Rogelio de la Torre Castellanos
Expediente 2115/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 79 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2115/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 79
- Última actuación
- 15/08/2022
Partes del expediente
- Rogelio de la Torre Castellanos
- Congreso del Estado de Jalisco.
- Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 79.
- Principal
Analizadas las constancias del expediente electrónico derivado del juicio de amparo en el que se actúa, se advierte que ya se ordenó el archivo del presente asunto sin que exista diligencia pendiente por desahogar; en consecuencia, por así permitirlo el estado procesal de los autos y al ser innecesaria su retención en este juzgado de Distrito, devuélvase al Director Jurídico de lo Constitutivo y lo contencioso de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, el cuaderno de pruebas consistente en un tomo que se formó con las constancias que allegó; asimismo, devuélvanse los legajos certificados consistentes en un tomo, formado con motivo de las constancias que los Jueces Tercero, Sexto, Octavo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Decimoquinto, todos de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, remitieron.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a doce de julio de dos mil veintidós. Agrega oficio de autoridad. Téngase por recibido el comunicado que signa el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director en Jefe de dicha institución, en atención a su contenido, agréguese para que obre como constancia, toda vez que en el juicio en el que se actúa, por auto de uno de julio de dos mil veintidós, se tuvo por cumplido el fallo protector, ordenando su archivo como asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH
- Principal
Zapopan, Jalisco, a uno de julio de dos mil veintidós. Desahoga vista. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por Carlos Suarez González, autorizado en términos amplios del quejoso, mediante el cual, desahoga la vista contenida en proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, al respecto hace manifestaciones que del mismo se desprenden, para tal efecto se provee: Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Tercer Circuito, en la revisión principal 136/2021, se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme la parte conducente del resolutivo primero del fallo impugnado, de acuerdo con los razonamientos de los considerando quinto y sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. TERCERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. CUARTO. Se sobresee en el juicio de amparo en contra de los restantes actos y por las autoridades precisados en el resolutivo primero del fallo impugnado, en términos del considerando quinto de la presente resolución. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rogelio de la Torre Castellanos, en contra de los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, para los efectos y en los términos precisados en el último considerando en la sentencia recurrida. Asimismo, se advierte que los efectos para los que se concedió el amparo y protección constitucional solicitada, son los siguientes: "Las autoridades responsables dejen insubsistente el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco y su ejecución, únicamente, por lo que hace al predio del quejoso, que se vio afectado por el decreto en la proporción correspondiente, identificado como la parcela 84 Z3 P2/6 del ejido General Lázaro Cárdenas, con superficie de 70-38.24 hectáreas, en Zapopan, Jalisco, amparada con el certificado parcelario 000000230297, expedido en su favor, el treinta de noviembre de dos mil seis." Se precisa que el efecto de la concesión no implica que la parte promovente del amparo quede liberada de observar las normas nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente, incluidas las penales, al no haber sido materia de reclamo ni estudio en el presente juicio de amparo. Asimismo, conviene acotar que esta sentencia no entraña en sí misma autorización o permisión para una eventual modificación o construcción en los predios de referencia, tampoco la inobservancia de las leyes o reglamentos locales que sobre construcciones imponga la autoridad. Se aclara también que lo resuelto no impide que las autoridades que participaron en la creación del decreto referido, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo de nueva cuenta un procedimiento para tales efectos, pero en que se respete el derecho fundamental de audiencia de los quejosos, en los términos explicados en la sentencia. Lo anterior es relevante, ya que si bien generalmente la declaración de inconstitucionalidad de una disposición de observancia general impide que la respectiva norma sea aplicada en perjuicio del quejoso hasta en tanto no sea modificado el acto legislativo transgresor de sus derechos humanos, cuando tal declaración se refiere a una violación a la garantía de audiencia, en virtud de que ello se traduce en un vicio procedimental o accesorio a la facultad cuyo ejercicio se prevé en el precepto inconstitucional, como es el caso, el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el ejercicio de la respectiva potestad. Esto es así, ya que las consideraciones que sustentan el correspondiente fallo protector no contienen un análisis sobre si la facultad de la autoridad, en sí misma, es violatoria de derechos humanos, sino sobre la circunstancia de que al generar su ejercicio una modificación definitiva de la esfera jurídica del gobernado, antes de su desarrollo se debe escuchar al mismo y, por ende, estimar que tal vicio impide a la respectiva autoridad ejercer alguna de sus atribuciones sería tanto como destruir respecto del quejoso un acto legislativo que no se ha sometido al tamiz constitucional. Esto es, la sentencia concesoria en este asunto respecto a los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente derivó de que se faculta a determinadas autoridades para modificar en forma definitiva la esfera jurídica de los gobernados sin escucharlos previamente, lo que se traduce en una inconstitucionalidad adjetiva o formal de la respectiva atribución, pero que por la naturaleza del vicio advertido, no impide a la autoridad competente purgarlo antes de su ejercicio, brindando al quejoso una oportunidad de defensa en la que se respeten las formalidades esenciales a todo procedimiento." [El énfasis es añadido] Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En proveído de once de enero de dos mil veintidós, el Director General del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, antes denominado Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, informó que no le compete ejecutar la sentencia de amparo, por los motivos que expuestos. En auto de veintitrés de febrero del año en curso, el Director Jurídico de lo Constitutivo y lo contencioso de la Secretaria de Medo Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, informó que no cuenta con facultades para dejar sin efectos el acto reclamado. En acuerdo de tres de marzo del año que transcurre, el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, informó que por oficio CJ/483-02/2022, se solicitó al Director General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para efecto de que, conforme a la esfera de sus atribuciones, dejara insubsistente el decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío", para tal efecto anexó el acuse respectivo. En proveído de once de marzo pasado, el Director Jurídico de lo Constitutivo y lo contencioso de la Secretaria de Medo Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, informó que hasta el momento en que se recibió dicho comunicado, no se estaba llevando a cabo procedimiento alguno por parte de esa dependencia que involucrara al quejoso; asimismo, manifestó que por parte de esa Secretaría se atendería lo determinado por este juzgado de Distrito a fin de cumplimentar la ejecutoria de que se trata, en el supuesto de algún procedimiento se daría audiencia a la parte quejosa. Mediante proveído de dieciséis de marzo siguiente, se recibió el comunicado del Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que por oficio DJ/CJ/321/2022, firmado por el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Jalisco, le informó que no es posible realizar las anotaciones registrales solicitadas respecto del inmueble de la quejosa, toda vez que no se encontraba registrado ante esa dependencia ya que el mismo pertenece al régimen ejidal. Y como consecuencia de ello, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Registro Agrario Nacional, porque es la autoridad que en el ámbito de sus facultades debería realizar las anotaciones registrales requeridas respecto del inmueble de la quejosa. Por acuerdo de cinco de abril de este año, el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual dejó insubsistente el Decreto por el que se establece como Zona de Recuperación Ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, así como su ejecución, únicamente por lo que hace al predio del cual es poseedor el aquí quejoso Rogelio de la Torre Castellanos, ello en acatamiento al fallo protector. Luego, en auto de dieciocho del referido abril, el Director Jurídico Contencioso de la Sindicatura del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, en representación del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, manifestó que después de haber realizado una búsqueda física y electrónica en los archivos de esa Dirección, no se localizó solicitud alguna respecto del fundo materia de la ejecutoria de amparo, es decir, del ubicado en la parcela 84 Z3 P2/6 del Ejido General Lázaro Cárdenas, superficie de 70-38.24 hectáreas en Zapopan, Jalisco. De igual manera informó que no existe procedimiento, permiso o cualquier trámite relacionado con el citado predio y manifiesta que en el supuesto de que se llegue a presentar tal circunstancia se respetará la garantía de los quejosos, para ello agrega copia simple del oficio 0520/2/2.2/2254/2022, el cual obra en este expediente en original, mismo que fue presentado el treinta de marzo del año en curso y que se registró como promoción 7220. Posteriormente, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, órgano administrativo descentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que no le era posible dejar insubsistente el Decreto declarado inconstitucional, merced de que entre sus facultades no se encontraba ello, motivo por el cual se le requirió para que acatará la sentencia de amparo. Por auto de dieciséis del mes y año citados en el párrafo que antecede, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director en Jefe de dicho órgano, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado el cuatro de abril de dos mil veintidós, informó y acreditó con copia certificada, que giró el comunicado DGAJ/4881/2022 al Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, en el que instó a la citada responsable a que cumpla con el fallo protector; razón por la cual se estaba en espera de que el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, órgano administrativo descentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cumpliera con el mandato judicial federal contenido en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós. Luego, el dos de junio siguiente, se le otorgó prórroga solicitada por la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, órgano administrativo descentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ante la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestada con anterioridad. Finalmente, en proveído de veinte de junio del año que transcurre, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del Sistema de Modernización Catastral Registral (SIMCR), donde se advierte que el certificado parcelario 000000230297, que correspondiente a la parcela 84 Z3 P2/6 del ejido General Lázaro Cárdenas, con superficie de 70-38.24 hectáreas, en Zapopan, Jalisco, expedido a favor de la parte aquí quejosa, Rogelio de la Torre Castellanos, el treinta de noviembre de dos mil seis, se encuentra activo, esto es, el impetrante es el propietario de los derechos que ampara ese certificado parcelario y, por ende se encuentra inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, el fundo motivo de este juicio de amparo. Con lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Manifestaciones de la parte quejosa. Mediante escrito recibido en este juzgado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, Carlos Suarez González, en su carácter de autorizado en amplios términos de la parte quejosa, manifiesta que el fallo protector no está cabalmente cumplido debido a que la autoridad responsable Registro Agrario Nacional manifestó la imposibilidad jurídica y material de dejar insubsistente el decreto materia del cumplimiento, ya que el mismo fue dictado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, razón por la cual solicita se requiera nuevamente al Registro Agrario Nacional, para que cumpla con la sentencia de amparo, ya que considera la vista otorgada no cumple con el fallo protector y que la vinculación que se realizó para que acatara la ejecutoria de amparo no ha cumplido los extremos ni su finalidad, pues señala que aún no se ha inscrito su fundo en el Registro Agrario Nacional. En el caso, debe desestimarse lo alegado por la parte quejosa, debido a que contario a lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa, en proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, se le dio vista con lo informado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, por el que remitió copia certificada del Sistema de Modernización Catastral Registral (SIMCR), donde se advierte que el certificado parcelario 000000230297, que correspondiente a la parcela 84 Z3 P2/6 del ejido General Lázaro Cárdenas, con superficie de 70-38.24 hectáreas, en Zapopan, Jalisco, expedido a favor de la parte aquí quejosa, Rogelio de la Torre Castellanos, se encuentra activo, esto es, la parcela motivo de este juicio de amparo sí está inscrita en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, con la anotación del decreto declarado inconstitucional, como se aprecia de las documentales allegadas por la responsable. Cabe precisar que los argumentos que vierte son encaminados a debatir las anteriores contestaciones que el Registro Agrario Nacional dio a este juzgado de Distrito, empero, dicha responsable ya demostró que el certificado parcelario relativo al fundo propiedad del quejoso se inscribió en dicho organismo e inclusive se hizo la anotación del decreto de referencia, por lo que con sus manifestaciones no puede considerarse que no se dio cumplimiento del fallo protector, pues son insuficientes y contrarias a lo que obra en el expediente. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, se dejó insubsistente el Decreto por el que se establece como Zona de Recuperación Ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco; además, el certificado parcelario 000000230297, que correspondiente a la parcela 84 Z3 P2/6 del ejido General Lázaro Cárdenas, con superficie de 70-38.24 hectáreas, en Zapopan, Jalisco, expedido a favor de la parte aquí quejosa, Rogelio de la Torre Castellanos, se encuentra inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, como se aprecia a continuación. El Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, dejó insubsistente el Decreto por el que se establece como Zona de Recuperación Ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, así como su ejecución, únicamente por lo que hace al predio del cual es poseedor Rogelio de la Torre Castellanos. El Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, remitió copia certificada del Sistema de Modernización Catastral Registral (SIMCR), donde se advierte que el certificado parcelario 000000230297, que correspondiente a la parcela 84 Z3 P2/6 del ejido General Lázaro Cárdenas, con superficie de 70-38.24 hectáreas, en Zapopan, Jalisco, expedido a favor de la parte aquí quejosa, Rogelio de la Torre Castellanos, el treinta de noviembre de dos mil seis, se encuentra activo, esto es, el impetrante es el propietario de los derechos que ampara ese certificado parcelario y, por ende se encuentra inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, el fundo motivo de este juicio de amparo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el oficio que remite el encargado de la representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, órgano administrativo descentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que el certificado parcelario 000000230297, que correspondiente a la parcela 84 Z3 P2/6 del ejido General Lázaro Cárdenas, con superficie de 70-38.24 hectáreas, en Zapopan, Jalisco, expedido a favor de la parte aquí quejosa, Rogelio de la Torre Castellanos, el treinta de noviembre de dos mil seis, se encuentra activo, y que se realizó la anotación respectiva del decreto motivo del acto reclamado en este asunto. A lo anterior, se ordena agregar el comunicado para que obre como corresponda y para los efectos legales a que haya lugar, merced que el veinte de junio de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa con la conducta y acciones de la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre
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