Rogelio Carrillo Sánchez
Expediente 204/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/07/2019
Partes del expediente
- Rogelio Carrillo Sánchez
- Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Baja California
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, y se ordenó el archivo de aquél expediente; en consecuencia al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, y toda vez que en auto de quince de abril de dos mil diecinueve se concedió la suspensión provisional, y por resolución de veinticinco de abril de dos mil diecinueve por una parte se declaró sin materia y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada; por tanto, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible"; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado.
- Principal
Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días hábiles para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro de este asunto, que sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "DESTRUIBLE" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. Ahora bien, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama la omisión de determinación de crédito fiscal relativa al número de cuenta 004389313; sin embargo, el quince de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada remitiendo copia certificada de la determinación de crédito fiscal de quince de marzo de dos mil diecinueve, relativa al número de cuenta 00438913. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, en relación con el diverso 111 de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, a fin de que, de estimarlo conveniente, se encuentre en posibilidad de ampliar su demanda de amparo por lo que hace a la determinación del crédito fiscal de quince de marzo de dos mil diecinueve, relativa al número de cuenta 00438913, del índice de la autoridad responsable, a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página: 334, materia administrativa, con número de registro 174107, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla.". De igual manera resulta ilustrativa la tesis VI.1o.A.59 K (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro I, octubre de 2011, tomo 3, página 1605, materia común, con número de registro 160959, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OTORGAR DICHO DERECHO PROCESAL, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO ADVIERTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITIÓ RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, AUN CUANDO ÉSTA SEA POSTERIOR A LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO QUE NO HA CAUSADO ESTADO. Cuando se promueva un juicio de garantías por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable emita una respuesta a la petición del quejoso con posterioridad al dictado de la sentencia emitida por el Juez de Distrito y antes de que cause estado la misma, dicha respuesta constituye una actuación que a fin de lograr la debida integración de la litis constitucional y partiendo de que el fallo no ha quedado firme, debe hacerse del conocimiento del quejoso a fin de que pueda imponerse de su contenido y, de ser conforme a sus intereses esté en aptitud de ampliar la demanda de amparo en su contra. Por lo que el Tribunal Colegiado, al conocer del recurso de revisión y por encontrarse dotado de plenitud de jurisdicción para conocer del asunto, debe revocar la resolución recurrida y ordenar al Juez de Distrito que deje insubsistente la audiencia constitucional y reponga el procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicado por analogía, en cuanto se estima que subsiste el mismo objetivo teleológico, ante un beneficio jurídico-práctico para el quejoso y en aras de una impartición de justicia completa en términos del artículo 17 constitucional, pues si bien el motivo legal para proceder a la reposición del procedimiento no deriva de la actuación procesal del Juez de Distrito, ya que el mismo se origina después de haberse agotado su facultad jurisdiccional ante el dictado de la sentencia definitiva, la actuación de la autoridad responsable trasciende en última instancia al derecho fundamental de justicia completa consagrado en el artículo 17 constitucional, por lo que dicha actuación debe notificarse personalmente al quejoso a fin de que pueda imponerse de su contenido y, de ser conforme a sus intereses, de ampliar la demanda de amparo en su contra dentro del término de quince días en el propio juicio de amparo de origen, mas no obligarlo a la promoción de un nuevo juicio de garantías en contra del propio acto, ya que al tratarse dicha respuesta y su notificación de actos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de los principios de concentración y economía procesal consagrados en dicho derecho fundamental.".
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL ONCE DE JUNIO ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL QUE DICE: "..Ensenada, Baja California, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama la omisión de determinación de crédito fiscal relativa al número de cuenta 004389313; sin embargo, el quince de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada remitiendo copia certificada de la determinación de crédito fiscal de quince de marzo de dos mil diecinueve, relativa al número de cuenta 00438913. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, en relación con el diverso 111 de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, a fin de que, de estimarlo conveniente, se encuentre en posibilidad de ampliar su demanda de amparo por lo que hace a la determinación del crédito fiscal de quince de marzo de dos mil diecinueve, relativa al número de cuenta 00438913, del índice de la autoridad responsable, a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página: 334, materia administrativa, con número de registro 174107, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla.". De igual manera resulta ilustrativa la tesis VI.1o.A.59 K (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro I, octubre de 2011, tomo 3, página 1605, materia común, con número de registro 160959, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OTORGAR DICHO DERECHO PROCESAL, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO ADVIERTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITIÓ RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, AUN CUANDO ÉSTA SEA POSTERIOR A LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO QUE NO HA CAUSADO ESTADO. Cuando se promueva un juicio de garantías por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable emita una respuesta a la petición del quejoso con posterioridad al dictado de la sentencia emitida por el Juez de Distrito y antes de que cause estado la misma, dicha respuesta constituye una actuación que a fin de lograr la debida integración de la litis constitucional y partiendo de que el fallo no ha quedado firme, debe hacerse del conocimiento del quejoso a fin de que pueda imponerse de su contenido y, de ser conforme a sus intereses esté en aptitud de ampliar la demanda de amparo en su contra. Por lo que el Tribunal Colegiado, al conocer del recurso de revisión y por encontrarse dotado de plenitud de jurisdicción para conocer del asunto, debe revocar la resolución recurrida y ordenar al Juez de Distrito que deje insubsistente la audiencia constitucional y reponga el procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicado por analogía, en cuanto se estima que subsiste el mismo objetivo teleológico, ante un beneficio jurídico-práctico para el quejoso y en aras de una impartición de justicia completa en términos del artículo 17 constitucional, pues si bien el motivo legal para proceder a la reposición del procedimiento no deriva de la actuación procesal del Juez de Distrito, ya que el mismo se origina después de haberse agotado su facultad jurisdiccional ante el dictado de la sentencia definitiva, la actuación de la autoridad responsable trasciende en última instancia al derecho fundamental de justicia completa consagrado en el artículo 17 constitucional, por lo que dicha actuación debe notificarse personalmente al quejoso a fin de que pueda imponerse de su contenido y, de ser conforme a sus intereses, de ampliar la demanda de amparo en su contra dentro del término de quince días en el propio juicio de amparo de origen, mas no obligarlo a la promoción de un nuevo juicio de garantías en contra del propio acto, ya que al tratarse dicha respuesta y su notificación de actos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de los principios de concentración y economía procesal consagrados en dicho derecho fundamental.".
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