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, la junta responsable allegó copia certificada de la audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio laboral número J-********************, mediante la cual, se elevó a categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado por las partes, por pagado el trabajador, desistiéndose lisa y llanamente de la demanda, así como de las acciones intentas en contra de todos y cada uno de los demandados, ordenando el archivo como asunto total y definitivamente concluido.******************** Con lo cual, se dio vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera.********************Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo********************De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse realizado emitido un acuerdo el veintisiete de abril del año en curso, por el cual, se señaló día y hora para la celebración de conciliación, demanda y excepciones y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, dentro del juicio laboral número ********************; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas.********************Sin que pase inadvertido que, en el juicio laboral de origen, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado por las partes, se tuvo por pagado el trabajador, desistiéndose lisa y llanamente de la demanda, así como de las acciones intentas en contra de todos y cada uno de los demandados, ordenando el archivo como asunto total y definitivamente concluido; sin embargo, dicha actuación se dio con posterioridad a aquella donde cumplió con la materia medular de la concesión del amparo y por ende, atendiendo a la cronología de las actuaciones, no es factible que se pueda considerar que dejó sin materia al fallo protector. ********************En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. ********************Se ordena el archivo del presente juicio********************Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. ********************En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo.********************Juicio susceptible de depuración********************En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo.********************Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición.********************No existen cuadernos de suspensión********************Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintiuno. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio laboral número J-1B-3047/2019, mediante la cual, se elevó a categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado por las partes, por pagado el trabajador, desistiéndose lisa y llanamente de la demanda, así como de las acciones intentas en contra de todos y cada uno de los demandados, ordenando el archivo como asunto total y definitivamente concluido. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte abril de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Rogelio Herrera Tinoco; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: ".Consecuentemente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Rogelio Herrera Tinoco, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución no se haya logrado emplazar a la parte demandada, emita un proveído en el cual ordene la realización de las gestiones que resulten necesarias para ese fin, pudiendo incluso establecer las medidas de apremio respectivas. De igual manera, si a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 1B3047/2019, emita de inmediato un auto en el que señale fecha para fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días hábiles siguientes. En el entendido de que si ya se hubiera señalado alguna fecha para el verificativo de la audiencia, la anterior concesión no implica que ésta debe modificarse, por tratarse de un acto acaecido con posterioridad a la presentación de la demanda que dio génesis al expediente que se resuelve." NO HA LUGAR A REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Toda vez que mediante el oficio de cuenta 1B-729/2021-MVM, que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informa las gestiones que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y para acreditarlo remite copia certificada del auto de veintisiete de abril del año en curso; por el momento, no ha lugar a requerir a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de amparo, como lo prevé el artículo 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo. SE ORDENA DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga en relación con el cumplimiento dado al fallo protector y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo conducente. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  4. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 711/2020, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 711/2020, promovido por Rogelio Herrera Tinoco, por derecho propio, contra actos del Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido de manera conjunta por el Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto únicamente obra la documental que Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, remitieron en apoyo de su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio laboral 1B3047/2019; documental que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvo por admitida y desahogada en atención su propia y especial naturaleza. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-711/2020; y, R E S U L T A N D O : ??????????????? PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Rogelio Herrera Tinoco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1º, 8º, 13, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y ??????????????? los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte como acto reclamado a la autoridad responsable, los siguientes:  La omisión de señalar fecha para la audiencia inicial.  falta de emplazamiento a la parte demandada. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido de manera conjunta por el Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se obtiene que aceptaron la existencia de los actos reclamados y, al efecto remitieron copia certificada del juicio laboral 1B3047/2019. Documental a la que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: ??????????????? "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". No obstante, de autos se desprende que las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna; además, este órgano jurisdiccional no advierte la actualización de alguna de ellas; entonces, procede el análisis del fondo del juicio de amparo. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. ALFREDO MONTOYA REVILLA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.7d 29/01/24 13:27:16 9 ??????????????? En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la junta responsable de administrar justicia en los plazos legales en juicio laboral 1B3047/2019, particularmente, la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial, así como la falta de emplazamiento de la parte demandada. En sus conceptos de violación, en esencia, la parte quejosa arguye que la responsable vulnera sus derechos fundamentales al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento e impartir justicia pronta y expedita en términos de los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la autoridad responsable en su informe justificado se limitó a manifestar que en el expediente laboral se ha actuado con estricto apego a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. A efecto de expresar claramente las razones que llevan a este juzgador a sostener que asiste razón al quejoso, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [.]" El precepto constitucional citado reconoce en favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, mediante la cual, el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por el promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la existencia de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. ??????????????? La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. Amparo civil directo 1485/25. Lukín viuda de Schacht Catalina y coagraviados. 13 de marzo de 1928. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXPEDICIÓN DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada. Amparo civil en revisión 2443/35. Arriaga Agapito, quiebra de. 18 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Luego, a propósito del proceso contencioso laboral, conviene señalar el contenido del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, que establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la ??????????????? demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Como se puede observar, una vez recibida la demanda por parte de la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, que dicha audiencia deberá señalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda correspondiente. Ello es así, pues evidentemente lo que el legislador buscó al establecer el plazo de quince días para que tenga verificativo la referida audiencia, fue lograr un equilibrio entre el principio de celeridad en la impartición de justicia y el diverso principio de seguridad jurídica de la parte demanda, al darle un plazo suficiente para preparar su defensa en el controvertido laboral. Ahora, trasladando estas premisas al caso que nos ocupa, tenemos como antecedentes a los actos que ahora se reclaman los siguientes: a) Presentación de demanda. Mediante escrito presentado ante la responsable el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el ahora quejoso promovió demanda laboral frente a la persona moral Operadora y Administradora de Servicios Turísticos Mytsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, y quien resulte propietario y/o responsable de la obra en remodelación al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. b) Admisión de demanda. Por auto de veinte de enero de dos mil veinte (más de un mes después), la responsable admitió a trámite la aludida demanda laboral, para lo cual señaló las diez horas del diecinueve de mayo de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia inicial (cuatro meses aproximadamente después). En dicha fecha no fue posible la celebración de la audiencia inicial, con motivo de la suspensión de labores generada por la pandemia generada por el virus Covid-19. c) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, nuevamente se programaron las diez horas con treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia inicial. En esa fecha no fue posible la celebración de la audiencia con motivo de la suspensión de labores generada por la pandemia generada por el virus Covid-19. d) A la fecha, la responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia inicial. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto los plazos que establece la ley en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen, pues el promovente del amparo presentó su escrito de demanda ante la responsable el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, y la junta ??????????????? responsable no proveyó lo relativo dentro del plazo de veinticuatro horas, tal y como lo señala el numeral 873 de la citada ley obrera. Además, de dicha data en que se radicó el juicio ordinario laboral 1B3047/2019, la temporalidad que media entre tal actuación y la primera fecha señalada para la audiencia inicial, excedió por mucho el plazo de quince días que establece la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de dicha audiencia (cuatro meses aproximadamente). Asimismo, el plazo comprendido entre la primera fecha programada para la audiencia inicial diez horas del diecinueve de mayo de dos mil veinte (la cual no fue posible llevar a cabo por la pandemia), y la segunda fecha programada, diez horas con treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, fue de siete meses aproximadamente, el cual excede por mucho el plazo que establece la ley en la materia para tal efecto. Además, de la última fecha programada para la celebración de la audiencia inicial, la cual no se pudo llevar a cabo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable no había programado el desahogo de la citada audiencia. En ese orden de ideas, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 del pacto federal, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. Circunstancia que no aconteció en el caso a estudio, por las razones anteriormente expuestas. Ahora, en lo tocante al emplazamiento de la parte demanda es menester señalar que, si bien, la autoridad exhibió constancias de que se intentó emplazar a la persona moral demandada, lo cierto es, que no exhibió constancia de la que se obtenga que haya logrado el emplazamiento de la moral demandada. Consecuentemente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Rogelio Herrera Tinoco, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente:  Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución no se haya logrado emplazar a la parte demandada, emita un proveído en el cual ordene la realización de las gestiones que resulten necesarias para ese fin, pudiendo incluso establecer las medidas de apremio respectivas.  De igual manera, si a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 1B3047/2019, emita de inmediato un auto en el que señale fecha para fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de ?????????????? los quince días hábiles siguientes. En el entendido de que si ya se hubiera señalado alguna fecha para el verificativo de la audiencia, la anterior concesión no implica que ésta debe modificarse, por tratarse de un acto acaecido con posterioridad a la presentación de la demanda que dio génesis al expediente que se resuelve. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Rogelio Herrera Tinoco, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con

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