Rogeer Guadalupe Najera Mex

Expediente 2085/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2085/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Rogeer Guadalupe Najera Mex

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y un anexo que adjuntó, consistente en diversas actuaciones del expediente número 222/2019. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la omisión de contestar los escritos presentados ante la responsable el tres de noviembre de dos mil veintiuno y veinte de mayo de dos mil veintidós, relativo al expediente número 222/2019. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima actualizada la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con el acto consistente en la la omisión de contestar el escrito presentado ante la responsable el tres de noviembre de dos mil veintiuno en el juicio laboral 222/2019, que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En efecto, como se ha dicho, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe con justificación, mismas que tienen valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el Tribunal responsable dio contestación al ocurso de la parte quejosa presentado ante ella el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 222/2019; de lo que se sigue que dicho acto deviene inexistente; motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. La razón de ello es, porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir al imperante de amparo en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que la quejosa reclamó la omisión de la responsable de contestar el ocurso de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 222/2019, en tanto que con las constancias remitidas quedó evidenciado que la omisión encuentra su justificación en el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el que el Tribunal responsable dio contestación a la al aludido ocurso de la parte quejosa. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado citado con antelación, en virtud de la demanda de amparo se presentó el treinta de agosto pasado, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle el derecho respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que se notificó a la parte demandada el laudo dictado en el juicio de origen y se dio contestación a la aclaración del aludido laudo, con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de las omisiones reclamadas. Por otra parte, respecto al restante acto reclamado consistente en la omisión de contestar el escrito presentado ante el Tribunal responsable el veinte de mayo de dos mil veintidós, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión del Tribunal responsable, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito presentado ante ella el veinte de mayo pasado, en el que la parte actora, aquí quejosa, solicitó entre otras cosas, se dicte auto de requerimiento de pago y embargo y se haga efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno y se le imponga una multa de tres mil pesos, moneda nacional, al Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, con sede en esta ciudad, se advierte que el ocho de septiembre del dos mil veintidós, la referida responsable emitió un acuerdo en el que decretó auto de requerimiento de pago y embargo a la demandada Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán, en el expediente laboral 222/2019 y en relación a que se haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, señaló al promovente que se esté a lo ordenado en auto de treinta y uno de enero pasado. Luego, si de tales constancias se advierte que la responsable resolvió respecto del acto que se duele la parte quejosa, tal como lo señaló en su apartado de acto reclamado, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto al escrito de referencia, proveído que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el once de marzo pasado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Sustenta esta decisión, por analogía, la tesis II.1º C.T. 217 K, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizare la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63 y la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, relacionada con el artículo 107 de la Ley de la Materia, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es decretar de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTIUNO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. No obsta a lo anterior que le recaiga el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán, y que no se haya ordenado su emplazamiento al presente juicio, toda vez que la determinación anterior no le depara perjuicio alguno. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsiste-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio 151.710.1571.2022, de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, signado por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan estos autos, se advierte que por escrito recibido el veintidós de agosto de esta anualidad, glosado en auto de veintitrés siguiente, Manuel Chico Comas, en representación de su hijo menor de edad J.M.C.P., informó que el aludido menor quejoso, ya fue inoculado con las dos dosis de la vacuna contra covid-19. Por lo anterior, no resulta necesario esperar el cumplimiento de las restantes autoridades responsables, ni dar vista a la parte quejosa como lo establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que como se advierte en el párrafo que antecede, el promovente informó que el menor de edad J.M.C.P., ha sido inoculado con la vacuna autorizada y ya cuenta con el esquema completo de vacunación. En virtud de lo anterior, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al menor de edad de iniciales J.M.C.P. Asimismo, por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós causó ejecutoria la citada resolución, y las autoridades estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "El Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su ámbito de facultades, gestione a la mayor brevedad y utilizando el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano adquiera la formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja). Por su parte, la Secretaría de Servicios y/o Servicios de Salud del Estado de Yucatán, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 Operativo Correcaminos deberán, previo dictamen médico de resultar viable y mediante consentimiento por escrito de los padres de la niña quejosa, aplicar el esquema completo de vacunación apropiado para la edad de la menor quejosa, conforme los estándares internacionales reconocidos, conforme se expuso en esta sentencia. Lo anterior, dado que el criterio de interpretación que se basa en el principio del interés superior del menor, implica que toda decisión que pueda afectar a las personas menores de edad, sea tomada de manera informada, descartando en la medida de lo posible o evitando en mayor grado un perjuicio en su persona, en su bienes y demás derechos, de manera que tomando en cuenta que si las personas menores de edad son aptas para recibir la vacuna, su aplicación puede producirles notorios beneficios, como evitar que la enfermedad COVID-19 les produzcan lesiones de consideración, siempre y cuando se determine clínica y medicamente que son aptos para recibir el biológico respectivo. Así pues, la decisión de aplicar o no la vacuna a los quejosos, no debe tomarse con base en especulaciones, sino con datos científicos derivados de la opinión de los expertos que en su caso se determine." Así, de las constancias que obran en este sumario y de las propias manifestaciones vertidas por la parte quejosa se desprende que el menor de edad quejoso ya fue inoculado con la vacuna Pfizer- BioNTech COVID-19, con las dos dosis, y cuenta con el esquema completo de vacunación; de ahí que en el caso, deba considerarse que las responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; en virtud de que, del escrito señalado en líneas precedentes, se advierte que el menor quejoso ya fue inoculado la vacuna Pfizer- BioNTech, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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