Rogelio de Jesus Caballero Chan

Expediente 1363/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1363/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Rogelio de Jesus Caballero Chan
  • Leonel de Jesus Uicab Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito remitido electrónicamente, con evidencia criptográfica, por Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual solicita, en esencia, que se requiera a las autoridades responsables para que den cumplimiento a la medida cautelar otorgada por este órgano federal, solicitando se realicen los apercibimientos relativos en caso de incumplimiento. Ahora bien, de autos se advierte que los Magistrados Integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante resolución pronunciada en el toca de queja 60/2022 de su índice, concedieron la suspensión provisional solicitada por Javier Antonio Patrón Wong, en representación de su menor hija de iniciales S. P. J., en tanto que el once de marzo siguiente, se otorgó en estos autos incidentales, la suspensión definitiva, para que las autoridades responsables, consideren la incorporación al programa nacional de vacunación y por ende, bajo su más estricta responsabilidad, previa valoración que efectúen a la menor quejosa de iniciales S. P. J., se le inocule con la vacuna correspondiente a su edad. Por lo que se les informó a las autoridades responsables o aquellas que fueron vinculadas a su cumplimiento, que a la brevedad posible, están obligadas a: a) Llevar a cabo las acciones necesarias para que se aplique en favor de la menor quejosa la política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la enfermedad CODID-19 en México, y de ser factible y apta, atendiendo a su edad, estado de salud e historial clínico, se le aplique la vacuna Pfizer-BioNTech, autorizada, en la dosis y periodicidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en seguimiento a los protocolos de salud aplicables y necesarios para el caso; quedando igualmente obligadas a cumplir la medida cautelar concedida aquellas autoridades que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias del acto reclamado cuya suspensión se ha decretado. b) Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades lo concerniente a la valoración médica de la menor, en el sentido de determinar si físicamente, de acuerdo con su estado de salud y demás situaciones que sea necesario valorar, es candidata apta para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra la enfermedad COVID-19, así como las dosis y periodicidad que correspondan, considerando, al respecto, la opinión que, en su caso, esté vigente por parte de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, quedó bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, recabar los formularios a fin de cerciorarse de que la menor quejosa no se encuentra en algún supuesto en el que esté contraindicada la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra la enfermedad COVID-19. Lo anterior implica que antes de que dichas autoridades, apliquen la vacuna, el progenitor de la menor quejosa, habrá de manifestar expresamente y, por escrito, su voluntad y correlativa responsabilidad en el que la menor sea vacunada con el biológico autorizado y en la dosis adecuada para su edad, lo que deberá ser precedido de una explicación fehaciente y comprensible a los progenitores y a la menor, de las posibles complicaciones o efectos secundarios o adversos que de ello pudiera derivar, así como los cuidados previos y posteriores para el bienestar de la peticionaria del amparo. Debiendo en su caso, facilitar el acceso de la parte quejosa el día y el lugar que fije para el cumplimiento de esta determinación, así como que éste, deberá contar con todas las medidas sanitarias y necesarias, para prevenir el contagio del virus, también deberá contar con un especialista o médico que se encargue de la aplicación de la vacuna a la menor quejosa, y una vez aplicada la primera dosis; la segunda dosis, deberá realizarse entre las cuatro y ocho semanas siguientes. c) De no ser idóneo que la menor quejosa sea vacunada, por correr algún riesgo irreparable o mortal, deberán manifestarlo así ante el Juzgado de Distrito, acreditando su dicho con las constancias correspondientes. No obstante ello, las responsables locales han sido omisas en exhibir o comunicar la forma en la que han acatado la medida cautelar otorgada, dentro del ámbito de sus competencias. En consecuencia, se requiere a las responsables con residencia en esta entidad, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado a partir de su notificación, informen el cumplimiento de la suspensión concedida a la menor de marras, e indiquen las medidas que han tomado para tal efecto. Sustenta lo anterior la tesis I.4o.A.49 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, visible a página 2633, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN OBLIGADAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA CONCEDIDA PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER PRESTACIONAL DE UNA MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. Hechos: El recurrente, en representación de su menor hija, quien tiene discapacidad auditiva, promovió juicio de amparo indirecto contra la aplicación de la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a todos los Alumnos Residentes en el Distrito Federal, Inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal, en los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria y de la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, y solicitó la suspensión definitiva para que se incluya a aquélla en el padrón de beneficiarios de útiles y uniformes escolares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de dicha entidad federativa y se le entregue la ayuda para uniformes, becas y útiles escolares para el ciclo escolar 2019-2020. Al respecto, la Jueza del conocimiento resolvió, por un lado, negar la suspensión definitiva en los términos descritos, al considerar que ya había concluido el ciclo escolar y, por otro, concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, inicien un procedimiento para integrar a la quejosa a un programa social acorde con su situación particular; determinación contra la cual la autoridad responsable promovió recurso de revisión, al considerar la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la medida cautelar, debido a que no cuenta con las atribuciones para ello. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando están en riesgo derechos humanos de carácter prestacional, como los relativos a la educación, la salud, la alimentación o el interés superior de una menor de edad con discapacidad auditiva, las autoridades responsables están obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva en el juicio de amparo, concedida para su salvaguarda. Justificación: Lo anterior, porque al concederse la medida cautelar para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones, de manera inmediata inicien un procedimiento para integrar a la menor de edad quejosa a un programa social que corresponda a su situación particular, están claramente fijados el fin y el objeto de la tutela, por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, las autoridades deben implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que obligadamente deben satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios de rango constitucional y convencional respectivos; de ahí que las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos." En consecuencia, se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Sin perjuicio de que se actualice la responsabilidad penal que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Máxime, que es del conocimiento de esta Juzgadora Federal, como hecho notorio, que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a once años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php del Gobierno Federal; motivo por el cual, ante ese evento, las responsables sitas en esta localidad, deberán indicar la fecha y hora en que la menor quejosa será inoculada con la vacuna correspondiente a su edad, en estricto acatamiento a la medida suspensional decretada. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido vía interconexión por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 13920/2021, a través del cual le fue remitida la demanda de amparo promovida por José Manuel Noh Caamal, contra los actos que reclamó del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades, advirtiéndose que se avocó a su conocimiento; sin que haya lugar hacer pronunciamiento alguno, dado que mediante acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que obran oficios signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompañó los cuales obran agregados en autos; con los que se pronunció acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio y anexo señalados para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren vestido manifestación alguna, por lo que al haber fenecido dicho plazo este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo el veintidós de marzo del año en curso, en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Daniel Alejandro Alarcón Carvajal y Arnobis Manuel Ruiz Herrera. Asimismo, por auto de veinticinco de abril del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable de mérito, estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "(.) En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por los quejosos, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Daniel Alejandro Alarcón Carvajal y Arnobis Manuel Ruiz Herrera, respecto del acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, deje insubsistentes las resoluciones de ocho de febrero del año en curso, y sus consecuencias derivadas de ésta (.)". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte, que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria ya que remitió copia certificada del acuerdo de tres de mayo del año en curso, en la que dejó insubsistente la orden de arresto de fecha ocho de febrero del año en curso dictada en contra de los quejosos Daniel Alejandro Alarcón Carvajal y Arnobis Manuel Ruiz Herrera, así como las consecuencias derivadas de la misma, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que adjuntó a su oficio de referencia la citada responsable, remitidas a solicitud de este juzgado; las que tiene valor???????????????probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello, se restituyó a los referidos impetrantes, en el goce de sus garantías cuya infracción se concedió el amparo; en virtud de que la responsable, dejó insubsistente la orden de arresto reclamada, así como las consecuencias de la misma; de ahí que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables han cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese como corresponda y personalmente a las partes.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y tres minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 560/2022-IV, promovido por Daniel Brunet, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de las constancias en autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por los Jueces en Turno de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Ora, Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, por si y en representación de los Agentes de la Policía Ministerial Adscritos a la Fiscalía General del Estado, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes, por sí y en ausencia temporal del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Homicidio y del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Trata de Personas, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Feminicidio, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, Vicefiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente por suplencia del Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Electorales y Medio Ambiente, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en la Atención de Colaboraciones y Extravío de Documentos, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate al Secuestro, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, y Director de Investigación y Atención Temprana, todos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común, y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres (Cordemex) del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta ciudad; Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, Fiscal Investigador en Turno de la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público, y Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, con sede en Progreso, Yucatán; Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán; Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y Juez del Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ambos con sede en Tekax, Yucatán; Fiscal Investigador de la Unidad de Atención y Determinación Tizimín, Agencia Décimo Quinta del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Tizimín, Yucatán; Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación en Izamal, Yucatán; Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia Vigésimo Sexta de la Fiscalía General, con sede en Hunucmá, Yucatán; Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Ticul, Yucatán; Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y Juez del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en Valladolid, Yucatán; Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Maxcanu, Yucatán; Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésima Cuarta, con sede en Motul, Yucatán, Juez Adscrito al Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y el Fiscal en Jefe en Turno Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, ambos con sede en Umán, Yucatán, mismos que ya obran agregados en autos. Asimismo, la Secretaria hace constar que no obran los informes justificados de las autoridades responsables Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en Contra Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno del Ministerio Público del Fuero Común, ambos con sede en esta ciudad; Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, ambos con sede en Kanasín; Fiscal Investigador en Turno de la Unidad de Investigación Litigación, todos con sede en Tekax, Yucatán y Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Valladolid, Yucatán, empero, se informa que en el incidente de suspensión, ya obran los informes previos de dichas responsables. Ahora bien, la Secretaria da cuenta a la Jueza en el sentido que en autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo IV-560/2022, del índice de este órgano jurisdiccional mediante audiencia incidental de once de mayo del año en curso, se dejaron de tener como autoridades responsables a "Agente del Ministerio público del Fuero Común Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masivas de Casos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán", y "Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Imputado Desconocido de la Fiscalía General del Estado de Yucatán". Lo cual constituye un hecho notorio para esta Juzgadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Por otra parte, se hace del conocimiento de la Juez que el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado, a pesar de haber quedado debidamente notificado del acuerdo por el que se le requirió, tal como se advierte de la constancia de notificación correspondiente. Seguidamente, la Jueza, acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomado en consideración como correspondan. Atendiendo a lo manifestado por la Secretaria en la cuenta que antecede, se dejan de tener como autoridades responsables al "Agente del Ministerio público del Fuero Común Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masivas de Casos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán", y "Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Imputado Desconocido de la Fiscalía General del Estado de Yucatán"; lo anterior, dado que en el cuaderno incidental derivado del expediente en que se actúa, se dejaron de tener como responsables. Ahora bien, respecto de las autoridades omisas antes señaladas, respecto de las cuales ya obran los informes previos del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en Contra Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno del Ministerio Público del Fuero Común, ambos con sede en esta ciudad; Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, ambos con sede en Kanasín; Fiscal Investigador en Turno de la Unidad de Investigación Litigación, todos con sede en Tekax, Yucatán y Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Valladolid, Yucatán, en el incidente de suspensión, tómense en consideración como hecho notorio, a fin de resolver el presente juicio de amparo. Abierto el período de pruebas y alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran ambas etapas. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Visto, para resolver los autos del juicio de amparo 560/2022-IV, promovido por Daniel Brunet, contra los actos que reclamó del Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y, otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veintitrés de febrero el año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, Daniel Brunet, contra los actos que reclamó del Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión, detención, localización y presentación, dictadas en su contra, así como la ejecución de las mismas. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinticinco de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 61, fracción XVIII, inciso b) de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, que en su rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Así, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La orden de aprehensión, detención, localización y presentación, dictada en su contra, así como la ejecución de la misma. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Jueces en Turno de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Ora, Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación del Estado, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes , por sí y en ausencia temporal del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Homicidio y del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Trata de Personas, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Feminicidio, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, Vicefiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente por suplencia del Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Electorales y Medio Ambiente, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en la Atención de Colaboraciones y Extravío de Documentos, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate al Secuestro, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, y Director de Investigación y Atención Temprana, y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en Contra Niñas, Niños y Adolescentes, todos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno del Ministerio Público del Fuero Común, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común, y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres (Cordemex) del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, todos con sede en esta ciudad; Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, Fiscal Investigador en Turno de la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público, y Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, con sede en Progreso, Yucatán; Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, ambos con sede en Kanasín, Yucatán; Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, Juez del Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Fiscal Investigador en Turno de la Unidad de Investigación Litigación, todos con sede en Tekax, Yucatán; Fiscal Investigador de la Unidad de Atención y Determinación Tizimín, Agencia Décimo Quinta del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Tizimín, Yucatán; Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación en Izamal, Yucatán; Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia Vigésimo Sexta de la Fiscalía General, con sede en Hunucmá, Yucatán; Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Ticul, Yucatán; Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, Juez del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado y Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación, todos con sede en Valladolid, Yucatán; Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Maxcanu, Yucatán; Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésima Cuarta, con sede en Motul, Yucatán; Juez Adscrito al Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y Fiscal en Jefe en Turno Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, ambos con sede en Umán, Yucatán, al rendir sus correspondientes informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclamó. Por otra parte, el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, fue omisa en rendir su informe previo, a pesar de estar notificado de ello; no obstante lo anterior, no ha lugar a tenerlo por presuntivamente cierto el acto que se le reclama, habida cuenta que las autoridades ordenadoras, negaron los actos reclamados, de ahí que al tener la calidad de autoridad ejecutora, es obvio que no puede dar cumplimiento a una orden inexistente, motivo por el que debe negarse los actos que de esta se reclaman. Consecuentemente, al ser esto así, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Por lo expuesto y fundado, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Daniel Brunet, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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