Rogelio Gilberto Gutiérrez López y Otros.
Expediente 1771/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rogelio Gilberto Gutiérrez López y Otros.
- Rogelio Gilberto Gutiérrez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil diecisiete. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. De los autos y la certificación que antecede, se advierte que el plazo de cinco días que se concedió al promovente... , en auto de diecisiete de noviembre último, para que exhibiera copia certificada del documento con el acredita su personalidad, ha fenecido sin que el promovente del amparo haya cumplido con tal requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le previno en dicho proveído, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito de ********************, por el que pide la regularización del procedimiento respecto del auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por las razones que expone, y que se le reconozca el carácter de mandatario en términos de la carta poder que anexó a su demanda. Al respecto, dígasele al promovente que no ha lugar a lo que solicita, por lo que deberá estarse a lo ordenado en auto de diecisiete de noviembre del año en curso. Es así, los artículos 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. De la interpretación sistemática de tales numerales se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. En el caso, el promovente del amparo acudió a esta instancia constitucional como apoderado de ********************, y afirmó, bajo protesta de decir verdad, que su representado presentó demanda laboral en contra de ******************** y ********************, por haber sido despedido injustificadamente de su trabajo; que en dicho juicio se le otorgó carta poder por el hoy quejoso, donde se le tuvo como apoderado, que independientemente de ello también se le otorgó carta poder para que lo representara en este juicio de amparo. Como se ve, en ese supuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 11 de la Ley de Amparo, por lo que en ese caso, para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, debe justificar que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó. De ahí que, en ese supuesto, no es factible acudir a distintos ordenamientos legales, puesto que se actualiza la hipótesis prevista el numeral indicado de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.IV.L. J/11 L (10a.), sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1862, materia común, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2012545, con el rubro y texto: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO. De la interpretación sistemática de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, del artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que las partes pueden comparecer al juicio laboral en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de personas morales, el compareciente (que actúa como apoderado) debe acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Además, en su fracción II, se establece que, por regla general, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no sus apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Figuras de representación y asesoría jurídica que no deben ser confundidas, ya que la representación contractual o legal (prevista en la fracción III), a través de un mandato, se basa en la confianza que el mandante deposita en el mandatario, al contar éste con una serie de características que permiten confiarle la celebración de actos jurídicos en nombre del representado, razón por la cual no debe recaer necesariamente en profesionales del derecho; mientras que el asesor legal comparece al juicio, a fin de orientar y asesorar a los contendientes, así como a realizar los actos jurídico-procesales necesarios para la defensa del interés de las partes, lo que justifica la necesidad de que sea un profesional de la materia y, por ende, el requisito impuesto en el precepto legal citado. De ello se deduce que para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, basta con que justifique que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó, sin que le sea exigible demostrar adicionalmente, que cuenta con cédula profesional o carta de pasante vigente. Ahora, el promovente del amparo pretende acreditar su personería con el poder que dice le confirió el directo quejoso, en presencia de dos testigos; empero, dicha constancia sólo se trata de una copia simple, lo que se asevera toda vez que la misma carece de firma electrónica y en términos de 3o de la Ley de Amparo, los escritos en forma electrónica se presentarán utilizando la firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De ahí que dicha documental no se trata de una constancia fehaciente para acreditar su personalidad, y tampoco resulta suficiente para acreditarla, que el promovente haya manifestado bajo protesta de decir verdad que tiene reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ya que atendiendo a la literalidad del numeral 11 de la Ley de Amparo, es necesario que acredite con las constancias respectivas su afirmación, pues de lo contrario podría presentarse la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo. En consecuencia, sigue subsistiendo el plazo y apercibimiento que le fue otorgado en proveído inicial; en la inteligencia que dicho plazo se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que tenga conocimiento de los términos en que se emite esta determinación y no dejarlo en estado de indefensión. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito de ********************, por el que pide la regularización del procedimiento respecto del auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por las razones que expone, y que se le reconozca el carácter de mandatario en términos de la carta poder que anexó a su demanda. Al respecto, dígasele al promovente que no ha lugar a lo que solicita, por lo que deberá estarse a lo ordenado en auto de diecisiete de noviembre del año en curso. Es así, los artículos 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. De la interpretación sistemática de tales numerales se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. En el caso, el promovente del amparo acudió a esta instancia constitucional como apoderado de ********************, y afirmó, bajo protesta de decir verdad, que su representado presentó demanda laboral en contra de ******************** y ********************, por haber sido despedido injustificadamente de su trabajo; que en dicho juicio se le otorgó carta poder por el hoy quejoso, donde se le tuvo como apoderado, que independientemente de ello también se le otorgó carta poder para que lo representara en este juicio de amparo. Como se ve, en ese supuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 11 de la Ley de Amparo, por lo que en ese caso, para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, debe justificar que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó. De ahí que, en ese supuesto, no es factible acudir a distintos ordenamientos legales, puesto que se actualiza la hipótesis prevista el numeral indicado de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.IV.L. J/11 L (10a.), sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1862, materia común, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2012545, con el rubro y texto: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO. De la interpretación sistemática de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, del artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que las partes pueden comparecer al juicio laboral en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de personas morales, el compareciente (que actúa como apoderado) debe acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Además, en su fracción II, se establece que, por regla general, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no sus apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Figuras de representación y asesoría jurídica que no deben ser confundidas, ya que la representación contractual o legal (prevista en la fracción III), a través de un mandato, se basa en la confianza que el mandante deposita en el mandatario, al contar éste con una serie de características que permiten confiarle la celebración de actos jurídicos en nombre del representado, razón por la cual no debe recaer necesariamente en profesionales del derecho; mientras que el asesor legal comparece al juicio, a fin de orientar y asesorar a los contendientes, así como a realizar los actos jurídico-procesales necesarios para la defensa del interés de las partes, lo que justifica la necesidad de que sea un profesional de la materia y, por ende, el requisito impuesto en el precepto legal citado. De ello se deduce que para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, basta con que justifique que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó, sin que le sea exigible demostrar adicionalmente, que cuenta con cédula profesional o carta de pasante vigente. Ahora, el promovente del amparo pretende acreditar su personería con el poder que dice le confirió el directo quejoso, en presencia de dos testigos; empero, dicha constancia sólo se trata de una copia simple, lo que se asevera toda vez que la misma carece de firma electrónica y en términos de 3o de la Ley de Amparo, los escritos en forma electrónica se presentarán utilizando la firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De ahí que dicha documental no se trata de una constancia fehaciente para acreditar su personalidad, y tampoco resulta suficiente para acreditarla, que el promovente haya manifestado bajo protesta de decir verdad que tiene reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ya que atendiendo a la literalidad del numeral 11 de la Ley de Amparo, es necesario que acredite con las constancias respectivas su afirmación, pues de lo contrario podría presentarse la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo. En consecuencia, sigue subsistiendo el plazo y apercibimiento que le fue otorgado en proveído inicial; en la inteligencia que dicho plazo se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que tenga conocimiento de los términos en que se emite esta determinación y no dejarlo en estado de indefensión. Notifíquese personalmente.
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