Rogelio Guardado Rosales
Expediente 529/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/06/2018
Partes del expediente
- Rogelio Guardado Rosales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y acorde a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo término que señala el artículo 86 de la ley de la materia, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia.Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.Devuélvase al Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, un cuaderno de pruebas, que se formó con las constancias que remitió al rendir su informe justificado.Requiérase a la parte quejosa, para que comparezca a este Tribunal, dentro del plazo de diez días, a recibir los documentos exhibidos dentro del presente juicio de garantías.Bajo apercibimiento que de no hacerlo, en el término concedido, dichas constancias serán destruidas junto con el expediente.
- Principal
Notifíquese perosnalmente.
- Principal
Alegatos ministeriales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del agente del Ministerio Público de la adscripción, mismos que en su caso serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Copias De conformidad a lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídansele la copia fotostática que solicita previa toma de razón que deje en autos.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por por propio derecho, contra actos del Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 529/2018. III. Decisión sobre la instancia. 1. Admisión Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite la demanda de garantías, contra actos del Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por la omisión de pronunciarse sobre el escrito presentado por el quejoso el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 1513/2013 de su índice, en el que solicitó se le entregara la posesión y administración de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal que tenía conformada con la actora la sucesión testamentaria, pues con el lapso de tiempo que ha transcurrido desde su presentación, hasta la fecha, se advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Además, con dicha omisión de pronunciarse sobre la petición realizada por el ahora quejoso, se traduce en una paralización al procedimiento, lo cual podría violentar el derecho sustantivo de propiedad del ahora quejoso. IV. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la citada ley. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Jorge Luis Partida Morales, Miguel Ángel Martínez López y Luis Fernando Solórzano Hernández, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Venus Elizabeth Mendoza Garibay y Fátima Evangelina Herrera Hernández, por no existir registro de su cédula en dicho sistema. c. Respuesta a solicitudes o acuerdos derivados de la demanda. i. Pruebas. Con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la parte quejosa por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la prueba documental que allega a su demanda, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. 2. Autoridad responsable: a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la referida ley, se le requiere para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, apercíbasele que si se niega a recibir los oficios librados en el presente juicio, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal en cita, se le requiere para que en caso de que acuerde el escrito presentado por el quejoso el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 1513/2013 de su índice, remita copia certificada de él y de su notificación realizada al aquí quejoso; asimismo, se le requiere para que en el supuesto de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a treinta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. c. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 75 de la ley en comento, se le requiere para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de garantías, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de ser omisa en informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. Cabe precisar que el valor de las multas en Unidades de Medida y Actualización, resulta procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 3. No ha lugar a llamar a terceros interesados. Este juzgador considera innecesario llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1° y 17 Constitucionales que imponen la obligación de resolver los juicios de manera pronta y expedita, y en el caso que nos ocupa en el caso hipotético de llamar a terceros interesados al presente amparo y que no pudieran ser localizados sólo interrumpiría el procedimiento; además, el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una omisión, de ahí que se considera que no se advierte derecho humano alguno de los terceros interesados señalados por la parte quejosa, es decir, no se les causará una afectación directa e inmediata a tales derechos, pues aún con el dictado de una sentencia concesoria de amparo, su efecto sólo incidiría exclusivamente en la autoridad responsable, a fin de que realice determinados actos procesales con el objeto de agilizar el trámite del juicio natural y el dictado de la sentencia respectiva, menos se propiciaría afectación alguna de llegarse a sobreseer en el juicio o negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que los derechos de los referidos terceros interesados quedarían incólumes. Sin que con lo anterior se desatienda a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de dos mil doce, página cuatrocientos cuarenta y ocho, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", sino que se atiende a la invocada reforma constitucional en aras de tutelar los derechos humanos de las partes, evitando una prolongación en el trámite de investigación de las citadas partes y, en su caso, el retardado llamamiento por edictos, lo que finalmente, insístase, afecta esos derechos que se pretende garantizar. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia identificada con el número de registro VI.T. J/1(10a), consultable en la página mil setecientos cincuenta y uno, Libro VIII, Mayo de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al tenor establece: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa" 4. Representación Social. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. VI. Incidente de suspensión. Al no solicitar la suspensión del acto reclamado, no se tramita el incidente respectivo. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VIII. Notificación a la autoridad responsable. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio, como en el presente caso que se refiere a la admisión de la demanda. IX. Apercibimiento de autoridad inexistente. Se apercibe a la parte promovente que en el supuesto de que la autoridad que señaló como responsable resulte inexistente o de denominación incorrecta, ello implicará que se deje de tener con tal carácter para los efectos de este juicio de garantías y, por consiguiente, se suspenderá de inmediato toda comunicación con dicha autoridad, puesto que es obligación de la promovente proporcionar a este juzgado federal el nombre correcto de la autoridad a quien le imputa el acto del que se duele, tal como lo dispone el artículo 108, fracción III, de la ley en mención, sin que la suplencia de la queja a que alude el dispositivo 79 del mismo cuerpo legal, faculte a este juzgador cambiar los sujetos de la relación procesal que necesariamente debe fijarla la quejosa; sin perjuicio de que la quejosa señale posteriormente, la denominación correcta de la autoridad que se sitúe en dicha hipótesis, ya que en ese supuesto se procederá a su emplazamiento. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito que al rubro dispone: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA" X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.
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