ROGELIO CARRERA GARCÍA y Otros.

Expediente 183/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
183/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • ROGELIO CARRERA GARCÍA y Otros.
  • Rogelio Carrera García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintitrés. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Incidente de suspensión En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Anotación en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 183/2023, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino. Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional, y se negó la definitiva respecto de todos los actos reclamados. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 21, inciso c) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.5 y 2 y, el oficio CAP/DGAD/392/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual el Director General de Archivo y Documentación responde la consulta formulada por diverso órgano jurisdiccional tocante al tema de que se trata. Destrucción del original Toda vez que se negó la suspensión definitiva de todos los actos reclamados, fenecido el plazo de tres años y dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Anotaciones en carátula y libro Para concluir, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiuno de febrero del año en curso, se tuvo a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcribiendo el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral **/2012 de su índice, del que se advirtió, en esencia, lo siguiente: Recibió el escrito de la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por el cual informó que iniciara las gestiones respecto de su presupuesto aprobado para cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral **/2012 de su índice. Al considerar que el Ayuntamiento demandado no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, volvió a requerir a los integrantes de Cabildo del Ayuntamiento demandado de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por conducto de su Síndico Municipal, y Tesorero Municipal, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguientes al en que se notifique ese presente proveído, cubra de inmediato el pago de las obligaciones a las que fue condenado; esto es, exhiba en la oficialía de partes de esa Junta a favor de la parte actora la condena pendiente de pago por la cantidad de **, o en su defecto presente un programa de pago con el que dé cumplimiento al laudo emitido en autos, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, apercibiéndola en términos de ley. Sin embargo, a la fecha, la aludida autoridad responsable no ha informado si el Ayuntamiento demandado de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, dio cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral **/2012 de su índice. En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a Cecilia Ana Lilia Baños Terrones, Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para que en el plazo de tres días, siguientes al en que reciba el comunicado respectivo, informe los términos en que la autoridad responsable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, dio cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral **/2012, debiendo remitir copia certificada legible y completa que acredite lo anterior. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibido que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su supuesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, al pertenecer a un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Único. Se sobresee en este juicio.

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