Rogelio Díaz Cuellar

Expediente 1092/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1092/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Díaz Cuellar
  • Centro de Justicia Penal Federal En el Estado de Oaxaca Con Residencia En San Bartolo Coyotepec

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguense sin realizar mayor pronunciamiento los informes justificados señalados en la cuenta debido a que el pasado veintinueve de octubre se sobreseyó el presente asunto y con esta fecha causa ejecutoria la misma. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguense sin realizar mayor pronunciamiento los informes previos señalados en la cuenta en razón de que con esta fecha se ordena enviar el presente asunto al archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1092/2021, promovido por ****, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad personal. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el cinco de octubre de dos mil veintiuno. Dicho libelo constitucional se turnó el día siguiente a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 1092/2021; se admitió a trámite el seis de octubre del actual; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los Centros de Justicia Penal Federal en los Estados de: OAXACA CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC CIUDAD DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL RECLUSORIO SUR CIUDAD DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL RECLUSORIO NORTE. CIUDAD DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL RECLUSORIO ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL JALISCO, CON RESIDENCIA EN PUENTE GRANDE. NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN CADEREYTA SONORA CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA VERACRUZ CON RESIDENCIA EN XALAPA COAHUILA DE ZARAGOZA CON RESIDENCIA EN TORREÓN SAN LUIS POTOSÍ, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS POTOSÍ VERACRUZ CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS TABASCO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA MICHOACÁN CON RESIDENCIA EN MORELIA SINALOA CON RESIDENCIA EN CULIACÁN YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ENSENADA GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN JUÁREZ MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD REYNOSA CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN ZINTAPALA GUERRERO, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO QUERÉTARO, CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO ZACATECAS, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC COLIMA, CON RESIDENCIA EN COLIMA BAJA CALIFORNIA SUR, CON RESIDENCIA EN LA PAZ QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO HIDALGO, CON RESIDENCIA EN PACHUCA AGUASCALIENTES, CON RESIDENCIA ENAGUASCALIENTES CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CAMPECHE DURANGO, CON RESIDENCIA EN DURANGO CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA Orden privativa de la libertad librada en su contra. TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TITULAR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Ejecución material de la orden privativa de la libertad. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados y todas se manifestaron en el mismo sentido: negaron los actos reclamados, sin que el quejoso hubiese desvirtuado dicha negativa. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por otro lado, no pasa desapercibido que las autoridades, titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República y titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República no hayan rendido su informe justificado, lo que conllevaría a presumir cierto el acto que se les atribuye, conforme a lo establecido en el precepto 117 de la Ley de Amparo; sin embargo, al ser autoridades ejecutoras y los órganos judiciales responsables negaron la existencia del mandamiento de captura reclamado es inconcuso que no puede ejecutarse una orden inexistente; de ahí que los actos ejecutivos atacados a las responsables señaladas en primer orden sean inexistentes. En respaldo de lo anterior se cita por analogía la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. Si las autoridades ejecutoras no rinden informes, pero aquéllas a quienes se atribuye haber ordenado el acto, lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede ejecutar una orden inexistente y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en términos del apartado V de esta resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1092/2021, promovido por ***, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad personal. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el seis de octubre de dos mil veintiuno. La parte quejosa señaló como autoridades responsables a los Centros de Justicia Penal Federal en los Estados de: OAXACA CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC CIUDAD DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL RECLUSORIO SUR CIUDAD DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL RECLUSORIO NORTE. CIUDAD DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL RECLUSORIO ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL JALISCO, CON RESIDENCIA EN PUENTE GRANDE. NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN CADEREYTA SONORA CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA VERACRUZ CON RESIDENCIA EN XALAPA COAHUILA DE ZARAGOZA CON RESIDENCIA EN TORREÓN SAN LUIS POTOSÍ, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS POTOSÍ VERACRUZ CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS TABASCO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA MICHOACÁN CON RESIDENCIA EN MORELIA SINALOA CON RESIDENCIA EN CULIACÁN YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ENSENADA GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN JUÁREZ MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD REYNOSA CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN ZINTAPALA GUERRERO, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO QUERÉTARO, CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO ZACATECAS, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC COLIMA, CON RESIDENCIA EN COLIMA BAJA CALIFORNIA SUR, CON RESIDENCIA EN LA PAZ QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO HIDALGO, CON RESIDENCIA EN PACHUCA AGUASCALIENTES, CON RESIDENCIA ENAGUASCALIENTES CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CAMPECHE DURANGO, CON RESIDENCIA EN DURANGO CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA Orden privativa de la libertad librada en su contra. TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TITULAR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Ejecución material de la orden privativa de la libertad. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 1092/2021 y fue admitida el seis de octubre de dos mil veintiuno. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso concreto, la pretensión del quejoso es reclamar la orden privativa de la libertad librada en su contra y la ejecución de dicho mandamiento. El dictado de esa orden el quejoso se las atribuye a las autoridades judiciales responsables ordenadoras y su ejecución a las responsables señaladas como ejecutoras. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables, rindieron sus informes previos negando la existencia de los actos reclamados atribuidos, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. Por otro lado, no pasa desapercibido que las autoridades, titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República y titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República no hayan rendido su informe previo, lo que conllevaría a presumir cierto el acto que se les atribuye, conforme a lo establecido en el precepto 142 de la Ley de Amparo; sin embargo, al ser autoridades ejecutoras y los órganos judiciales responsables negaron la existencia del mandamiento de captura reclamado es inconcuso que no puede ejecutarse una orden inexistente; de ahí que los actos ejecutivos atacados a las responsables señaladas en primer orden sean inexistentes. En respaldo de lo anterior se cita por analogía la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. Si las autoridades ejecutoras no rinden informes, pero aquéllas a quienes se atribuye haber ordenado el acto, lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede ejecutar una orden inexistente y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, lo que procede, en el caso, es negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ****, por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. Notifíquese.

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