Rogelio Bautista Barrios

Expediente 931/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 46 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
931/2022
Año
2022
Actuaciones
46
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Bautista Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la nota de cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Visto su contenido, se advierte que la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta población, acusa de recibo e informa que el tribunal de alzada admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa contra la sentencia dictada en el juicio de amparo del cual emana este cuaderno de antecedentes. En tales condiciones, este juzgado de Distrito toma nota de lo anterior y se da vista a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Como está ordenado en este juicio de amparo, al haber quedado notificadas las partes de la sentencia de veinticinco de abril y acuerdo de quince de mayo; ambos, del presente año, remítase el presente expediente, cinco discos y el escrito electrónico de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. En el escrito que se atiende, Gerardo Martínez Ortega autorizado de la parte quejosa, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el escrito de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno. Por otra parte, infórmese a la superioridad que las promociones, constancias y actuaciones que obran en este juicio se encuentran digitalizadas en el sistema integral de seguimiento de expedientes y el expediente electrónico e impreso coinciden en su totalidad, para los efectos legales correspondientes; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena realizar el vínculo respectivo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de hacerlo disponible para su consulta en el tribunal de alzada. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del auto admisorio y de este acuerdo, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese; personalmente a las demás partes.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 931/2022 promovido por ********************. En este juicio de amparo se analiza la legalidad de la orden de aprehensión dictada contra los quejosos en la causa penal ********************, por la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, sede en Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca y otras autoridades. ANTECEDENTES De acuerdo con la información contenida en la videograbación en la que consta la audiencia de solicitud de orden de aprehensión de fecha cinco de marzo de dos mil veintidós, se advierte que la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, sede en Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, dentro de los autos de la causa penal ********************, dictó la orden de aprehensión contra los quejosos ********************, por el hecho que le fueron imputados por la representación social, consistente en Homicidio Calificado con Ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ********************. Dicho mandamiento privativo de la libertad, fue ejecutado el veintidós de julio de dos mil veintidós, así lo informó el agente del Ministerio Público adscrito al distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, agregando que los imputados ********************tiene la calidad de ********************y********************la de ********************ambos de ********************, y que debido a los cargos que ostentan, cuentan con poder de convencimiento fuerte con sus seguidores, y al efecto, hizo del conocimiento del juez responsable que un grupo de alrededor de cincuenta personas pretendían comparecer a esa sede judicial con el ánimo de entorpecer el procedimiento y exigir la liberación inmediata de los ahora quejosos. Ante esa noticia, el Juez de Control de ello, el Juez de Control de del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción Tlaxiaco, mediante el exhorto número ********************, remitió al Juzgado de Control en Turno del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, para el desahogo de la audiencia de comunicación de imputación inicial. En consecuencia, la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, con fecha veintitrés de julio de dos mil veintidós, llevó acabo la audiencia de comunicación de imputación inicial en cumplimiento a la referida orden de aprehensión, en la cual la jurisdicente tuvo por no ejecutada la orden de aprehensión, ordenó poner en libertad a los quejosos, dejando subsistente el mandamiento de captura reclamado y ordenando devolver la carpeta de investigación al agente del Ministerio Público, así lo revela, la videograbación que al efecto remitió a este juzgado. La Juez de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Santa María Asunción Tlaxiaco, Oaxaca, refirió en su informe justificado, que el once de agosto de dos mil veintidós, tuvo conocimiento de la determinación adoptada por su similar exhortada; empero, refirió que no se pronunció en ningún sentido. Esta, es la última noticia que se tiene de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Santa María Asunción Tlaxiaco, Oaxaca. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo origen de este juicio, se formuló mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La parte quejosa, señaló como autoridades responsables a los Jueces de Control de los Circuitos Judiciales de la Región de la Mixteca, sedes Huajuapan de León y Santa María Asunción, Tlaxiaco, así como al Juez de Control con sede en Tanivet, Oaxaca, la orden de aprehensión librada en su contra, así como la ejecución material que le atribuye al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Huajuapan de León y Tlaxiaco, Oaxaca. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito, donde quedó registrada con el número 931/2022, el once de agosto de dos mil veintidós se admitió a trámite el asunto, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita, en su oportunidad se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo el doce de abril de dos mil veintidós. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados surten sus efectos dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El juicio de amparo se promovió en tiempo, debido a que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de cinco de marzo de dos mil veintidós, tuvieron conocimiento al momento en que se ejecutó dicha orden el veintidós de julio de dos mil veintidós; por tanto, si la demanda de amparo se recibió el diez de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, esto fue, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley Reglamentaria. Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 82, fracción I, y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el término transcurrió del veintiséis de julio al quince de agosto de dos mil veintidós, descontando los días treinta, treinta y uno de julio; seis, siete, trece y catorce de agosto, todos del año dos mil veintidós, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; de esa forma, la demanda se presentó el diez de agosto de dos mil veintidós; por ende, con oportunidad. LEGITIMACIÓN ********************, tienen el carácter de imputados en la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, y en contra quienes se dictó la orden de aprehensión en su contra, por ello, se infiere, que se encuentran legitimados para promover el presente juicio de amparo por su propio derecho. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que los quejosos reclaman de los Jueces de Control de los Circuitos Judiciales de la Región de la Mixteca, sedes Huajuapan de León y Santa María Asunción, Tlaxiaco, así como al Juez de Control con sede en Tanivet, Oaxaca, la orden de aprehensión librada en su contra, así como la ejecución material que le atribuyen al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Huajuapan de León y Tlaxiaco, Oaxaca. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y SOBRESEIMIENTO El Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, Tlacolula y el Juez de Control del circuito judicial de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, negaron la existencia de la orden de aprehensión reclamada. Sin que la negativa de tales autoridades responsables fuera desvirtuada por el quejosos con prueba alguna; razón por la cual, por inexistencia de tal acto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo por lo que refiere a las citadas autoridades. Sin que impacte en lo anterior, el hecho que la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, el veintitrés de julio de dos mil veintidós, llevó acabo la audiencia de imputación de los quejosos, con motivo de la radicación del exhorto ******************** del índice del diverso Juzgado de Control de la Región Mixteca, con residencia en Santa María Asunción, Tlaxiaco; sin embargo, de la propia audiencia se aprecia que la referida jurisdicente, ordenó la inmediata libertad de los disidentes y dejó subsistente la orden de aprehensión librada en audiencia de cinco de marzo de dos mil veintidós, por su semejante exhortante, esto, dentro de la causa penal ******************** de su índice. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por su parte, al rendir su informe justificado la Juez Control del Circuito Judicial, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, negó la existencia del acto que le fue atribuido; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada de la lectura integral del informe en cuestión, del que se desprende que realizó manifestaciones que evidenciaron la existencia del mismo. Al respecto, es conveniente citar el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, el cual es del tenor siguiente "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Existencia que se corrobora debido a que contrario a lo que afirma, si existe la orden de aprehensión decretada en contra de los quejosos, en la causa penal ********************, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja en agravio de la persona que en vida respondía al nombre de ********************, la cual fue otorgada y se encuentra pendiente de ejecutar. Además, la autoridad responsable acompañó las videograbaciones de la audiencia de cinco de marzo, realizadas en la carpeta judicial ********************, como del contenido del disco versátil digital (DVD) (2), remitidos por la citada autoridad judicial como justificación al informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Documentales de las que se advierte que el citado juzgador, decretó la orden de aprehensión en contra de los quejosos ********************, por su probable participación en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de Homicidio Calificado con Ventaja. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Aunado a lo ya referido en párrafos anteriores, en el sentido que; no obstante, la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, Tanivet, Oaxaca, haya realizado el veintitrés de julio de dos mil veintidós, la audiencia de imputación con motivo de la detención de los quejosos; cierto es, que dicha juez, tuvo por no ejecutada dicho mandamiento de captura, procediendo a dejar en libertad a los quejosos y dejando subsistente la orden de aprehensión reclamada, determinación, esta última respecto de la cual la juez de control no hizo pronunciamiento alguno al respecto. De ahí que se acredite la plena existencia del acto reclamado. Por su parte, al rendir sus informes justificados el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, son residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec; el servidor púbico designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en la Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca; los agentes Estatales de Investigaciones, con sede en Huajuapan de León, y Tlaxiaco, todos del Estado de Oaxaca, negaron la existencia del acto que les reclaman los quejosos; sin embargo, al haber aceptado el acto la autoridad responsable ordenadora, es evidente que en cualquier momento pueden ejecutarlo; por ende, lo procedente es desvirtuar su negativa y tener por ciertos el acto que se les atribuye. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y seis, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DE FONDO Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, no se transcriben en virtud de que no existe precepto legal que así lo obligue, aunado a que tal circunstancia no deja en estado de indefensión al quejoso porque queda intacto su derecho y oportunidad de recurrir la presente resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar su ilegalidad. No obstante, se precisa que los disidentes, propiamente se concretan a sostener que el acto reclamado es ilegal porque no se encuentra debidamente fundado ni motivado, en razón de que no han participado en hecho alguno que la ley señale como delito. Establecido lo anterior, a consideración del suscrito, resulta infundado el concepto de violación, sin que exista deficiencia de la queja que deba suplirse en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. En principio, se estima oportuno destacar que el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que únicamente la autoridad judicial puede librar una orden de aprehensión, la cual debe estar precedida de una denuncia o querella formulada en contra de un hecho que la ley señale como delito que sea sancionado con pena privativa de la libertad y con la condición de que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y la probabilidad de que la persona indiciada lo cometió o participó en su comisión. En este sentido, la orden de aprehensión al ser un acto de autoridad, debe ser emitida por escrito o en la audiencia respectiva, para que obre un registro íntegro y fidedigno, como lo es la videograbación correspondiente, debido a que produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado al cual se dirige, esto es, su libertad personal; por ello, para que tal afectación pueda considerarse válida debe estar debidamente fundada y motivada. En relación con lo anterior, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esencia y en lo que aquí interesa, dispone lo siguiente: Que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que la persona imputada lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud de la fiscalía, podrá ordenar: I. Citatorio para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, contra de la persona indiciada que habiendo sido citada previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público, advierta que existe la necesidad de cautela. Que también podrá ordenarse la aprehensión de una persona, cuando ésta resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Es decir, en los preceptos constitucional y legal de referencia, se establecen los requisitos de forma y fondo que deben de cumplirse para calificar de legal una orden de aprehensión, siendo los siguientes: a) Que sea emitida por autoridad judicial competente. b) Que sea solicitada por el Ministerio Público. c) Que esté precedida de denuncia o querella, en contra de un hecho que la ley señale como delito. d) Que dicho ilícito sea sancionado con pena privativa de la libertad. e) Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que la persona participó en su comisión. f) Que la representación social acredite la necesidad de cautela o que la persona imputada muestre resistencia o evada la orden de comparecencia. En este sentido, al reproducir el disco compacto que obra en autos, remitido por la autoridad responsable como justificación de su informe, se apreció el video de la audiencia celebrada el cinco de marzo de dos mil veintidós, relativa a la petición del Ministerio Público para el libramiento de la orden de aprehensión en la causa penal ********************, y de la misma, se advierte que el juez responsable cumplió con los requisitos señalados, pues: Fue dictada por autoridad competente (Juez de Control del circuito judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Santa María Asunción Tlaxiaco, Oaxaca); Fue solicitada por el Ministerio Público (Agente del Ministerio Público adscrito al distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca); Estuvo precedida de denuncia o querella, por un hecho que la ley señale como delito (Acta de aviso al Ministerio Publico de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, suscrita por la agente Estatal de Investigaciones ********************con número de identificación ********************); El ilícito sea sancionado con pena privativa de la libertad (Homicidio calificado con ventaja, previsto en el artículo 285, 299, 301 fracciones II y IV, 302, sancionado en el artículo 291, cuya pena corporal es de treinta a cuarenta años de prisión, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca). De conformidad con lo anterior, se aprecia que de forma correcta el Juez responsable tuvo por acreditados los elementos descritos en los incisos a, b, c y d, antes señalados. Ahora bien, por lo que se refiere al requisito de fondo consistente en: (e) que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que la persona imputada participó en su comisión, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, los elementos del delito, sino que únicamente deben obrar datos de los que se desprenda 1) el hecho ilícito y 2) la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión. Acorde a lo expuesto, el juez debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad y concluir si se justifican o no los apuntados extremos. Es así que, el juez de origen, consideró el cuadro fáctico que expuso el agente del Ministerio Público en el que relató: Que el día veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno, entre las ocho y nueve horas de la mañana, al estar la víctima ******************** en compañía de ******************** y ********************, observaban como personas de San Esteban Atlatlahuca quemaban casas cerca del paraje denominado como Shinitoó, en los límites de la Agencia de Ndoyonoyuji y ********************, Municipio de Atlatlahuca, Tlaxiaco, Oaxaca. De repente escuchan disparos cerca de ellos y corrieron a fin de resguardarse en un cerro que se encuentra en dicho paraje en donde comienzan a ascender la víctima y sus acompañantes siendo perseguidos por los imputados ********************y********************junto con otras personas más quienes gritaban a la víctima y sus acompañantes que se detuvieran realizándoles disparos. La víctima ********************, trató de resguardarse y de cubrirse de los disparos detrás de unas piedras, lugar hasta donde ********************y********************junto con una tercera persona, realizaron disparos de arma de fuego, las cuales impactan en la víctima y otras en las piedras donde se cubría, provocándole con ello lesiones que le causaron la muerte a la víctima ********************, siendo la causa de la muerte una hemorragia masiva interna por perforación de grandes vasos debido a heridas por arma de fuego. En esa tesitura, de los requisitos reseñados, el juez responsable estimó que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja y que existe la probabilidad de que los quejosos ********************y********************participaron en su comisión. De igual manera, tomó en consideración los datos de prueba que refirió el agente del Ministerio Público, a saber: 1.- Acta de aviso al Agente del Ministerio Público con relación a hechos probablemente delictuosos, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. 2- Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, practicada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, con número de investigaciones ********************. 3.- Necropsia con relación al cadáver de la víctima ********************, emitida el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno por el médico legista, doctor ********************, que diagnosticó que la causa de la muerte de la víctima fue una hemorragia masiva interna, por perforación de grandes vasos, debido a heridas por arma de fuego. 4.- Dictamen químico de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, realizado por el ingeniero de la materia ********************, en el que concluyó que en la manos izquierda y derecha no se encontró ningún dato de la existencia de pólvora o algún nitrato que pudiera establecer que hubiera tenido contacto con algún elemento de la pólvora. 5.- Declaración de ********************, realizada el uno de noviembre de dos mil veintiuno, por el Ministerio público, con apoyo de la psicóloga ********************y asistencia del intérprete ********************. 6.- Declaración del testigo presencial de los hechos ********************, realizada por el Ministerio público el dos de noviembre de dos mil veintiuno. 7.- Declaración del testigo presencial de los hechos ********************, emitida el dos de noviembre de dos mil veintiuno ante el Ministerio público. 8.- Dictamen en balística forense de once de noviembre de dos mil veintiuno, realizado por el perito en dicha materia ********************, en el que determinó que de los fragmentos de elementos balísticos de colores plomo y cobre extraídos de los restos de la víctima, no es posible determinar a qué calibre de arma de fuego pertenecen. 9.- Dictamen de visibilidad de uno de marzo de dos mil veintidós, elaborado por el perito en criminalística ********************, en que hizo determinó que las condiciones de visibilidad de los testigos eran adecuadas a tendiendo a que contaban iluminación natural. 10.- Dictamen de fotografía de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, efectuado por la perito oficial ********************. Lo anterior, pone en evidencia que conforme al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de Control valoró tales datos de pruebas bajo un razonamiento de manera libre y lógica, además justificó la valoración otorgada a los mismos con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de ellos. Asimismo, respecto del requisito dispuesto en el inciso f) que la representación social acredite la necesidad de cautela, al efecto, el fiscal motivó la solicitud de orden de aprehensión, (i) teniendo en cuenta el peligro que representan los imputados para los testigos presenciales de los hechos, así como (ii) en la obstaculización para la investigación, y (iii) la sustracción de los imputados. Para ello, destacó, que atendiendo a la calidad de los imputados -********************la de ********************y********************la de ********************ambos de ********************-, y a la existencia de un conflicto entre las poblaciones de ********************, que incluso ha originado el desplazamiento de personas pertenecientes de ********************, al municipio de Huajuapan de León, a efecto de resguardar su vida e integridad física con motivo del citado conflicto, con lo que se llega determinar que existe un riesgo para las víctimas y para los testigos de los hechos, debido a dicha problemática social. De la misma forma, refirió que pudiera existir un peligro en la obstaculización de la investigación debido a que de los datos de prueba a portados se apreció que solo se pudo acudir al lugar de los hechos, dos días después de la realización de los mismos, esto, con la compañía de elementos del Ejército Mexicano que brindaron apoyo y seguridad, al existir poco o nulo respecto a los agentes Estatales de Investigación, advirtiéndose con ello, una obstaculización por parte del imputado********************al tener el cargo de******************** de ********************. Asimismo, destacó que si bien, los quejosos al ocupar cargos de representación del municipio de ********************, podría evidenciar cierto arraigo, también es cierto que precisamente por ese encargo, no se podrían generar las condiciones de ser llamados a juicio a través de una cita judicial o generar con ello, una situación de violencia e intranquilidad del núcleo social que se trata de proteger. Para concluir con su participación, el Representante Social, hizo mención que la pena a la que asciende el delito cometido va de los treinta a los cuarenta años, de ahí que incluso, de eventualmente imponerse la mínima (30 años), es un aliciente que puede impactar el ánimo de los quejoso de no acudir a defenderse de los hechos que se les imputan. Al efecto, el juez responsable adujo que de los datos de prueba se acreditaba la necesidad de la cautela en razón del peligro que representan los imputados para los testigos presenciales de los hechos, así como el peligro de obstaculización para la investigación, así como el peligro de sustracción de los imputados, por ello, atendiendo a la sanción probable establecida en el artículo 291 del Código Penal vigente en el Estado, asimismo, que la sanción para el delito de homicidio calificado con ventaja, establece que es de treinta a cuarenta años de prisión, y en el caso de citarse a los imputados para comunicarles la imputación inicial y ostentándose sabedores de que se les pudiera imponer dicha pena, es lógico que no comparezcan a tal citación; de igual forma en caso de seguir ese proceso con motivo de dicho ilícito, lo procedente es que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, se aplique como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, conforme a lo establecido en los artículos 19 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 167, sexto párrafo, fracción I del citado Código procedimental, que contempla dicha medida de coerción durante la duración del proceso, de ahí que concluyera que de acuerdo al principio lógico de razón suficiente, los imputados tendrían un motivo para no comparecer ante esta autoridad y no someterse al proceso, debido a que los delitos que se les atribuyen, no consienten la aplicación de una solución alterna como lo es el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, ni tampoco prevé la concesión de un beneficio, tal y como lo es la substitución de sanciones o condena condicional, establecidas en los artículos 80 y 81 del código punitivo de la entidad, con lo que concluyó que existe la necesidad de cautela. Estimación que se estima correcta en razón que el jurisdicente, no estimó únicamente que la necesidad de cautela se obtenía del hecho que el delito imputado amerita prisión preventiva oficiosa, pues con base en lo expuesto por el agente del Ministerio Público, concluyó que conforma al material probatorio que fue expuesto ante él, la necesidad de cautela para el libramiento de la orden de aprehensión, sin que medie citatorio, se satisfizo con el peligro que representan los imputados para los testigos presenciales de los hechos, así como el riesgo de obstaculización para la investigación, la amenaza de sustracción de los imputados, la falta de una solución alterna como pudiera ser un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso ni tampoco se prevé en su favor la concesión de un beneficio, tal y como lo es la substitución de sanciones o condena condicional, aunado esto último a que el ilícito que se les imputa -homicidio calificado con ventaja-, establece que la pena es de treinta a cuarenta años de prisión, y en el caso de citarse a los imputados para comunicarles la imputación inicial y ostentándose sabedores de que se les pudiera imponer dicha pena, es dable creer que no comparezcan a tal citación. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2021956, localizable en la página web del Semanario Judicial de la Federación https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021956, y que al efecto establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." Por ello, este juzgador considera acertado lo apreciado por el juzgador de origen, en el sentido que los datos de prueba permiten establecer que probablemente ********************, cometieron el citado antijurídico y que existe la necesidad de cautela. Por lo tanto; se estima ajustado a las exigencias de fundamentación y motivación necesarias para emitir el mandamiento de aprehensión, como medio de conducción al proceso, a fin de que pueda comunicársele a los gobernados, en su oportunidad procesal, la imputación que les formule el fiscal que corresponda. En las relatadas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación planteado por el quejoso y al no existir motivo de suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Huajuapan de León y Tlaxiaco, Oaxaca, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por el juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". DECISIÓN En atención a las consideraciones anteriores se concluye que resultan infundados los conceptos de violación, pues con lo explicado a lo largo de esta sentencia no se vulneraron los derechos humanos de la parte quejosa. En consecuencia, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO.- Se sobresee en el juicio respecto del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, sede en Huajuapan de León y Juez de Control con sede en Tanivet, Oaxaca, en términos del apartado VII de esta sentencia. SEGUNDO.- Se Niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ********************, contra los actos del juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, y Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Huajuapan de León y Tlaxiaco, Oaxaca, con base en lo expuesto en el apartado IX de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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